Las monjas excomulgadas se encastillan en Belorado: «Caminamos libres y solas»

En un texto que se nota escrito de forma atropellada y con la apariencia de que nadie le haya dado la más mínima corrección, plagado de faltas de ortografía y errores tipográficos, las exmonjas recuerdan que el «monasterio de Belorado (Burgos) consta inmatriculado en el Registro de la Propiedad en virtud de un documento privado de 1969 que confiere el 100% de su pleno dominio a la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, sin que conste mayor condición o carga añadida», una información que nadie ha puesto en duda desde que se inició su proceso de cisma.

Además, añaden que «la comunidad de religiosas clarisas de Belorado, ha venido desempeñando la actividad que le es propia y legítima en el monasterio, debidamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio, regida por el Derecho Canónico y por sus Estatutos y expresándose formalmente a través de los órganos correspondientes (abadesa, vicaria y discretas)», dos lugares comunes de los que nadie ha discrepado.

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Sin embargo, su puntualización llega cuando señalan que «decidimos separarnos de la Iglesia conciliar en un clima conflictivo y por amor a la verdad católica, preservando y secularizando la actividad vitalicia al que estamos consagradas y que llevamos a cabo en el monasterio, presentando instancia para otorgar naturaleza civil a nuestra labor sin el menor ánimo especulativo, pues nuestro patrimonio está ligado de forma vitalicia a la labor que desempeñamos».

«A este respecto, aprovechamos para salir al paso de las acusaciones sobre una supuesta trama inmobiliaria que hemos tenido la desgracia de escuchar, que resultan ridículas, salvo que la «trama inmobiliaria» sea entendida como la suma aritmética de los conventos de los que se nos pretende echar hasta las puertas de la misma calle, sin recursos y sin alternativa habitacional, como a Uds. les consta, pues nos han intervenido las cuentas corriente (cuyos saldos conocen), nuestras nóminas, nos han dejado sin poder atender los pagos de los proveedores de materia prima para nuestros dulces, no podemos acceder a nuestras propias notificaciones, etc.».

Así las cosas, siguen las exmonjas al afirmar que «entendemos que debemos defender nuestra condición de legítimos poseedores del inmueble, que exhiben título de propiedad suficiente sobre el monasterio adscrito a la actividad desempeñada en el mismo, sin que por su parte se haya aclarado de qué forma la naturaleza administrativa de su comisariado desvirtúa nuestro título o a quién se supone que va a adscribir el inmueble el órgano correspondiente sin incurrir en su libre asignación».

Es es este momento en el que el texto de las monjas se empieza a adentrar en varias contradicciones. Primero al afirmar que no existe «una trama inmobiliaria», para luego reconocer que el conflicto se encuentra en dirimir la propiedad de los cenobios. Además, parecen confundir propiedad con representación pública. Con la intervención de la Santa Sede, la propiedad no ha cambiado pero sí el legal representante, que ahora es el comisario pontificio, Mario Iceta. Además, si tan seguras estaban de que son las legítimas propietarias como comunidad de clarisas, no explican porqué crearon dos sociedades instrumentales civiles para transferirles tanto la propiedad como la actividad.

Segundo, cuando afirman no poder atender a los pagos de proveedores, cuando esa misma noche, después de completas, la exabadesa había enviado al comisario pontificio facturas por encima de once mil euros, que sumados a los más de diez mil euros por las once nóminas y la seguridad social de junio, que no se podrán satisfacer con el dinero que han dejado en las diez cuentas intervenidas, que apenas llega a los 6.000 euros.

Es aquí donde las firmantes, que parecen olvidar que su excomunión implica también la expulsión de la vida religiosa, señalan: «Protestamos ante las amenazas al recurso a la fuerza pública para nuestro desahucio, que sólo cabría si se acompaña de una resolución judicial contra nosotras que, además, en tal caso, habría de ser por nosotras incumplida en período de ejecución voluntaria».

Desde la comisión gestora nombrada por el comisario pontificio para esta cuestión nunca se ha hablado del recurso a la fuerza pública, sino que se les ha invitado a abandonar el lugar puesto que las «diez exreligiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios y dependencias anejas». «De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar», explicaron el lunes en la rueda de prensa, sin citar a la fuerza pública.

