El juez ve «potentes indicios» de que Granados recibió dinero para financiar al PP de forma irregular

Según documentos incluídos en el sumario de la trama, Granados reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez de 1,4 millones de euros.

Los apuntes indican, en concreto, cuatro pagos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid , yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir con una regularidad casi mensual. Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas «JLM».

Parte del dinero fue repartida posteriormente por Granados, que, según sospecha la Guardia Civil la derivó al exgerente regional del partido en Madrid, identificado en el cuaderno como «BG». Las anotaciones fueron incautadas por la UCO al presunto cabecilla de la «Operación Púnica» y dieron pie a la apertura de una pieza de la causa destinada a esclarecer una presunta financiación irregular del partido.

Velasco rechaza los argumentos de Granados para reclamar su puesta en libertad y le recuerda la «sensibilidad de la investigación» que se desarrolla y «los graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba que siguen existiendo».

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 rechaza las alegaciones de la defensa de Granados que alegó que todos los delitos que se le imputan tuvieron lugar aprovechando su posición como funcionario público «y parece poco probable que vuelva a ocupar un puesto» de ese tipo.

De conformidad con lo manifestado por la Fiscalía, el magistrado considera que la investigación «está patentizando la realización de gran número de hechos delictivos con una significativa participación» de Granados.

«Ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras, servicios, etc, a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones», agrega.

Explica también que la investigación apunta al «uso indiscriminado» de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia «en un primer momento» le permitió controlar la venta de suelo público de la región.

En «posteriores maniobras defraudatorias» —entre ellas la firma de varios convenios— Granados consiguió asegurarse presidir las mesas de contratación que proponían la adjudicación de los contratos financiados con Fondos Prisma, «gestionándose a cargo de dichos fondos durante los años 2006 a 2011 más de mil millones de euros».