Las finanzas de las monjas de Belorado que les llevaron a la quiebra: más de 30.000 euros mensuales en nóminas, tres créditos y fracasos empresariales

En un mensaje de casi trece minutos, la exabadesa obvia cualquier referencia doctrinal o teológica —que según ellas serían los auténticos motivos del cisma— para centrarse sólo en cuestiones económicas. También acusa a los medios de comunicación —a los que denomina «de desinformación»— de mentir, pero elude explicar, tal como ha adelantado ABC en varias ocasiones, cómo las malas decisiones y gestiones de la comunidad de religiosas llevaron a los monasterios a una situación económica desesperada incluso antes de que decidieran separarse de la Iglesia.

En efecto, con los datos que han hecho públicos las propias religiosas, las facturas que ellas han remitido al arzobispado de Burgos para que asuma su pago y las diversas circunstancias económicas de la comunidad desveladas por este diario —como el hecho de que en marzo de 2023 hipotecaran el monasterio de Derio para obtener un efectivo de 720.000 euros con el pagar deudas anteriores—, no es muy complejo llegar a la conclusión de que las finanzas de los tres monasterios estaban totalmente quebradas.

De hecho, las propias religiosas lo reconocían en la primera entrevista que dieron a una televisión, dos días después de anunciar su marcha de la Iglesia católica, en la que contaban que los pedidos de sus trufas eran escasos y que pretendían vender una de las propiedades por debajo del precio de mercado para asumir sus deudas. Según ellas mismas sostenían, la Santa Sede había impedido aquella operación. Un extremo no confirmado desde la Iglesia católica, pero que sería coherente con el derecho canónico, ya que aunque se trata de un monasterio con un estatus 'sui iuiris' —con independencia para tomar decisiones— requiere permiso de la Santa Sede para operaciones por encima del millón y medio de euros, que también puede intervenir cuando presume una irregularidad, como el caso de vender a un tercero por debajo del precio de mercado.

En la práctica, la suma de los gastos mensuales de la comunidad nos permite entender que el funcionamiento de los monasterios ya no era viable antes de que anunciaran que abandonaban la Iglesia católica el pasado 13 de mayo. Uno de sus principales gastos es en personal. Las religiosas tenían contratadas a once personas (con distintas jornadas laborales) lo que supone un gasto mensual en nóminas de 9.800 euros según ellas mismas reclamaron al arzobispado. A ello habría que sumar la Seguridad Social de esos trabajadores, que según los parámetros actuales estaría en torno a los 3.000 euros mensuales. Además, de acuerdo al compromiso adquirido por la Iglesia católica con el Estado español, los religiosos deben cotizar a la Seguridad Social. Si no están contratados por un tercero, la comunidad asume el pago de las cuotas de autónomos. En Belorado, son diez las monjas en edad de realizar esta cotización por lo que, si asumían la cuota mínima, el gasto mensual estaba en torno a los 2.300 euros.

Más de 15.000 euros mensuales en personal fruto de una plantilla que parece estar totalmente sobredimensionada. Un monasterio que —hasta la marcha de sor Amparo al inicio del cisma— tenía 16 religiosas, cuenta con 11 trabajadores que realizan tareas que, en principio, parecían destinadas a las monjas en edad de trabajar. Entre esos sueldos se encuentran el guardés y el jardinero del Derio, el agricultor que llevaba el peso de la huerta ecológica de Orduña, cuidadoras para las hermanas más mayores, encargados del criadero de perros no autorizado —ahora las exreligiosas sostienen que es un refugio de animales aunque mantienen los empleados para su cuidado— y varias personas que se encarga de los recados y otras gestiones.

Otro gasto mensual importante es el pago de los préstamos que han solicitado las ahora exmonjas en los últimos años. En una nota de prensa del 2 de julio, el arzobispado de Burgos decía haber asumido el pago de 18.000 euros en créditos bancarios. No especificaba si se refería a uno o dos meses, pero dada la fecha es probable la primera opción, por lo que el gasto mensual en este concepto rondaría los 9.000 euros.

