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Baldoví, en 2010: «En los plenos no pueden tolerarse lemas en camisetas»

El exalcalde de Sueca expulsó a dos jóvenes por mostrar el lema «ZP al paro»

D. M - / D. M - - Actualizado: Guardado en: Actualidad

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, no mostraba tanta tolerancia frente a las camisetas con lemas políticos como la que él mismo exhibió en la Cámara Baja –en apoyo a «Stop Desahucios»– cuando era alcalde de la localidad valenciana de Sueca.

Después de que –tal como publicó ABC el pasado 30 de abril– el Síndic de Greuges, José Cholbi, emitiese una resolución especialmente crítica con el proceder de Baldoví en un pleno celebrado en marzo de 2010 –expulsar a dos jóvenes por llevar camisetas con el lema «ZP al paro»–, el entonces munícipe replicó con un informe de tres folios en el que, en esencia, criticaba el uso de ese tipo de camisetas en una sesión plenaria.

«No estamos en la calle, sino en el Salón de Plenos de la Corporación», aducía Baldoví, «y por eso se exigen ciertas formalidades que no permiten amparar cualquier actividad o actuación». En aquel momento, a juicio del hoy diputado de Compromís –formación que ha hecho de la exhibición de lemas en camisetas una estrategia habitual–, en los plenos «no puede decirse ni hacerse cualquier cosa». Paradójicamente, cabe recordar que el propio Baldoví se ha sumado a la estrategia de los lemas en el Congreso, con la exhibición de una camiseta de «Stop Desahucios».

Como ha publicado este periódico, los hechos a los que se refiere el Síndic se registraron durante un pleno celebrado el 4 de marzo de 2010. Baldoví, que gobernaba Sueca con el apoyo del PSOE, ordenó desalojar del salón de plenos a dos jóvenes que vestían camisetas con el citado lema contra José Luis Rodríguez Zapatero. Los expulsados se quejaron al considerar que se vulneraba su libertad de expresión, y el defensor del pueblo valenciano emitió una resolución especialmente crítica con el proceder de Baldoví.

Al contrario de lo que sostenía el Síndic, el entonces alcalde de Sueca replicó en su informe que «no consideramos que se haya vulnerado ningún derecho a expresar libremente el pensamiento».

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