«No reconocemos, en la presente situación, autoridad alguna a nadie más que a los Tribunales de Justicia, para ordenar nuestro desalojo», añaden a continuación las exreligiosas en su nota. Aunque unos párrafos después, vuelven a entrar en contradicción al señalar que han «conferido encargo profesional el pasado viernes a una comisión profesionalizada» y le reclaman al arzobispo de Burgos, Mario Iceta que se avenga «para dar una solución extrajudicial al conflicto que nos ocupa que satisfaga a todas las partes y que evite tanto la presente situación como la judicialización del asunto». Una discordancia que ya puso en evidencia el lunes el propio Iceta, cuando recordó que él era el único denunciado por las exreligiosas tanto ante la Policía Nacional en Logroño, como en los Juzgados de Burgos.

La curiosa forma de negar la realidad de las exclarisas llega en el siguiente párrafo de su nota, cuando señalan que «no se ha procedido a la expulsión de nadie de nuestras instalaciones por la fuerza, pues tan sólo se ha comunicado nuestro deseo al Sr. D. Pablo de Rojas, de cuya jurisdicción nos apartamos, y al Sr. D. José Ceacero para que abandonasen el Convento, actuando ambos de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción por parte de las abajo firmantes ni de ninguna otra persona, de manera que a día de hoy caminamos libres y solas en defensa de la fe católica». Es decir, niegan haberles expulsado, pero reconocen que les han echado, por lo que ahora ya ni siquiera tienen dirección ni asistencia espiritual.

«Caminamos libres y solas en defensa de la fe católica», afirman unas religiosas que niegan a todos los Papas desde Juan XXIII y que dicen adscribirse a las situación de la Iglesia católica antes del Concilio Vaticano II. Aquí de nuevo son incapaces de explicar la incoherencia que supone perder la posibilidad que se celebren los sacramentos en los monasterios, parte fundamental de la vida consagrada para alguien que reclama una Iglesia tan estricta.

«Entendiendo que se trata de una cuestión puramente jurídica todo lo relativo a la titularidad de los bienes y de nuestra actividad, y que al misma deberá ser discutida en la jurisdicción civil y no ante al autoridad eclesiástica, no podemos entender que es aireen saldos en cuentas corrientes (a las cuales además se nos ha retirado el acceso) o que se realicen declaraciones grandilocuentes tratando de crear una opinión pública en nuestra contra, cuando la realidad es que al presente situación, en defecto de acuerdo, deberá ser dirimida por los Juzgados y Tribunales correspondientes», añade de nuevo, invocando al absurdo.

En la rueda de prensa del lunes, Iceta sólo puso, a modo de ejemplo que en las diez cuentas que, hasta el momento han sido capaces de intervenir, el saldo común apenas alcanzaba los seis mil euros, una cantidad a todas luces insuficiente para mantener el ritmo de vida de la comunidad, como este miércoles se ha comprobado al conocer que los gastos mensuales superan los veinte mil euros. Nadie lo ha planteado públicamente, pero la duda asalta a cualquiera que haga los cálculos: ¿cómo se han pagado hasta ahora esas cantidades? ¿Dónde están los ingresos que, hasta el momento de la intervención, sí que habían permitido mantener el día a día de los conventos?

Al final de la noche, el arzobispado de Burgos hacía público un comunicado de respuesta al escrito de las exreligiosas, que publicamos íntegro:

«Consideraciones de la Comisión Gestora ante el comunicado emitido, en la tarde de hoy, desde el Monasterio de Belorado por parte de las diez exreligiosas

Burgos, 26 de junio de 2024. Ante el comunicado que suscriben las diez exreligiosas del Monasterio de Belorado, dando contestación a las declaraciones realizadas por el Comisario Pontificio y Arzobispo de Burgos en rueda de prensa del pasado 24 de junio, el propio Comisario Pontificio junto a la Comisión Gestora desea manifestar:

1. La comunicación de prensa remitida por las diez exreligiosas de Belorado vuelve a expresar su voluntad libre y personal de separación de la Iglesia católica. Además, afirman querer secularizar la actividad que se lleva a cabo en el Monasterio. Para ello, como aseguran, han presentado instancia para otorgar naturaleza civil a esta actividad. A este respecto, hay que recordar que el Monasterio ya tiene naturaleza civil, al tener personalidad jurídica canónica en virtud de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español.