Según ha podido conocer ABC la comunidad de clarisas de Belorado tiene suscritos, al menos, tres créditos. El primero, el hipotecario de Derio, por un total de 720.000 euros, firmado en marzo de 2023 para 15 años, por lo que las cuotas mensuales estarían por encima de los cinco mil euros. A ese hay que añadir otro crédito de 150.000 euros, del que resta por pagar alrededor de la mitad, suscrito para la reforma de las cocinas y obrador de Belorado, y un tercero de 42.000 euros (del que resta por pagar unos 30.000) para colocar placas solares en monasterio de Orduña.

A ello habría que añadir gastos ordinarios propios de mantener los edificios y la actividad de tres monasterios. El arzobispado ha estimado el pago de unos 3.000 euros mensuales en concepto de luz, gas y telefonía. Aunque no se ha hecho público, a estas cantidades habría que sumar la manutención de las hermanas, el mantenimiento de los vehículos propiedad de la comunidad y otros gastos ordinarios. De esta forma, sin tener en cuenta los gastos variables de los suministros para las actividades mercantiles, los gastos fijos mensuales de las monjas de Belorado superaban los 30.000 euros.

Una cantidad que parece difícil de asumir con las actividades realizadas por las monjas. Fracasado el criadero de perros (y de conejos como mascota), ante la falta de autorización del Ayuntamiento; cerrada la casa rural de Derio (en la que también hicieron una gran inversión), por no contar con la licencia municipal al tener una catalogación de zona residencial; y sin actividad en la hospedería con graves problemas para ser atendida una vez dejaron el lugar, los ingresos de las religiosas se redujeron al obrador de chocolates y trufas y a los hornos que mantenían en Belorado y Orduña, además de la huerta ecológica en este último lugar.

Unos productos difíciles de comercializar sin tener una fuerza comercial que los distribuya con regularidad y muy sujetos a la estacionalidad. Las monjas ya habían fracasado en el intento de que sus chocolates se vendieran en un conocido centro comercial y en la posibilidad de exportarlos hasta Japón. Además, en cuanto se anunció su cisma las fundaciones de apoyo a los monasterios, que les hacen pedidos regulares de sus productos para sostener sus comunidades, retiraron sus trufas y chocolates de sus páginas web.

Así, cuando a partir del 5 de junio el comisario pontificio comenzó a asumir el control de las cuentas de las monjas, se encontró que, entre todas, apenas había unos 6.000 euros. Hasta ellas llegan los pagos domiciliados por las hoy exreligiosas, pero no los ingresos de sus actividades comerciales. Desde antes de esta intervención, las monjas ya habían abierto otras cuentas, a nombre de Laura García de Viedma, el nombre civil de la exabadesa. Una de ellas, de una oficina del BBVA en Madrid, es la que aparece reclamando donativos en su cuenta de Instagram. Además, según ha podido conocer este periódico, las exreligiosas disponen al menos una cuenta más. A ellas estarían llegando los hipotéticos donativos de los fieles, los pagos por los productos que han servido en estos meses y el crowdfunding realizado a través de PayPal.

Los otros ingresos con que contaba la comunidad, y que de momento sí están domiciliados en las cuentas en las que tiene la firma el comisario pontificio, son las pensiones de jubilación de las seis religiosas más mayores. Se trata en la mayoría de los casos de pensiones bajas, no contributivas, por lo que apenas alcanzan los 6.000 euros, pero en todo caso era el único ingreso fijo con que contaba la comunidad de Belorado. De esos 6.000 hasta los más de 30.000 gastos fijos mensuales, sólo podían ser cubiertos con los beneficios de sus actividades, una diferencia que parece inasumible.

Ahora, en el vídeo que publica el día después de que fracasara su intento de financiación a través de donativos en la campaña de 'crowdfunding', la exabadesa centra toda la responsabilidad en Mario Iceta y olvida explicar todas las decisiones erróneas anteriores y la situación en que se encontraba el monasterio cuando decidieron salirse de la Iglesia católica con la creencia de que al abjurar del Papa y la Sede Sede quedaban fuera de la jurisdicción del derecho canónico y su decisión de vender las propiedades ya no podría ser frenada. Un argumento que repetían tanto ellas en alguna entrevista como quien en esos momentos ejercía como su portavoz, el cura coctelero, José Ceacero.

Una argumentación endeble que, de inmediato, se mostró errónea cuando el Ministerio de Justicia reconoció al comisario pontificio como nuevo representante de la comunidad tras el nombramiento del Papa y así lo inscribió en el Registro de Entidades Religiosas. También los bancos aceptaron el nombramiento. Sin embargo, para la exreligiosa, la decisión de Iceta de poner orden en las cuentas de la comunidad es la causante de su desgracia.

