La Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad a Granados para evitar su fuga o que «compre voluntades»

En un auto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal confirma la decisión del juez instructor, Eloy Velasco, de denegar su salida de prisión provisional, donde permanece desde que fue detenido el 30 de octubre de 2014 , al entender que existe riesgo de que destruya pruebas, influya en testigos o se fugue gracias al «patrimonio oculto» que sospecha que posee.

En el escrito, la sala recuerda que contra Granados hay «graves indicios» de que cometió delitos de integración en organización criminal, fiscales, blanqueo, falsificación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación por su papel en la trama de corrupción Púnica , que conllevan penas muy elevadas.

Estos «serios indicios» de criminalidad apuntan a que Granados, dicen los jueces, «durante muchos años se ha valido de los diversos cargos públicos que ha ostentado en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid para crear una cadena deleznable de favores y conductas impropias de un buen gestor público».

Todo ello a favor de una trama «presuntamente dedicada a mover voluntades con fines de obtención de cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada y en la espuria calificación de terrenos». El dinero que obtenía la red Púnica, agrega la sección, se trasladaba luego a paraísos fiscales, lo que perjudicaba al erario público y fomentaba «detestables actitudes corruptas en el ámbito empresarial público y privado».

Esta actividad ilegal generó a Granados «cuantiosos beneficios», gran parte de los cuales el juez tiene localizados, pero aún se está buscando la parte restante, por lo que «no es descartable que posea un patrimonio oculto , tanto en nuestro país como fuera de él», dice la sala. De ponerle en libertad, Granados podría usar ese dinero para fugarse, máximo si se tiene en cuenta que «se ha acreditado su capacidad para mover o comprar voluntades».

Otra de las razones por las que niega su libertad (ya en diciembre de 2014 la sala confirmó su prisión) es la posible destrucción o alteración de pruebas que podría hacer Granados. Esto es porque, según la investigación, el exconsejero ya indujo a destruir documentación. De hecho, su exsocio confeso, David Marjaliza, relató al juez que le ordenó destruir información después de enterarse por un guardia civil de que se le estaba investigando.

También podría, afirma la sala, comprar voluntades de imputados o testigos y obtener «bajo precio o recompensa declaraciones que en otro caso serían desfavorables para sus intereses».

Finalmente, argumenta que, de dejarle libre, Granados podría «seguir dedicándose a actividades que bordean la legalidad» y todos esos riesgos no se reducen mediante la imposición de medidas cautelares, sino únicamente con su permanencia en prisión preventiva.

En el auto del juez Velasco en el que ya rechazó su petición, el magistrado destacaba otro aspecto de las actividades de Granados, en el sentido de que, a su juicio, hay «potentes indicios y datos objetivos» de que recaudaba dinero «para posible financiación del Partido Popular».