El hachazo fiscal del Gobierno: alza de ocho impuestos y castigo a planes de pensiones

Las rentas del trabajo a partir de los 300.000 euros pagarán dos puntos porcentuales más en 2021 (47%). Mientras que las rentas del capital a partir de los 200.000 euros tendrán un encarecimiento en su factura fiscal de tres puntos, para pasar del 23% al 26%. Estas medidas son más ideológicas que efectivas, ya que afectarán a 36.194 contribuyentes, el 0,17% del total, según datos de Hacienda. Pagarán 144 millones más en 2021 y 346 millones adicionales en 2022.

En los planes de pensiones de empleo, el límite de aportación se eleva de 8.000 a 10.000 euros , pero los trabajadores podrán aportar como máximo 2.000 euros. Esto va a provocar problemas en algunas empresas que tienen pactadas con sus trabajadores aportaciones de éstos superiores a esos 2.000 euros. El Gobierno barajó a lo largo de la tramitación parlamentaria incluir enmiendas a los Presupuestos para que el límite de 10.000 euros, en el caso de planes de empresa, fuera conjunto para las aportaciones de empleados y empresa, como pedían Inverco y Unespa, pero finalmente no se aceptaron las enmiendas que varios grupos de la oposición presentaron en este sentido. Asimismo, en los planes individuales la aportación deducible en el IRPF se reduce de 8.000 a 2.000 euros.

El IVA sube para las bebidas edulcoradas y azucaradas –a excepción de los lácteos–, que pasarán de pagar un 10% por este impuesto a tributar al tipo máximo, el 21%. Los ingresos adicionales estimados son de 400 millones con esta medida, 340 de ellos en 2021, según el Gobierno, que justifica la medida en que favorecerá hábitos más saludables.

El Gobierno prometió que las subidas de impuestos no las iban a pagar las «clases medias y trabajadoras», pero una de las alzas fiscales que menos incertidumbres tiene del lado de la recaudación será soportada, en su inmensa mayoría, por los hogares de ingresos medios y bajos. Se trata del incremento del Impuesto sobre Primas de Seguros , que aumentará su tipo del 6% al 8% en 2021 con el objetivo de recaudar 507 millones: 455 millones más el primer año y 52 el segundo, debido a que será entonces cuando entre en las arcas de Hacienda la liquidación de diciembre. El efecto será que, de media, entre los 17,7 millones de hogares que cuentan con algún tipo de póliza -un 95% de los hogares españoles, según el sector- el aumento de la cuota media de la prima será de unos 28 euros en 2021 frente a 2020.

El Gobierno mantiene el Impuesto sobre el Patrimonio y, además, se eleva el tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros desde el 2,5% hasta el 3,5%. Este es un tributo cedido a las comunidades autónomas, que se encargan no sólo de su gestión sino también de su recaudación. Asimismo, pueden regular su mínimo exento, sus tarifas y deducciones. Por ejemplo, algunas autonomías como la madrileña bonifican al 100% este impuesto , por lo que esta medida perjudica especialmente a los contribuyentes madrileños.

Los planes del Gobierno vienen impuestos por ERC, que ha exigido a cambio de su apoyo a los Presupuestos una reforma del modelo de financiación autonómica que implique la armonización de los tributos cedidos -además de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones -, estableciendo, por ejemplo, un mínimo, lo que puede conllevar otra subida fiscal en algunas autonomías, como Madrid, que cuenta con los impuestos más bajos de España en comparación al resto de comunidades autónomas.

Las empresas también verán elevada su factura fiscal. El Ejecutivo limitará al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías de filiales desde el 100% actual. Las pequeñas y las medianas empresas podrán seguir aplicando la exención al 100% durante un periodo de tres años, con objeto de no penalizar su expansión y su internacionalización. Esta medida sí tiene peso recaudatorio; la Airef lo cifró en 1.528 millones en 2019 , y puede suponer un golpe a los balances de las grandes empresas internacionalizadas.

Asimismo, en cuanto a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (socimi) se establece un gravamen del 15% para los beneficios no distribuidos.

Está previsto que ambas tasas entren en vigor a lo largo de este año. La «Tasa Tobin» gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones y aportará unos ingresos de casi 830 millones el próximo año. La tasa «Google» se aplicará sobre ciertas operaciones de la economía digital que hasta ahora no han tributado: se establecerá un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación telemática y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por los usuarios, pero sólo afectará a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones e ingresos en España superiores a los tres millones.

Está previsto que este año se realice una actualización de los valores catastrales de hasta un millón de viviendas, lo que prepararía el terreno para un incremento de la factura del IBI, aunque éste sería de aplicación ya para el ejercicio siguiente. Y, a la vista del proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal , será el valor catastral el que se aplicará como base imponible para el pago de todos los tributos.

Una de las novedades de este año también llegará en el impuesto de matriculación. Este se incrementará al finalizar la moratoria de 2018 del WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para el Ensayo de Vehículos Ligeros), por el cambio en el sistema de medición de emisiones que determina este tributo. De media, los modelos más vendidos verán incrementado su precio final en 755 euros. Así, en torno a un 51% del total de los coches subirán de precio al ser adquiridos. Por ejemplo, un vehículo de 20.000 euros será unos 1.000 euros más caro este año que el anterior, y uno de 40.000 euros rondará un alza casi rozando los 2.000 euros.

Sin embargo, en el sector del automóvil se ha logrado la «victoria» temporal de evitar que se armonicen los impuestos a la gasolina y al diésel, al quedar fuera de los Presupuestos para 2021. Temporal, como se dice, ya que solo se ha pospuesto.

En 2021 el Gobierno también quiere reforzar la lucha contra el fraude. En este ejercicio entran en vigor varias medidas que, en teoría, aportarán más de 800 millones a las arcas públicas. Todo para intentar recaudar el máximo posible para financiar el ingente gasto social. Las novedades incluyen la prohibición de las aministías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas o la rebaja a 600.000 euros del umbral mínimo para entrar en la famosa lista de morosos de Hacienda , Además, la nueva normativa establece un control extra sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.

Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) llevan años perdiendo atractivo ante la amenaza del Gobierno de Sánchez de estrechar el cerco sobre ellas. Unos vehículos de inversión atractivos por su tributación a los que el Ejecutivo ha empezado ya a establecer ciertas condiciones para poder ejercer sobre ellos mayor control. Así las cosas, se establecen requisitos adicionales como exigir a los accionistas integrantes de la sicav una participación mínima de 2.500 euros. Esto va en la línea de tratar de poner fin a los llamados «mariachis», es decir, accionistas de paja que se incluyen en este tipo de vehículos para poder alcanzar el mínimo de 100 participantes. En línea con todo ello, la Agencia Tributaria también tendrá competencias para comprobar que ese nuevo requisito de capital se cumple. Lo cierto es que los últimos años se han ido reduciendo en número: bien por su cierre definitivo o por fusiones entre vehículos.