El modelo laboral de los «riders», ante su Tourmalet legal

De este colectivo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , ha puesto el foco en los repartidores de plataformas como Deliveroo, Glovo y Uber Eats, más conocidos como «riders». El presidente, de hecho, anunció que lucharía contra «la explotación laboral» , citando a Deliveroo en concreto. Es el modelo de presuntos falsos autónomos de la economía digital el que centra sus esfuerzos, tan en boga hoy por el auge de las aplicaciones móviles. A golpe de click el consumidor accede a tener cualquier producto en casa en cuestión de minutos gracias al «rider» , aunque el sistema de estas compañías se enfrenta a dos grandes retos que cuestionan su viabilidad: el cerco de Gobierno, Justicia e Inspección de Trabajo sobre sus presuntos falsos autónomos y las dificultades para rentabilizar el negocio.

El 1 de junio el Juzgado de lo Social nº6 de Valencia dictaminó por primera vez que Deliveroo debía readmitir o indemnizar a un «rider» al que había despedido . La razón: que el repartidor era un falso autónomo. «Se dan en el supuesto de hecho las notas características de la relación laboral de ajenidad y dependencia, ya que la prestación de servicios del demandante a favor de la demandada presenta rasgos que solo son concebibles en el trabajo dependiente y por cuenta ajena», argumenta el fallo. Dos conceptos -ajenidad y dependencia- nucleares para decretar que el «rider» era un trabajador por cuenta ajena. Un varapalo judicial a un modelo en el que lo único que va sobre ruedas son los repartidores.

«La plataforma ejerce las facultades de organización, dirección y control. Su figura encaja perfectamente dentro del concepto de trabajador. Es indiscutible. Tienen que adaptarse a la normativa laboral», destaca Anna Ginès , profesora de Derecho de Esade. Una tesis también mantenida por la profesora de Derecho Laboral del IE Law School María Eugenia de la Cera : «Están insertos en la organización y son una parte esencial».

Igual diagnóstico aporta una segunda sentencia sobre un modelo muy similar de repartos de la plataforma Take Eat Easy que se dictó a finales del mes de mayo. Entonces, el Juzgado de lo Social nº11 de Barcelona decretó que los «riders» eran falsos autónomos. Otro ejemplo de cómo la Justicia acorrala no solo a las empresas en boga hoy día sino que atenaza todo un modelo de presuntos falsos autónomos.

La Inspección de Trabajo también ha puesto el foco en Deliveroo, Glovo y Uber Eats . En los próximos meses, además, el Gobierno dará formación especializada a inspectores y subinspectores dentro del plan de lucha contra la explotación laboral ideado por el Ejecutivo de Sánchez. «Defendemos que se haga una campaña nacional en las ciudades donde estén estas empresas», explica Fermín Yebenes , presidente del sindicato Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT).

De hecho, el cerco a estas plataformas ya se ha traducido en varias inspecciones sobre las tres compañías en varias ciudades. Las de Madrid, Valencia y Barcelona a Deliveroo y la de Zaragoza a Glovo concluyen que los «riders» estaban empleados como falsos autónomos y, por ello, les reclaman las cuotas a la Seguridad Social no abonadas, y los recargos: en Valencia la cuantía asciende a 160.814,9 euros y en Barcelona a 1.317.675,71 euros.

«La relación civil que pretende crear [Deliveroo] esconde, en realidad, una verdadera relación laboral», dice el acta de la Inspección de Valencia, que continúa: «La naturaleza de los contratos no se determina por la denominación que le otorgan las partes sino por las funciones que tengan lugar en su virtud», es decir, que la condición de trabajador no se desprende de que ambos interesados firmen un contrato como falso autónomo. En el caso de Madrid, la conclusión de los inspectores fue idéntica: «Se deduce la existencia de relación laboral entre la empresa y los mencionados repartidores» . Y prosigue: «El repartidor carece de organización o estructura empresarial propia, no siendo profesionales del servicio de reparto, aun a pesar de que estén dados de alta en el RETA».

Deliveroo, en plena inspección en Madrid, cambió el contrato que les vinculaba a los repartidores pero, aun así, ésta dictaminó que el nuevo acuerdo «no dejan de ser circunstancias impuestas por la empresa, que es quien tiene el poder de determinación de las condiciones. Se observa la progresiva desaparición de elementos de laboralidad, con la única finalidad de desvirtuar, en apariencia, la realidad del vínculo entre las partes». Y el último revés llegó esta semana de la Inspección de Barcelona , también a Deliveroo, que tumbaba otro cambio en las condiciones contractuales que impuso la compañía. Ese documento echa por tierra la consideración de los «riders» como Trade , es decir, autónomos económicamente dependientes que perciben un 75% de sus ingresos de un mismo pagador. Una figura a la que se aferraban estas compañías pese a que es un caso ya resuelto incluso antes de que éstas existieran.

«En 1986 el Tribunal Supremo ya dijo que los repartidores eran laborales. Ahora reparten con una aplicación y eso a efectos legales no es relevante. Hay sentencias anteriores que van en esta línea con otras empresas», señala Adrián Todolí , profesor e investigador de Derecho del Trabajo en la Universitat de València, quien apunta también a la posibilidad de que estas compañías, utilizando falsos autónomos, incurran en competencia desleal con otras que sí cumplan la normativa laboral.

Entre las diversas soluciones, los expertos apuntan únicamente a dos. Una, que cumplan con la legislación laboral y den de alta como empleados a sus repartidores; y dos, la creación de una nueva figura jurídica. «Crear otra figura implica una precarización del mercado», destaca la profesora Ginès. Desde ATA, su vicepresidenta, Celia Ferrero , mantiene que «tenemos que avanzar en delimitar bien esas figuras y flexibilizarlas. No podemos ni arriesgar la actividad económica ni la protección social de los trabajadores».

El auge de Deliveroo, Glovo y Uber Eats contrasta con su presente económico. De momento, las pérdidas son la tónica general en estas compañías. Las propias plataformas se escudan en que ahora están en una fase de inversión. Una situación que ha de unirse a la de la Inspección de Trabajo. «Al recalificarse la relación laboral, las compañías van a tener que abonar las cotizaciones devengadas en los cuatro años previos o cuando se inició la relación laboral. Y tendrían que pagar un recargo del 20%, los intereses de demora y una sanción del 150% de la cuantía dejada de abonar», puntualiza la profesora De la Cera. Esto pone en peligro la viabilidad de unos negocios con el cartel de innovadores pero también de precarios por el uso de los presuntos falsos autónomos.