Los obispos afrontan su semana más difícil pendientes del informe de los abusos y la llamada a capítulo del Papa

Y compleja, por los temas que se abordarán -la supresión de la mayoría de los seminarios en España, la continuidad de la auditoría de abusos encargada a Cremades y la (imposible) posición unánime ante la amnistía- que curiosamente no aparecen reflejados en la nota de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal que anticipa los temas de la reunión.

Así, el prólogo de esta reunión está en la Asamblea extraordinaria que los obispos celebraron hace tres semanas para, según ellos, valorar el informe sobre abusos del Defensor del Pueblo y estudiar la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo de ampliar la entrega en los trabajos que le había encargado la Conferencia Episcopal. Esto último, que según el cardenal Omella era el tema fundamental de la reunión, después de los constantes incumplimientos de plazo. A pesar de que la Plenaria que hoy comienza está programada desde comienzo de curso, los obispos prefirieron no esperar y evidenciar la urgencia con una convocatoria extraordinaria, sobre todo después de que Cremades incumpliera el ultimátum de diez días que le dieron en octubre. Sin embargo, los obispos no fueron capaces de tomar una decisión.

Según explicó el cardenal Omella al día siguiente en una rueda de prensa, a preguntas de ABC, el hecho de que en aquella reunión buena parte de los prelados estuviera «conectado por Zoom» hizo «muy complicado poder explicar las cosas», unido a que «ya estábamos cansados al final de día», lo que derivó en que acabaran retrasando la decisión para la reunión de esta semana. De ahí que parezca asombroso que la cuestión no se refleje en el orden del día.

Sin embargo, es lo habitual. Por extraño que parezca, el tema más recurrente y sangrante que los obispos afrontan en los últimos años, los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, no suele aparecer en el orden del día de sus reuniones. El ejemplo más evidente y cercano es el de la Plenaria del mes de abril, cuando tuvo que ser el nuncio quien desvelara que se iba a someter a votación una nueva instrucción en la lucha contra los abusos, de la que la mayor parte de los obispos desconocía su existencia. Una hora después, la oficina de comunicación confirmaba el documento, aunque mientras tanto no faltaron los obispos que calificaron las palabras de Bernardito Auza de «equivocación» y «despiste».

Nada hace dudar que la cuestión sobre la continuidad de la auditoría de Cremades estará, de nuevo, sobre la mesa, aunque las circunstancias son muy diferentes a las vividas hace tres semanas. Entonces, la urgencia de la convocatoria extraordinaria hacía presagiar una decisión firme, pero lo que quedó claro fue la profunda división en el episcopado, entre quienes estaban dispuestos a romper el contrato y los que optaban por conceder una prórroga. Y también, la ambigua posición del cardenal Omella, empeñado en que no se tomara en aquel momento ninguna decisión sobre el tema y posponerla hasta esta semana.

Así, Cremades ganó una inesperada prórroga que ha aprovechado para avanzar en su trabajo. Según ha podido conocer ABC, de fuentes del despacho, lo que ha entregado este fin de semana a los obispos no es el «resumen ejecutivo» al que se comprometió en un primer momento, sino un documento mucho más elaborado «ya en su recta final y a falta de las revisiones y los comentarios de los despachos internacionales». Es decir, una versión corregida del documento de más de dos mil páginas -en la que se han modificado las conclusiones- elaborado por Alfredo Dagnino, y que algunos obispos ya habían visto. El intento del Episcopado de que entregara oficialmente aquella versión, calificada como «demasiado complaciente con la Iglesia» por Cremades, acabó con el ultimátum de la Conferencia, incumplido de nuevo por el despacho, pero aceleró, como daño colateral, el despido de Dagnino.

Con el documento casi completo sobre la mesa parece complicado que, ahora, la decisión pueda ser la rescisión del contrato, así que lo más probable es que los obispos opten por conformarse con esta versión o esperar al informe final, que según el despacho, estará antes del 15 de diciembre.

Evitar la tensión también parece razonable si se tiene en cuenta que los casi ochenta obispos españoles en activo han sido convocados a Roma para el martes de la semana que viene a una reunión que, a falta de confirmación oficial, presidirá el Papa Francisco. Aunque el tema que van a tratar es el informe sobre los semanarios españoles que elaboraron los dos obispos uruguayos enviados por el Papa a una visita apostólica, a nadie se le escapa que se tratarán otras cuestiones de actualidad de la Iglesia española, como la situación de los abusos a menores, tras conocerse el informe del Defensor del Pueblo y el encargado por la Iglesia a Cremades.

