Limitar más las aportaciones a planes de pensiones castiga a 7 millones de empleados

Las cuentas ahora están atravesando sus últimos pasos de tramitación en el Congreso de los Diputados, por lo que solo una enmienda en el Senado puede evitar que esta medida se plasme el próximo año. El Ejecutivo quiere potenciar los planes de empleo de empresa, para lo que elevará a 10.000 euros la aportación máxima empresarial -de momento se excluye en el texto las aportaciones individuales de empleados a su propio plan-. «La propuesta del Gobierno de impulsar los sistemas de pensiones en el ámbito empresarial en España no debe realizarse reduciendo drásticamente la capacidad de los particulares de destinar su ahorro de forma voluntaria a reforzar su futura pensión», rechaza el manifiesto.

El Ministerio de Seguridad Social también planea crear un macrofondo público de pensiones para autónomos y pymes, si bien la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, calificó su diseño de «mejorable».

Entre las razones que alegan los académicos para alertar de los efectos de limitar el ahorro individual figura la estructura del mercado laboral español ya que al topar aún más las aportaciones a determinados planes de pensiones se está «relegando a los individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española». En concreto, afectaría especialmente a los más de 3,2 millones de empleados adheridos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), así como a los empleados por cuenta ajena, especialmente de pymes, en las que apenas hay ahorro colectivo (unos 4,3 millones de trabajadores). Si se descuentan los autónomos en pluriactividad (unos 123.000) , la medida castiga a más de 7 millones de asalariados y trabajadores por cuenta propia.

Asimismo, el grupo de académicos cree que el tope máximo es «insuficiente». «A razón de 2.000 euros por año, un trabajador o autónomo podría acumular 80.000 euros si ahorra durante 35 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Teniendo en cuenta este importe durante los 20 años de esperanza de vida una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado sería claramente insuficiente para complementar la pensión pública y garantizarle unos ingresos totales adecuados», creen los sabios.

A ello se le suma que España es uno de los países con menos incentivos al ahorro y esta restricción acota la capacidad de ahorro en fases de recuperación. Del lado de la tributación, al igual que hizo la Airef, los expertos señalan que la reducción fiscal de las aportaciones no es más que un «mero diferimiento de la tributación», ya que al rescatarse estas cantidades, se tributan por ellas. La Airef calculaba que el impacto recaudatorio de eliminar la bonificación, de 1.643 millones de euros, se reducía a 450 si se incluía lo después tributado . El Ejecutivo planea ingresar 580 millones en 2022 al reducir de 8.000 a 2.000 euros la reducción fiscal. La medida también incluye la reducción de la aportación máxima realizada al año en favor del cónyuge, de 2.500 a 1.000 euros.

El manifiesto lo firman Mercedes Ayuso, Santiago Carbó, Iñaki de la Peña, José Enrique Devesa, Mar Devesa, Rafael Doménech, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas, María del Carmen González, Pilar Gutiérrez, José Antonio Herce, Juan Carlos Higueras, Javier Lasarte, Francisco Rodríguez, Beatriz Rosado, Juan José Rubio, Francisco Sáez, Javier Santacruz, José Luis Sarto, María Pilar Sierra y Luis Alfonso Vicente.