2. Efectivamente, según manifiesta su comunicado, el Monasterio de Belorado es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, siendo por tanto un bien de titularidad eclesiástica. Desde el momento en que estas personas han incurrido en excomunión, ya no forman parte de dicha comunidad y, en consecuencia, dejan de ser legítimas poseedoras del inmueble, sin título legal alguno para habitar ni permanecer en él. Sí lo poseen las ocho religiosas que siguen perteneciendo a la comunidad de Clarisas. El título legítimo corresponde a la persona jurídica (Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado) y no a las personas físicas. Por lo tanto, no se ajusta a la verdad la afirmación de que se les «pretende echar hasta las puertas de la calle», como si fuera una decisión arbitraria. No es nuestra intención causar ningún perjuicio. Las exreligiosas son merecedoras de nuestro respeto y consideración. Pero, en realidad, son ellas quienes se han apartado de la Iglesia católica por una decisión «libre y personal», hecho que conlleva aparejada la exclusión de la vida consagrada.

3. Respecto a lo manifestado acerca de la intervención de las cuentas corrientes, conviene recordar una vez más que, al haber sido nombrado un Comisario Pontificio, le corresponde a él la administración de los bienes y también, por tanto, la supervisión de las cuentas bancarias. Así lo han reconocido todas las entidades bancarias a las cuales se ha dirigido la Comisión Gestora, aportando la documentación que acredita al Comisario Pontificio como Representante Legal de las entidades religiosas en cuestión.

4. Como ya es conocido, el pasado 6 de junio, tres miembros de la Comisión Gestora se personaron en el Monasterio de Belorado para establecer un cauce de interlocución económica a través de la secretaria y ecónoma de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. En ningún momento se ha facilitado esta labor por parte de las exreligiosas, teniendo incluso que requerirse en dos ocasiones más dicha información. Hasta la fecha, esta documentación aún no ha sido entregada, dificultando así la correcta administración de los Monasterios.

5. Como ya se ha comunicado en nota de prensa esta misma mañana, las peticiones de pagos que han sido dirigidas a la Comisión Gestora están siendo estudiadas para resolverlas adecuadamente. Ante todo, hay que hacer frente a un evidente problema de liquidez en las cuentas bancarias, dado que el saldo obrante en ellas no permite satisfacer todos los pagos de manera inmediata.

6. Esta Comisión Gestora jamás ha expresado ninguna «amenaza al recurso a la fuerza pública» ni a ningún tipo de coacción. Nuestra actitud ha sido, es y seguirá siendo de respeto y consideración hacia las exreligiosas. Esto no es óbice para que se haya comunicado que, de no procederse a una salida voluntaria por parte de las exreligiosas, se iniciarán las acciones legales a las que haya lugar. En referencia al respeto y consideración, es preciso recordar que han sido las exreligiosas quienes recurrieron a la fuerza pública, cuando requirieron la intervención de la Guardia Civil para proceder a la expulsión del Monasterio de los miembros de la Comisión Gestora. Asimismo, denunciaron ante la Policía Nacional, y después ratificaron ante los Juzgados de Burgos, al mismo Comisario Pontificio.

7. Como no puede ser de otra manera, celebramos que se reconozca la autoridad de los Tribunales de Justicia, porque efectivamente a ellos corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad vigente. Lo que no se llega a comprender es que en el citado comunicado se haga referencia a «dar una resolución extrajudicial al conflicto». No puede entenderse como un conflicto la actuación del Comisario Pontificio y representante legal nombrado por la Santa Sede, en aras a preservar la integridad de la persona jurídica de los Monasterios, de quienes legítimamente habitan en ellos y de los bienes monásticos. Por eso no tiene sentido la interlocución con «comisión profesionalizada» alguna; únicamente el cumplimiento de la legalidad vigente.

8. Manifestamos, una vez más, nuestra preocupación por las hermanas mayores y, de modo particular, por su atención espiritual, que tampoco ha estado cuidada durante este tiempo. El hecho de que las diez exreligiosas permanezcan fuera de la Iglesia católica dificulta el acompañamiento de las hermanas mayores que, aún con sus limitaciones, siguen siendo monjas católicas de clausura y conforman la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado.

Más allá de los temas jurídicos anteriormente expuestos, reiteramos la disposición de la Iglesia católica de acoger nuevamente en su seno, con entrañas de amor y misericordia, a quien quiera emprender el camino de regreso a casa, a ejemplo de la parábola del hijo pródigo.»