De hecho, el único precedente de una llamada a capítulo de este tipo es el de la Conferencia Episcopal Chilena, convocada a Roma al completo para tratar la cuestión sobre abusos a menores. En aquel momento, el Papa había hecho suya la defensa del resto de prelados chilenos de un obispo acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima. Al investigarse el caso, se demostró que era cierto, por lo que Francisco tuvo que pedir disculpas y convocó a todos los obispos en el Vaticano. Tras aquella reunión, todos presentaron su renuncia al Papa, aunque no les fue aceptada.

En ese contexto, la explicación de que la convocatoria en Roma de todos los obispos españoles es solo para conocer los resultados de la visita pastoral de los obispos uruguayos roza lo inverosímil, sobre todo cuando apenas cuatro días antes estarán todos reunidos en Madrid y podría ser más sencillo que el responsable del Dicasterio para el Clero se desplazara a Madrid o que, incluso, el Papa se conectara por videoconferencia, ya que los martes es el día que reserva para sus asuntos personales y no tiene compromisos en su agenda.

En todo caso, la situación de los 45 seminarios españoles es dramática. Por una parte, el pasado curso fue la primera vez, desde que se tienen datos, que el número de seminaristas bajó de los mil, 974 en concreto -cuando hace veinte años era casi el doble, 1699-. Así, cerca de la mitad de los seminarios tienen cinco o menos aspirantes al sacerdocio, muy lejos de los 25 o 30 que el Papa Francisco ha considerado como mínimo para que puedan «hacer comunidad». Por otro lado, también son muchas las voces que ponen en duda la formación que reciben los seminaristas, criticada por algunos como conservadora y por otros como laxa, pero que en la práctica se aleja de la 'Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis', el plan de formación que Francisco aprobó en 2016.

Una realidad, conocida por los obispos, que les hace pensar que las conclusiones irán en la línea de cerrar los seminarios más pequeños y agrupar a los seminaristas en torno a aquellos centros de formación con una propuesta doctrinal más afín a los planteamientos del Papa Francisco. Poco podrán hablar los obispos sobre la cuestión hasta el martes 28, especulaciones a lo más, salvo que reciban una filtración de las conclusiones del informe.

El propio cardenal Omella trató de quitar hierro al asunto. Recién llegado de un mes en Roma, donde participó en el sínodo y recibió la noticia de esta convocatoria, dijo que la única información de que disponía es que «el informe [sobre los seminarios] es positivo, aunque siempre hay algo que revisar». Razón de más, si fuera cierto, de que no es el único motivo para llevarles a todos a Roma.

También en la Plenaria, como es habitual en estas reuniones, los obispos analizarán la realidad social y política, marcada en los últimos días por la investidura de Pedro Sánchez y la propuesta de ley de amnistía. Dos son los momentos en que estas cuestiones salen a relucir: primero en el inicio, en el discurso inaugural del presidente, en el que repasa la actualidad de los últimos meses y después en la rueda de prensa final, donde el obispo portavoz es preguntado, invariablemente, sobre estos temas.

Ocurrió a finales de septiembre, después de la reunión de la Comisión Permanente, cuando Cesar García Magán, respondió a los periodistas que la amnistía es «una herramienta excepcional» y que la situación actual «no parece que haga imprescindible herramientas extraordinarias». Sin embargo, al día siguiente, los obispos catalanes se desmarcaron de la posición del portavoz del episcopado, y calificaron sus declaraciones de «valoración jurídica personal» para añadir que, ante estos temas, la Iglesia debe «mantener una neutralidad edificante y respetuosa».

Desde entonces, son varios los obispos que, a título personal, se han manifestado sobre la Ley de amnistía. Por un lado, los que están visiblemente en contra, como el arzobispo de Valladolid, Luís Argüello, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, o el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, desde estas mismas páginas, con su «tercera» del pasado viernes. Por otro, los que reclaman una posición más imparcial de la Iglesia, como el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y el de Madrid, José Cobo, o que incluso han evitado pronunciarse sobre la cuestión. Ante tal disparidad, y sabiendo que el portavoz será preguntado el viernes, parece lógico que los obispos traten de alcanzar un consenso sobre la cuestión. Si son capaces.