Sacha Michaud (Glovo): «Nos preocupa la desconfianza que la Inspección de Trabajo puede generar»

No, todo lo contrario. Glovo es una plataforma tecnológica que intermedia entre comercios que buscan vender sus productos, consumidores que quieren comprarlos y recibirlos en casa y repartidores que ofrecen sus servicios para recoger y entregar el producto.

La función de Glovo es intermediar y facilitar esa relación entre las tres partes.  En este sentido, Glovo ofrece una oportunidad a todo aquel que quiera ser prestador de servicios de reparto con total autonomía e independencia. Lo que permite combinar el trabajo de «glover» con otras actividades.

La Justicia ha concluido de momento que plataformas de esta índole emplean a falsos autónomos. ¿Se puede extender a Glovo esa condición basándose en la sentencia y las inspecciones sobre Deliveroo?

Recientemente un juzgado en Valencia se ha pronunciado en un caso en el que la sentencia se dictó sobre un modelo distinto al nuestro. Buena prueba de ello es el hecho de que Glovo superó una inspección de Trabajo que se inició en diciembre 2015 y finalizó en 2016, validando nuestro modelo de negocio.

En dicha inspección se aportaron y revisaron contratos no sólo de Barcelona, sino de Valencia y Madrid. Se analizó en detalle cómo operamos y, tras un análisis minucioso, se validó nuestra forma de operar y colaborar con los «glovers». La evolución de nuestra plataforma tecnológica apuesta claramente por la autoorganización del «glover» con el claro objetivo de tener cada vez más satisfechos a uno de nuestros tres ejes principales.

¿Temen que ahora sea Glovo la que pueda recibir un golpe de la Justicia?

Si bien se está cuestionando la naturaleza del vínculo con los «glovers», estamos claramente convencidos de la legalidad de nuestro modelo; ya no sólo por la confianza legítima que supone haber validado el modelo desde la autoridad laboral sino porque la realidad de la prestación es ajena al orden social.

Y, para ello, bastan dos ejemplos: a diferencia de un contrato laboral, los repartidores aportan los medios soportando los gastos derivados de la actividad, tanto de la adquisición del medio de transporte, móvil, etc., como de los gastos de mantenimiento, reparaciones y, en su caso, combustible. En segundo lugar, a diferencia de un contrato laboral, gozan de plena libertad para aceptar o rechazar un pedido (incluso una vez aceptado un encargo pueden no atenderlo). Se trata de una colaboración en la que entra voluntariamente el repartidor y que le permite, en ocasiones, entrar en el mundo laboral.

Ustedes siempre ponen en valor las bondades de su modelo de negocio, la flexibilidad y facilidades que dan a sus riders... y, en cambio, la sentencia de Deliveroo y las inspecciones rebaten todos esos argumentos ¿Cómo encaja su discurso con lo esto?

Las notas que concurren en la relación con el «rider» y Glovo son ajenas al orden social. La relación del «rider» no es la del ordenamiento laboral en la que una persona presta sus servicios en el ámbito de organización y dirección de otra. Todo lo contrario. Al igual que Glovo pone en contacto consumidores con establecimientos, pone también en contacto a repartidores con establecimientos y los propios usuarios. Glovo no es una empresa propiamente de reparto. Es una plataforma tecnológica de intermediación.

¿En qué punto se encuentran las Inspecciones de Trabajo que tiene abiertas Glovo en muchas ciudades de España?

Parece que ahora se está revisando de nuevo el modelo. Pero, casi seguro, la propia Inspección se dirigirá a los tribunales para que sean estos los que interpreten los contratos.

Glovo ya tiene cerrada una primera inspección con acta de liquidación en Zaragoza. ¿Cómo valoran esto? ¿Qué opinión tienen de ello?

En efecto hay una primera propuesta en fase de alegaciones. Lo más probable es que se paralice la inspección antes de dictarse resolución para que sean los tribunales los que interpreten la relación entre Glovo y el «rider».

¿Van a recurrir el acta?

Como le decía no hay un acta propiamente. Tenemos una propuesta. El procedimiento es el siguiente: la Inspección revisa las prácticas de la empresa y la documentación aportada por ésta, los propios «riders» e incluso nuestros partners y después concluye. A partir de sus conclusiones emite una propuesta de acta.

Las inspecciones de otras ciudades van en el mismo sentido. ¿Puede esto poner en riesgo el futuro económico de la empresa?

Más allá de las consecuencias económicas que esto pueda tener, nos preocupa la desconfianza que se pueda generar en estos proyectos, con modelos ya validados anteriormente.

¿Se sienten acosados por la Inspección de Trabajo?

No nos sentimos acosados. Somos conscientes de que las inspecciones de Trabajo son una práctica habitual en el sector. Por nuestra parte tratamos de poner todas las facilidades posibles para que se lleven a cabo las rutinas necesarias.

En unas jornadas hace unas semanas, usted se mostró favorable a colaborar con el legislador para cambiar el sistema. ¿Qué le piden al Gobierno?

Sin duda estamos a disposición tanto del legislador como de los propios interlocutores sociales para analizar otras alternativas que hagan viable nuestra actividad y mejoren, si cabe, las condiciones de nuestros colaboradores.

En este punto, las plataformas digitales facilitan oportunidades a aquellos que han quedado excluidos del mercado de trabajo o a los que buscan ingresos a través de una alternativa flexible que encaje con sus obligaciones personales o su estilo de vida.

Ahora bien, este contexto no es nuevo. Hemos de relacionar al «rider» con la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que incluye en su ámbito de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal y directamente, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo. Y esta es la solución a la que se acogen voluntariamente los repartidores y que fue la respuesta del legislador desde el año 2007 al creciente empleo que si bien es autónomo, depende en buena medida del empleador.

¿Abogan por crear una nueva figura jurídica para los riders?

Cualquier propuesta que nos dé seguridad jurídica será bien recibida.

Esta situación de continuas inspecciones, casos en los tribunales, críticas de ciertos sectores de la sociedad y los partidos políticos entra en relación con los resultados económicos de Glovo. Según sus cuentas en el Registro Mercantil, todo han sido pérdidas desde la fundación. ¿Cómo se sostiene un modelo cercado por la Justicia que no ha dado dinero en años?

En estos momentos, estamos centrados en un proceso continuo de expansión tanto nacional como internacional porque nuestro objetivo es crecer, y para ello, hay que invertir. Por lo tanto, lo que ganamos lo re-invertimos. A finales del año pasado cerramos una ronda de financiación de casi 30 millones de euros que nos ha permitido poder invertir en talento humano y mejoras tecnológicas y poner foco en esta fase de crecimiento, realizando nuevas aperturas en diferentes ciudades.

¿Qué futuro creen que le espera a Glovo?

Confiamos en nuestro modelo de negocio y en nuestra capacidad de adaptación para avanzar en consonancia con los cambios que se nos presenten. Nos planteamos seguir creciendo en el futuro, continuando con la expansión que comenzamos hace un año y también incidiendo en otros sectores, especialmente relacionados con los servicios,  como con la categoría B2B, especializada en logística y entregas para empresas, que lleva activa un par de meses.