Editorial

Fraude de ley en el Reina Sofía

El consenso parlamentario no puede dar cobertura a una situación tan irregular como la que ha mantenido diez años a Borja-Villel como director

15/01/2023
Actualizado 17/01/2023 a las 10:53h.

Al igual que el Museo Nacional del Prado o la Biblioteca Nacional de España, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es una de las instituciones culturales esenciales, que nacieron tanto para custodiar la historia cultural que configura nuestros valores compartidos como para mantener ... vivo el marco simbólico de nuestra convivencia. Las Meninas, los manuscritos de Lope de Vega o el Guernica, además de las actividades de estos centros, son claros hitos de la identidad cultural que conecta a todos los ciudadanos españoles con el resto del mundo. Los museos deben ejercer la excelencia en la gestión en todos los sentidos, porque reflejan la aspiración democrática de tolerancia y acceso a la cultura, de acuerdo con la ley. En 1995, una crisis en el Museo Reina Sofía sirvió a los grandes partidos para pactar un acuerdo parlamentario que salvó de la pendencia política a estas instituciones. Eran otros tiempos.

Manuel Borja-Villel llegó en 2008, hace quince años, a la dirección del Reina Sofía tras ser elegido en un concurso internacional inspirado en un código de buenas prácticas suscrito con el sector cultural y puesto en marcha por el exministro César Antonio Molina. En los primeros años de su mandato Borja-Villel realizó un proyecto creativo y ambicioso que dio visibilidad internacional al centro. Incluso fue el impulsor de la ley específica, aprobada en 2011, que modernizaba y dotaba de herramientas necesarias al museo.

Quince años después hemos sabido, como publicamos en páginas de Cultura, que el director la ha incumplido en lo relativo a su propio nombramiento, porque la norma exige que se efectúe con un decreto del Consejo de Ministros tras un proceso público de concurrencia con participación del Real Patronato, expertos y profesionales del mundo de la cultura. Varias triquiñuelas jurídicas le han permitido seguir en el cargo sin someterse a ese proceso durante una década. Lo ético habría sido cumplir la mencionada norma.

En 2012 se creó para Borja-Villel, por medio de un contrato irregular, una apariencia de legalidad para poder prorrogar su mandato dos veces hasta el tope de quince años, posibilidad que había firmado antes del cambio de ley. Además, en ese contrato amoldaba su situación a otras dos leyes (la reforma laboral y la del personal directivo de la administración), pero no a la específica del Reina Sofía, algo inaudito, impropio de esa institución. ¿Por qué pudo hacerlo? Lo mismo han denunciado el Tribunal de Cuentas y varios catedráticos de Derecho Administrativo consultados por ABC.

El consenso parlamentario no puede dar cobertura a una situación tan irregular como la que ha mantenido diez años a Borja-Villel como director «en fraude de ley», mientras gestiona 50 millones anuales de dinero público con un criterio cada día más contestado. Es responsabilidad del ministro Miquel Iceta aclarar esta situación y de los ciudadanos no flaquear en el cuidado de una institución tan importante. En febrero próximo, cuando se han consumido todos los plazos, el Reina Sofía convocará por fin el concurso para elegir al nuevo director del museo y es altamente probable que Borja-Villel se presente. Puede hacerlo, por supuesto, la ley no penaliza su afán de poder. Pero las irregularidades que han dilatado tanto su mandato como para establecer densas redes clientelares, arrinconar a varias generaciones de artistas españoles que ya no ven en el Reina Sofía su museo e imponer un discurso ideológico monolítico, siempre en socorro de las más radicales militancias de la izquierda iberoamericana, le convierten en el candidato menos idóneo para el concurso.