La reelección de Borja-Villel como director del Reina Sofía podría ser impugnada

La noticia llega, además, en una semana decisiva en la que Borja-Villel abandonará el despacho de director, llegado a término su tercer mandato (el segundo en situación irregular). En próximas semanas, Cultura convocará el concurso para encontrar al próximo director del Reina Sofía. ¿Sería legítimo que se vuelva a presentar mientras no se aclare esta situación que los juristas definen como «al margen de la ley»?

Fuentes jurídicas que prefieren mantener el anonimato coinciden en señalar que «lo mínimo que debería ocurrir es que tanto él, como el Patronato, como el propio ministro de Cultura dieran lo antes posible una explicación convincente. Y no solo sobre los irregulares procesos que han perpetuado a este señor en el puesto, sino sobre por qué se ignoraron las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. No olvidemos que, tal y como establece la Constitución, es este el más alto órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público».

El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia Manuel Fernández Salmerón mostraba a ABC su preocupación por la posibilidad de que Borja-Villel pueda presentarse al concurso del Reina Sofía o a otro: «Creo que ese tiempo en que ha desempeñado fraudulentamente esas responsabilidades públicas conllevarían su no cómputo en un procedimiento de concurso si se demuestra que era conocedor de la ilegalidad de ese contrato».

Uno de los mayores dilemas es, sin duda, si Borja-Villel conocía los detalles de su contrato y la manera limitada y medida en la que incumplía la ley que regula el Museo Reina Sofía (34/2011) para poder continuar prorrogando su contrato, norma que él mismo impulsó. «Podría alegar que lo desconocía y que la responsabilidad sobre la ilegalidad de los actos administrativos la tiene la Administración Pública -responde Fernández Salmerón-. Él podría invocar una confianza legítima en que las sucesivas prórrogas eran conformes con el ordenamiento. Aunque hayan sido ilegales, podría alegar que confió en la legalidad de la Administración».

Pero el catedrático también subraya que el problema es que «no se puede invocar eficazmente esa confianza por parte de quien estuvo en condiciones de conocer la legalidad o la ilegalidad del proceder de la Administración». No le cabe duda a este jurista de que es el caso: «El director del Museo de Reina Sofía, por su responsabilidad, es conocedor de la vigencia de la ley y si no era conocedor de la ley tenía un deber de diligencia en saberla. Y debía haber sabido que el régimen que instauraba la ley de 2011 era nuevo, era más exigente y que no consentía la simple prórroga de su contrato anterior. Luego esa posible invocación del principio de confianza legítima, con casi toda seguridad, fracasaría», aventura.

Gestores culturales consultados por ABC explican que, lamentablemente, la investigación de estos procesos podría llevar dos años antes de que se sustancien las conclusiones. De todos modos, hay que tener en cuenta que a primeros de febrero se convocará el concurso para encontrar al nuevo director del Reina Sofía y todo apunta a que Borja-Villel pensaba presentarse como candidato.

Una vez más, Fernández Salmerón lo desaconseja vivamente si no demuestra algo muy difícil, que no conocía la ley que incumplió, lo cual permitiría impugnar todo el proceso a cualquier participante: «Es posible que él acabase considerado cooperador de la ilegalidad que ha cometido la Administración Pública, y en ese sentido entiendo que no podría invocar a su favor el tiempo de dedicación durante todos estos años en los que ha desarrollado su labor bajo la cobertura de un contrato irregular, ni en un ulterior concurso que se convocara».

Sobre la posible impugnación de un concurso con Borja-Villel como candidato, concluye: «Un tercero que tuviera pretensiones en un concurso frente a la elección o selección de este señor podría invocar esta circunstancia a su favor. Pero para pretender que no deban computarse estos méritos por haberse producido bajo la cobertura de un contrato irregular es necesario que esos contratos sean anulados por el tribunal correspondiente con carácter previo al concurso que se deba dirimir».

Otra de las inquietudes que suscita la situación en la que se ha colocado a Borja-Villel es la de la validez de sus actos como director del Reina Sofía durante el periodo de los contratos «fraudulentos», desde 2012. Un catedrático de Derecho Administrativo consultado indica que «los actos son nulos de pleno derecho, no anulables, porque no es que tengan una irregularidad formal sino que han sido dictados prescindiendo completamente del procedimiento administrativo establecido. Lo dice la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo y esto es un supuesto paradigmático de nulidad de un acto administrativo». Seguramente causaría aún más daño revertirlos.