Manuel Borja-Villel, director del Reina Sofía «en fraude de ley»

Para no perderse, cabe recordar que el primer contrato de 2008 establecía un mandato de 5 años renovable por otros dos periodos iguales, no automáticamente. Pero en 2011 llegó la nueva ley destinada a convertir el museo en un organismo público con régimen especial que ha dotado al Mncars de un singular marco jurídico. El «fraude de ley» por el que Borja-Villel ha desarrollado su actividad como director del museo de manera irregular se remonta a noviembre de 2012, cuando se acomete una supuesta adaptación a la reforma laboral contenida en el Real Decreto 3/2012, y también al 451/2012 que regula contratos directivos del sector público. Pero no a la ley específica del propio museo. Esto resulta incomprensible.

El contrato suscrito el 13 de noviembre de 2012 es problemático porque contraviene las exigencias que establece la citada ley propia del museo (la 34/2011) para el nombramiento del director del Mncars. En su artículo 10 afirma que «el director del museo es nombrado y separado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros» a propuesta del ministro de Cultura, y exige un «sistema de preselección que garantice la publicidad y concurrencia, que asegure la participación del Real Patronato, con el asesoramiento de un comité de expertos y profesionales del mundo de la cultura y de su gestión».

Incumpliendo esta ley específica, el contrato de 2012 no nombra a Borja-Villel por vía decreto del Consejo de Ministros, ni llega a intervenir el ministro de Cultura de entonces. Este contrato no es una mera adaptación, sino un contrato nuevo, y va más allá de lo que exigía la reforma laboral para establecer unas condiciones contractuales muy mejoradas respecto del de 2008. En derecho se aplica el dicho de 'las cosas son lo que son y no lo que las partes pretenden que sean'. En su página 1, de hecho, dice: «Contrato de alta dirección en entidades…» y además cambia las bases de su sueldo, vacaciones o indemnizaciones.

La adaptación es tan selectiva en el contrato de 2012 que también modifica la denominación del puesto, que será 'director' y ya no 'director artístico', como figuraba en el primero, de 2008. ¿Por qué? Porque en su disposición final tercera, la ley 34/2011 mantiene algunos artículos del viejo Estatuto del Reina Sofía hasta que se apruebe el nuevo, cosa que ocurrió en marzo de 2013. En el viejo se denominaba 'director artístico' y su poder era parejo al gerente, pero desde marzo de 2013 el cargo por ley será de 'director' y debe ser nombrado por decreto del Consejo de Ministros a través del proceso ya citado de concurrencia y publicidad, la participación del Patronato, expertos y profesionales. Además el gerente queda bajo su mando.

Los plazos hablan por sí mismos. La adaptación a varias normas menos a la ley del museo se firma en el contrato de noviembre de 2012, pero con la denominación del cargo que quedará a partir de marzo de 2013, aunque sin cumplir los requisitos que disponen ambas normas para el nombramiento. Tal es la triquiñuela. Y se añade que en enero de 2013 se firma la primera prórroga, tal como se hará, automáticamente, en 2018 para mantener esa situación irregular durante diez años, hasta hoy.

El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia Manuel Fernández Salmerón afirma sin dudar que «tanto el contrato de 2012 como las dos prórrogas firmadas en 2013 y 2018 son irregulares, sin cobertura legal y por lo tanto fraudulentos. Llama la atención que se adapte su situación contractual a la reforma laboral y sin embargo se ignore lo establecido por la propia del Reina Sofía». No es el único jurista sorprendido al ser consultado por este tema. Un catedrático de Derecho Administrativo, que pide que su nombre no figure, considera que han tratado de «mantener la ficción del marco jurídico del primer contrato que sí contempla la prórroga, pero no el de la propia ley, que no la contempla y a la que debería someterse».

Repasemos la historia. El contrato de 2008 lo habían firmado Manuel Borja-Villel y el entonces ministro de Cultura, César Antonio Molina, después de que el primero ganase el concurso convocado en 2007. Ese es el que permitía dos renovaciones de cinco años. Pero el contrato de 2012 lo firmaron Borja-Villel y Michaux Miranda Paniagua, gerente del Reina Sofía en aquel momento, nombrado a propuesta del propio Borja-Villel. En el documento se señala que lo hace por delegación del ministro de Cultura (entonces José Ignacio Wert, aunque Cultura era una Secretaría de Estado, bajo el mandato de José María Lassalle) en virtud de una orden ministerial de 2 de marzo de ese año por la cual se delegaba en ese cargo «la contratación de personal, previa la convocatoria y selección de dicho personal conforme a los procedimientos establecidos al efecto». Y los procedimientos establecidos al efecto eran los ya citados del artículo 10 de la ley 34/2011: Real Decreto en Consejo de Ministros, propuesta del ministro de Cultura, sistema de preselección que garantice la publicidad y concurrencia, participación del Real Patronato, comité de expertos… Es decir, el ministro delega en el gerente la facultad de convocar concurso público previo al nombramiento, no la de nombrar ni contratar libremente.

