Los obispos opinan sobre la amnistía sin citarla: «Que se respete la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces»

Y ante ello, comparten su reflexión, «fieles a nuestra misión que nos invita a ofrecer una orientación moral», con un mensaje escrito en ese típico lenguaje eclesial de calculada ambigüedad que precisa de exégesis para ser comprendido. De hecho, entre las 534 palabras del texto (título incluido) no aparece 'amnistía', aunque no se puede escapar que exigir que se respete «la autonomía del Poder Judicial», que los acuerdos deben atenerse al «principio de solidaridad» o recordar que «nuestra Carta Magna consagra la separación de poderes» en el actual contexto político, sólo puede apuntar en ese sentido.

El texto comienza con una cita de Benedicto XVI, que afirma que «la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna manera mezclarse en la política de los Estados», aunque añade que sí tienen una «misión de verdad» en favor de una sociedad «a medida del hombre, de su dignidad y su vocación». Añade también otro texto de Francisco que habla de «una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente» y anima a «fomentar la cultura del encuentro, es decir, buscar puntos de contacto, tender puentes, y proyectar algo que incluya a todos».

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Es a partir de ese contexto cuando se adentran en el proyecto de ley de amnistía, esquivando el concepto, pero alertando de una de las consecuencias de que Gobierno y Parlamento concedan esta medida de gracia a procesados por diferentes delitos. «Para la garantía de la libertad y de la justicia, es especialmente importante que se respete escrupulosamente la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces» señalan los obispos, repescando una frase de su documento «Orientaciones morales ante la situación actual de España», aprobado en 2006, cuando -bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero- ya expresaban, con menos ambigüedad la necesidad de que se respetara «el recto funcionamiento de las diferentes instituciones».

Desde esa perspectiva, los obispos alientan a «un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes». También señalan que «los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Estos principios han de realizarse en el marco del ordenamiento jurídico propio del Estado de Derecho que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978, que culminó la Transición».

Y en ese sentido recuerdan que «nuestra Carta Magna consagra la separación de poderes y la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, al tiempo que garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, recogido en su art. 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español»,. Y para ello hacen una referencia al artículo 138 de la Constitución, dedicado a la financiación autonómica e invocado por quienes sostienen que una amnistía no puede generar desigualdades entre ciudadanos por pertenecer a una u otra comunidad.

El texto finaliza invitando a un compromiso a «actuar en conciencia por la verdad y el bien del prójimo, a trabajar con esperanza en favor del encuentro en la convivencia pacífica y el respeto mutuo, excluyendo toda violencia, cultivando el perdón cristiano y la reconciliación, y estimulando el ejercicio de la caridad social y política». Y con una «oración al Señor para que acreciente en nosotros la convicción de que la concordia y la comunión siguen siendo posibles».

El texto difundido es la respuesta consensuada entre las dos enfrentadas posiciones sobre la amnistía con las que los obispos han llegado a esta Plenaria. Por un lado se encontraba la del secretario general, Cesar García Magán, que ya fue preguntado en septiembre durante una rueda de prensa y respondió que la amnistía es «una herramienta excepcional» y que la situación actual «no parece que haga imprescindible herramientas extraordinarias». Sin embargo, al día siguiente, los obispos catalanes se desmarcaban de la posición del portavoz del Episcopado, y calificaron sus declaraciones de «valoración jurídica personal» para añadir que, ante estos temas, la Iglesia debe «mantener una neutralidad edificante y respetuosa».

Desde entonces, son varios los obispos que, a título personal, se han manifestado sobre la Ley de amnistía. Por un lado, los que estaban visiblemente en contra, como el arzobispo de Valladolid, Luís Argüello, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, o el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, desde estas mismas páginas, con su «tercera» del pasado viernes. Por otro, los que reclamaban una posición más imparcial de la Iglesia, como el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y el de Madrid, José Cobo, o los que, incluso, han evitado pronunciarse sobre la cuestión.

La inusual forma de difundir este mensaje -un día antes de la rueda de prensa prevista para este viernes, y a través de un vídeo grabado por el secretario general y portavoz- parece un intento para evitar que la cuestión de la amnistía se convierta en protagonista del encuentro con los periodistas. Además, de esta forma, los obispos también sortean el riesgo de que cualquier amago de improvisación pudiera desvirtuar un mensaje tan cuidadosamente pactado.