El Defensor del Pueblo pone reparos al bono cultural de Iceta

«Las causas de este limitado alcance pueden encontrarse en la desinformación sobre la solicitud y no es descartable también la alta incidencia de dificultades iniciales en su tramitación telemática», señala el informe, que informa de que al finalizar el plazo de inscripción se habían presentado casi 280.000 solicitudes. Cultura estimaba en medio millón de jóvenes que cumplieron 18 años a lo largo del año pasado. El Defensor del Lector pide mejorar para futuras ediciones –los trámites para el bono 2023 están en marcha– cuestiones como la información y el sistema de adhesión.

Esta es precisamente la otra gran queja que recoge el informe: «La presentación y tramitación de las solicitudes, que era exclusivamente telemática, estaba ocasionando problemas, lo que determinó el inicio de actuaciones ante el Ministerio de Cultura con la finalidad de conocer el grado de incidencia real de estas dificultades y las posibles soluciones». Ante las numerosas protestas de los jóvenes, que indicaron fallos técnicos de la plataforma y una burocracia excesiva, Iceta se vio obligado a ampliar el plazo de presentación de solicitudes en dos semanas, facilitó la autenticación telemática y habilitó un sistema para hacerlo en las oficinas de Correos.

Según el Defensor del Pueblo, el plazo para pedir el bono cultural fue inferior a tres meses, «lo que determinó una gran acumulación de solicitudes en un corto periodo de tiempo». La institución que vela por los derechos y libertades de los españoles, además, ha transmitido al ministerio «la situación de los jóvenes potenciales beneficiarios que debido a su discapacidad severa no pueden disfrutar de los productos, servicios y actividades que se pueden adquirir con el bono cultural joven, a fin de que se estudien las posibilidades de acceso a estas personas de modo que se garanticen las condiciones para su inclusión e igualdad de oportunidades».

El bono cultural joven es una iniciativa dirigida al millón de jóvenes que cumplan 18 años entre 2022 y 2023, con un montante total, contando las dos convocatorias, de más de 400 millones de euros. La edición de 2023 aún no ha sido aprobada. El gasto de estos 400 euros debe repartirse de la siguiente manera: 200 euros para artes en vivo (música en directo, cine, exposiciones, museos, teatro, toros...), 100 euros para productos culturales en soporte físico (libros, revista, prensa, partituras, discos, videojuegos...) y 100 euros para consumo digital o en línea (plataformas audiovisuales, suscripciones a videojuegos, suscripciones a prensa...).

Una de las muchas polémicas que han rodeado a esta iniciativa –que ha registrado multitud de incidencias, además de sucesivos retrasos– ha sido la exclusión del sector de la tauromaquia. Un fallo del Supremo hace un mes obligó a Cultura a rectificar su veto al considerar que la naturaleza cultural de los toros está fuera de duda y que el ministerio no fundamentaba de manera adecuada este veto. Iceta se comprometió a resolver esta cuestión cuanto antes, pese a las protestas de sus socios de Podemos. En la convocatoria de 2022 los toros ya están incluidos, pero el texto de 2023 aún no ha llegado al Congreso.