«Me están llegando apremios de Hacienda por los monasterios por impagos» sostiene García de Viedma, que llega a afirmar que «Hacienda embargó ayer una cuenta de Ibercaja», pero no explica cuál es la reclamación. También señala que existe una factura de MRW de al menos 2.000 euros que no ha sido satisfecha. Olvida explicar que esa factura era anterior al momento en que el comisario civil tomara el control de las cuentas y que fueron ellas quienes la tenían pendiente de pago desde varios meses antes.

En contra de lo que sostiene el arzobispado, la exreligiosa afirma que «no pagan el gas, no pagan los teléfonos, no pagan internet, la fibra óptica…». «Lo único que están pagando es la luz», reconoce, pero «no nos han dado nada para alimentación». Sin embargo no explica porque las exreligiosas se han negado, hasta en cinco ocasiones, a presentar la documentación que explicara su situación económica. «Solamente tenemos constancia documentada de algunas facturas impagadas y desconocemos el estado de las obligaciones laborales, fiscales y tributarias, por la contumaz actitud de la Srta. García de Viedma, después de haber pedido información mediante cinco requerimientos», explicaba el arzobispado el pasado julio.

Lo mismo ocurre con el pago de los salarios a las once personas contratadas. Según García de Viedma, el arzobispado no está pagando a todos los trabajadores y algunos llevan meses sin cobrar. Lo cierto es que fueron las exreligiosas quienes dejaron de pagar a sus empleados en el mes de abril, como reconoce en el vídeo García de Viedma, con la justificación de que las «nóminas se cargan en la primera quincena del mes de mayo». Pero las cuentas no fueron intervenidas hasta el cinco de junio, por lo que habrían tenido tiempo de hacerlo. A partir de ahí el arzobispado, ante la negativa de las monjas a entregar cualquier tipo de documentación, pidió a los empleados que presentaran copia de sus contratos y de sus nóminas anteriores, para poder comprobar la veracidad de su reclamación. «Quienes lo han presentado han seguido cobrando sus salarios», corroboran desde fuentes del arzobispado a ABC.

De hecho, este ha sido otro punto de conflicto de las exreligiosas con sus trabajadores. Es el caso de uno del guardés de Derio, que está cobrando su salario del arzobispado y que facilitó el acceso a representantes de la comisión gestora en el edificio. En ese momento, según explica el arzobispado «se procedió al cambio de una cerradura en el monasterio de Derio, sin actuar en los demás accesos, para disponer de libre acceso. Después de esta actuación, las exreligiosas han vuelto a acceder al inmueble por otra puerta y han obstaculizado, desde dentro, cualquier acceso al monasterio. De esta forma, también están impidiendo el acceso al guardés a su puesto de trabajo, que ya ha acudido a las instancias oportunas para defender su derecho a trabajar». Ante el temor de que ocurriera algo similar en Orduña, las exmonjas se hicieron con el juego de llaves que tenía el agricultor que cuida la huerta. Mediante un engaño, consiguieron que dejara las llaves a una familia amiga de las exreligiosas.

Ahora, García de Viedma hace referencia al incidente en sus palabras y afirma que todo cambió cuando «Mario Iceta decidió ir a los monasterios, conseguir las llaves, cambiar las cerraduras y hacerse con los inmuebles, aunque luego lo niegue». No explica nada más, pero sostiene que a partir de ese momento «las hermanas tuvieron que hacerse más presentes en las otras comunidades y puede ser que eso no nos haya ayudado. Dios lo ha permitido pero no era nuestra primera intención».

Tampoco aclara cuál es ahora la situación legal de las exreligiosas. Al ser excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada, ya no existe obligación del pago de los autónomos y desde el arzobispado no lo están asumiendo. Tampoco pueden usar la persona jurídica de la comunidad monástica, puesto que ya no pertenecen a ella. De momento todos los donativos los están pidiendo a nombre de la exabadesa, pero si ella sigue dada de alta como autónoma o lo recibe a título privado. En cualquiera de los casos, debería regularizar el pago de impuestos correspondiente si no quiere que Hacienda le siga haciendo requerimientos, esta vez a su nombre.