Las exmonjas de Belorado crearon dos asociaciones para tratar de transformar los monasterios en entidades civiles

De esta forma constituyeron dos asociaciones civiles, presididas ambas por la exabadesa, Laura García de Viedma Serrano, a las que según consta en los estatutos, a los que ha tenido acceso ABC, se realizaba el «traslado de la entidad religiosa, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sin disolución de la misma, por transformación, al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior».

Añaden también que las nuevas asociaciones tendrán «personalidad jurídica propia e independiente con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, sin otras limitaciones que las establecidas legal o estatutariamente». Y destacan, por si quedara alguna duda de su verdadera intención de que dispondrán «de autonomía económico-administrativa en orden a su actividad funcional y de su propio patrimonio».

Lo curioso es que las asociaciones, en un intento de mostrar su ruptura total con lo religioso afirman tener una «naturaleza privada, con fines culturales, sin ánimo de lucro; así como el carácter profesional y cultural de sus actividades, las cuales serán lo más amplias posibles dentro del marco legal que institucionalmente le permita el ordenamiento jurídico al respecto». Es por esa razón por la que piden el cambio al «Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior», desde el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, en el que, legalmente, les corresponde aparecer inscritas.

Son muy significativas las fechas de constitución de las dos asociaciones. La primera que se crea es la de Derio, con una reunión en Orduña el 8 de mayo de 2024. Se trata del día siguiente al haber sido convocadas ante notario por la comunidad de Vitoria para rescindir el contrato de compraventa del monasterio de Orduña, después de un impago acumulado de más de dos años. La hoy exabadesa, se presentó en la reunión, con una reclamación judicial de más de un millón seiscientos mil euros, en concepto de las reparaciones que habían realizado en el monasterio, más los daños y perjuicios.

Desplazadas hasta Vitoria, parece lógico que la constitución de la asociación de Derio se realice en el monasterio de Orduña, en el que ya residían las monjas desde octubre de 2020. De hecho, el monasterio de Orduña nunca ha estado inscrito en el Registro de Entidades Religiosas y su figura jurídica para operar siempre ha sido la de la comunidad de clarisas de Derio. Ese mismo día, el 8 de mayo, es cuando la entonces abadesa dirige también una carta al obispo excomulgado Pablo Rojas, ahora expulsado de Belorado, para solicitarle que asuma la dirección espiritual de la comunidad de religiosas.

La fecha de constitución de la entidad de Belorado es ligeramente posterior, el 18 de mayo, cinco días después de anunciar el cisma y poco después de que sor Amparo, la única religiosa que plantó cara al obispo excomulgado, abandonara el convento. Según su relato, nunca se había hablado sobre la opción de romper con la Iglesia católica en la comunidad de clarisas, hasta que el 12 de mayo se presentó en Belorado el «fantoche» de Rojas y fueron reunidas todas las monjas en el locutorio. Por su parte, la exabadesa afirmaba que era una cuestión que se llevaba años estudiando en el convento por parte de todas las religiosas, pero el hecho de que esperaran a que saliera sor Amparo, pone en evidencia su versión.

Sin embargo, sí que parece cierto, según ha podido conocer ABC, que las gestiones y consultas de la abadesa sobre la creación de estas asociaciones paralelas se iniciaron en los primeros meses de 2023. Una fecha que es clave para la comprensión de este conflicto, pues a ese momento también remiten los primeros contactos entre las monjas y la Pía Unión de Rojas y de Ceacero, las monjas hipotecan el monasterio de Derio por 720.000 euros, de los que se desconoce su destino. Es también el momento en que desde la Federación de Clarisas comienzan a percibir una exactitud extraña y esquiva en la exabadesa.

La pretensión de las monjas no parece haber surtido efecto. En el Registro de Entidades Religiosas ambas comunidades siguen inscritas bajo el nombre de Monasterio de Santa Clara, tanto en Belorado como en Derio, y tienen como representante legal a Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio. Además, también la comisión gestora creada por el el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha podido acceder a las cuentas corrientes detectadas, diez en total, y las entidades bancarias han reconocido su firma.

El propio arzobispado de Burgos, en la rueda de prensa del lunes en que explicó el decreto de excomunión de las diez ya exreligiosas, que había emitido el sábado, señalaba que « ni los estatutos de los Monasterios de Belorado y Derio, ni los estatutos de la Federación Nuestra Señora de Aránzazu a la que pertenecen estos Monasterios, ni las Reglas monásticas, ni las Constituciones generales de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara recogen la posibilidad de alterar la naturaleza eclesiástica pública de los monasterios si no es con el consentimiento explícito y en la forma que dictamine la autoridad eclesiástica competente, en este caso, la Santa Sede». Es decir, que lo que las monjas pretendían hacer sólo es posible con la autorización del Papa, al que las religiosas llaman «usurpador».

Además, recuerdan que «los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede establecen que la legislación canónica actúa como Derecho estatutario en la capacidad de obrar de las entidades religiosas, por lo que en ningún caso los bienes propiedad de los monasterios podrían pasar a ser considerados como meros bienes para disponer libremente de ellos». Un argumento que rebate el que han repetido hasta la saciedad tanto las exreligiosas como Rojas y Ceacero, de que al romper con Roma ya no les aplicaba el derecho canónico y sólo tenían que atenerse a la civil. Vista la realidad, el planteamiento de las monjas ha resultado erróneo.

También en ese comunicado el arzobispado rechazaba la interlocución con los servicios jurídicos que han contratado las exmonjas con los que pretenden buscar una «solución extrajudicial» a la cuestión. El arzobispado ha sostenido en todo momento que «no hay discusión sobre la propiedad de los monasterios». El lunes aclaraba que «con respecto a la titularidad y propiedad de los inmuebles y los bienes de los monasterios no tiene sentido la constitución de comisión alguna, pues la legislación canónica y civil a este respecto, plasmada en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, es clara y taxativa y no cabe otro recorrido más que el cumplimiento de la legalidad vigente».