Así lo indica el catedrático Fernández Salmerón, que subraya que «si la ley dice que el director se tiene que nombrar de una manera, eso se tiene que llevar a cabo así. Si la ley no dice nada de eso, no lo puede decir el Gobierno, y menos un ministro mediante orden ministerial». Un tercer jurista añade: «Visto desde fuera es cristalino que sabían perfectamente lo que hacían, contraviniendo con apariencia de legalidad la norma específica. Se trataba de mejorar la posición jurídica del director del museo y lo hacen mediante un contrato fraudulento».

Es más, en 2013, en la fecha exacta en que se extinguiría el contrato primigenio, el de 2008, se rubrica una prórroga por cinco años, que se encontraba contemplada como opción en el contrato inicial de 2008, donde se dice que la duración del mismo es de cinco años y podrá ser renovado por otros dos periodos iguales. Al estar ya en vigor la nueva ley del museo en el momento de su extinción, que es la norma específica y por lo tanto la que prevalece y al no contemplarse en ella ninguna renovación, no ha lugar a prórroga ninguna, según las fuentes consultadas. Mucho menos cuando ésta, de nuevo, la firma el gerente en virtud de la misma orden ministerial de marzo de 2012. Y también, de nuevo, sin ser nombrado y separado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros como corresponde. Por si esto fuera poco, cinco años más tarde, en 2018, se firma una nueva prórroga del contrato de 2008 en virtud de la cual Manuel Borja-Villel continúa al frente del Museo Reina Sofía hasta enero de 2023 sin haber sido nombrado por Real Decreto en Consejo de Ministros. Diez años, en fin, al margen de la ley.

El Tribunal de Cuentas también lo ha denunciado en un meticuloso informe de fiscalización del ejercicio 2019, publicado en marzo de 2021: las prórrogas del contrato de alta dirección con Borja-Villel «no se atienen a lo dispuesto en los artículos 10 de la ley 34/2011 y 9.1 del Estatuto, que requieren (…) que el director del museo sea nombrado y separado por Real Decreto».

Las alegaciones presentadas por el Reina Sofía, previa consulta a la Abogacía del Estado, a través de la presidenta del Patronato, Ángeles González-Sinde, son prolijas y justificaban así por qué fue obviada la ley del museo: «En el caso de que la persona a designar como director no fuera D. Manuel Borja-Villel, sería preciso recurrir al procedimiento señalado en la ley y el Estatuto del Museo (esto es, nombramiento y cese por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte), como legalidad vigente en el momento de la nueva designación. Pero para la continuidad de D. Manuel Borja-Villel la legalidad aplicable es la derivada del vigente contrato de alta dirección de 2009». Es decir, que para la exministra de Cultura, si se trata de Borja-Villel, no era preceptivo cumplir lo que pedía la ley.

Esas alegaciones fueron desestimadas por el Tribunal, que insistió en señalar el incumplimiento e instó directamente al Gobierno a «regularizar, con la mayor inmediatez, el nombramiento por Real Decreto del titular del puesto de director del Mncars». No se ha hecho. El catedrático Fernández Salmerón añade: «Esta situación anómala ha permitido a Borja-Villel disfrutar de los beneficios aparejados al cargo y de una acumulación de méritos que, con certeza, le serán de provecho de concurrir a algún proceso de selección, sea para el Reina Sofía o cualquier otra institución homologable». El Mncars convocará el 1 de febrero el concurso para elegir al nuevo director. Todo apunta a que Borja-Villel será de nuevo candidato.

Primeros pasos. En 2007 gana el concurso internacional cumpliendo un Código de Buenas Prácticas, y en 2008 firma su primer contrato. En 2011 la ley del Mncars ve la luz. En 2012 se modifican por Real Decreto la reforma laboral y los contratos directivos.

Nuevo contrato en 2012. En noviembre se rubrica la «adaptación» del contrato a la reforma laboral, pero no a la ley del Mncars. No hay nombramiento ni separación por Real Decreto, ni concurso público. El contrato lo firma el gerente por delegación.

Dos prórrogas (2013 y 2018). La primera la firma el gerente por delegación; la segunda, el exministro Méndez de Vigo. No hay nombramiento ni separación por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, ni concurso público.

Tribunal de Cuentas (2021). Un informe advierte de la irregular situación contractual del director del Mncars y pide al Gobierno que regularice la situación: «Las prórrogas (...) no se atienen a lo dispuesto (...) en la ley 34/2011».

Fin de la segunda prórroga (2023). El 19 de enero expira su mandato, sin posibilidad de más prórrogas. El 1 de febrero se convoca un nuevo concurso, al que se puede presentar.