Argentina pide datos a España para investigar a la cúpula de Batasuna y ETA por lesa humanidad

El juez Rodolfo Canicoba ha abierto la puerta a investigar 379 crímenes cometidos por ETA bajo el principio de lesa humanidad, tras la admisión a trámite de una querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (Dyj) para que el país andino investigara, bajo el principio de la justicia universal, los asesinatos de los concejales del Partido Popular en Rentería José Luis Caso y Manuel Zamarreño el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente.

En el exhorto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado argentino explica que la investigación «tiene por objeto la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de hechos que tuvieron por víctimas a 379 españoles , quienes han sufrido asesinatos y masacres de lesa humanidad, siendo que 377 habrían quedado impunes».

Por ello, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 de Buenos Aires pregunta a España si ha desarrollado investigaciones sobre estos casos y, si es así, pide que le remita copia de las actuaciones para determinar si «existe identidad con los hechos» denunciados en su juzgado . En el caso de que no se hubieran instruido, el magistrado quiere saber «cuál ha sido la razón por la que no se han realizado y remita, si los hubiere, copia de los pronunciamientos judiciales u otros actos administrativos que dieran cuenta de la decisión de no investigar».

Canicoba requiere además que se consulte al Gobierno español para averiguar si «se ha implementado una política de persecución criminal de los delitos cometidos por integrantes de la organización ETA y, en su caso, si esa política contempla un criterio de oportunidad a los fines de disponer la acción penal correspondiente».

En este sentido, cuestiona si el Estado ha impulsado investigaciones de carácter «no penal» a fin de esclarecer los casos y proporcionar el derecho a la verdad que asiste a las víctimas y al conjunto de la sociedad española.

En tal caso, reclama también la copia de todo lo actuado, mientras que pregunta si España ha «implementado una política de reparación a las víctimas de los delitos perpetrados por ETA, en particular a las identificadas por la querella».

El juez, que invoca el tratado de extradición y asistencia judicial suscrito entre ambos países , explica que el procedimiento hace referencia al delito contemplado en el artículo 79 del Código Penal argentino, que prevé penas de ocho a 25 años de prisión, «siempre que en este código no se estableciere otra pena».

El abogado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, argumentó que la Audiencia Nacional admitió investigar por lesa humanidad solamente los crímenes cometidos por ETA a partir del 1 de octubre de 2004 , cuando este delito fue incorporado al Código Penal. El letrado ha apuntado que existen 377 víctimas con anterioridad a esas fechas cuyos crímenes siguen sin esclarecerse, además del asesinato de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en julio de 2009 en el cuartel de Palmanova.

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