Las diez monjas de Belorado ya son oficialmente okupas

Iceta compareció en la Archidiócesis burgalesa acompañado por la secretaria de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, Carmen Ruiz; el vicario judicial, Donato Miguel Gómez, y el departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado, Rodrigo Saiz García, tras la excomunión de las diez «exmonjas» decretada el pasado sábado. Durante una multitudinaria rueda de prensa, el arzobispo de Burgos explicó que los saldos presentes en las diez cuentas corrientes del monasterio a las que se ha tenido acceso son «pequeños e insuficientes, por lo que es preciso inyectar liquidez». Así, la Federación de Clarisas ha previsto transferir fondos de otros monasterios «para que haya saldos suficientes con el fin de hacer frente a los pagos ordinarios que se cargan en las cuentas de los conventos de Belorado, Orduña y Derio». En estos gastos se incluyen desde nóminas a trabajadores contratados, a pagos a proveedores para realizar las diferentes actividades necesarias para el mantenimiento de la vida monástica, como la elaboración de trufas.

También mostró su preocupación y la de los familiares por las cinco hermanas mayores que se mantienen en el convento como comunidad clarisa fiel a la Iglesia. De su cuidado se ocupará la propia Federación, una labor para la que ya se han ofrecido tres conventos diferentes de los que saldrían hermanas para que «la vida monástica católica sea restablecida convenientemente y siga viva en esta comunidad».

Iceta aprovechó su comparecencia para contestar a algunos de los comunicados realizados por las ya «exmonjas», según él mismo las definió, al tiempo que no se opuso a que sean calificadas de «okupas». De esta forma, el prelado burgalés rechazó que la Comisión Gestora, nombrada por el comisario pontificio y representante legal de los monasterios para realizar la labor encomendada por la Santa Sede, sea una instancia «constituida para la mediación y acercamiento de posturas en el conflicto», como la definen las cismáticas. «Es una apreciación particular que no se corresponde con la función de esta Comisión», matizó Iceta, para quien «la actitud de la comunidad no ha hecho posible diálogo alguno», ya que, recordó, dos de sus miembros fueron expulsados del monasterio e, incluso, se requirió la presencia de la Guardia Civil.

El arzobispo de Burgos se detuvo especialmente en las cuestiones relacionadas con la propiedad de los inmuebles para señalar que «son bienes eclesiásticos pertenecientes a los monasterios como entidades jurídicas públicas al servicio de la comunidad de clarisas que sigue habitando estos monasterios». Por ello, precisó que «ni los estatutos de los monasterios de Belorado y Derio, ni los estatutos de la Federación Nuestra Señora de Aránzazu a la que pertenecen, ni las Reglas monásticas, ni las constituciones generales de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara recogen la posibilidad de alterar la naturaleza eclesiástica pública de los monasterios si no es con el consentimiento explícito y en la forma que dictamine la autoridad eclesiástica competente, en este caso, la Santa Sede».

En este sentido también se refirió a los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede que establecen que la legislación canónica «actúa como Derecho estatutario en la capacidad de obrar de las entidades religiosas, por lo que «en ningún caso los bienes propiedad de los monasterios podrían pasar a ser considerados como meros bienes para disponer libremente de ellos». De esta forma, Iceta entiende que no tiene sentido la constitución de comisión alguna, como piden las monjas cismáticas, pues «la legislación canónica y civil a este respecto, es clara y taxativa y no cabe otro recorrido más que el cumplimiento de la legalidad vigente». «El derecho civil convalida el derecho canónico», zanjó. Pese a todo, insistió en que «la Iglesia seguirá esperando» a que las excomulgadas «emprendan el camino de vuelta a casa».