Belorado: cronología de un cisma, excomunión, okupación y desahucio a la vista

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Jorge Herrero

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Este 21 de junio, viernes, se cumplía el plazo para que comparecieran ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos para retractarse de sus posiciones cismáticas. Sabían que la consecuencia de no hacerlo sería un inmediato decreto de excomunión y su expulsión de la vida consagrada. Poco, o nada, hacía pensar tras sus últimas intervenciones en Instagram (el único medio por el que se comunica) que acabarían compareciendo. Sin embargo, durante toda la mañana tuvieron movilizados a eclesiásticos, vecinos y curiosos en espera de su respuesta.

Los periodistas también aguardaban a las puertas del monasterio en Belorado, por si salían las diez monjas en su furgoneta. Más de una decena frente al arzobispado burgalés, por si aparecían desde cualquier lugar. Sospechas de si habían dormido fuera del monasterio para evitar alertar con su salida, silencio en redes y en los teléfonos y un detalle, en apariencia nimio, pero que podía ser significativo: el ostentoso «cochazo» –en realidad es un coche de tercera mano, matriculado en 2009 y de un valor de apenas 4.000 euros– de Pablo Rojas y José Ceacero no se encontraba estacionado en la puerta del monasterio. Un hecho nada baladí, cuando su presencia visible ha sido utilizada por los dos únicos miembros de la Pía Unión –resulta extraño que en más de un mes de crisis no se conozca a ningún otro de los cientos que decían ser– como muestra de su desafío a la prohibición de monseñor Mario Iceta, arzobispo de Burgos, a permanecer en el monasterio.

¿Habían dejado solas a las monjas, que se han puesto bajo su jurisdicción, justo el día clave para su comunidad? Como la pregunta no podía quedar sin respuesta ABC telefonea a José Ceacero, autoproclamado portavoz de las religiosas. «¿De verdad le importa a la gente donde está este cura?», contesta con ese tono casi burlón que le caracteriza. «Pues lo cierto es que sí, no se puede imaginar el gran interés que está teniendo todo este lío para los lectores». Sin éxito. No desvela el paradero. «Pues como a los periodistas os pagan por investigar, investigue, yo no le voy a facilitar el trabajo», responde enfadado.

Eran las 13.11 horas de ayer y todavía quedaba tiempo material para que las religiosas salieran en comitiva desde Belorado y comparecieran en tiempo en la Casa de la Iglesia en Burgos, aunque fuera escuchando las campanadas del carillón, al estilo de la entrada triunfante de Phileas Fogg en el Reform Club. «¿Van a ir las monjas al Tribunal Eclesiástico»» es las siguiente pregunta que surge casi obligada. «No voy a hacer declaraciones» es su lacónica respuesta, pero añade enigmático: «Estad atentos».

Desde el pasado 13 de mayo España desayuna con esta rocambolesca historia. Como todo en ella, los momentos, atípicos y extemporáneos, los marcaron las monjas, cuando a las cinco de la madrugada le enviaban un WhatsApp al obispo confirmando su ruptura con la Iglesia católica y su denominado 'Manifiesto católico'. Y Ceacero tenía razón, porque la respuesta de las monjas, que nunca habían tenido intención de salir de Belorado, llegaba en forma de comunicado subido a Instagram. «Hacemos saber nuestra unánime e irreversible posición», dejan claro en un texto en el que reniegan de la Iglesia conciliar, «surgida tras el latrocinio Vaticano II», afirman irónicas. Apenas unos minutos después Ceacero se hacía ver en Belorado. Sólo cuatro segundos para pasar delante de los periodistas, pero acompañado de una sonrisa y un saludo a cámara. Está orgulloso de su papel.

Lo cierto es que la seguridad que muestran en lo comunicativo no se refleja ni en lenguaje ni en la solidez de los argumentos jurídicos que contiene su comunicado. Las religiosas explican una vez más que al haberse separado de la Iglesia, el Tribunal Eclesiástico «no tiene capacidad de jurisdicción sobre nosotros, para imponer 'penas espirituales' como lo es la farsa de la excomunión». Un argumento erróneo, tal y como explicó a ABC un experto canónico, con una pregunta retórica: «¿Quién tiene que juzgar según ellas una excomunión, un tribunal civil? Su pertenencia a la Iglesia y su pertenencia a la comunidad de clarisas están reguladas por el derecho canónico, por lo que su expulsión también depende de ello», añadió.

Las monjas señalan que en el manifiesto «por el que nos adherimos a la verdadera fe católica y nos separamos libre, voluntaria y decididamente de la 'iglesia conciliar'» es «fruto de una madura, meditada y consciente reflexión» y fue «refrendado por todas y firmado por nuestra madre abadesa». Una cuestión en la que insisten, el refrendo de toda la comunidad, pero que nunca han demostrado gráficamente. Que además queda en entredicho con la declaración de sor Amparo, la única religiosa que abandonó del convento en los primeros días, que sostiene que la mayor parte de la comunidad se enteró de las intenciones de la abadesa el domingo 12 de mayo por la tarde, cuando fueron citadas en el locutorio del monasterio para conocer a Rojas y les explicaron lo que iban a hacer a partir de aquel momento.

Sin embargo, las religiosas insisten en que «cualquier pena o sanción canónica impuesta por quienes no son obispos, ni válidos, ni legítimos, no tienen poder sobre las almas, carecen de efectividad y son nulas e írritas». Una afirmación que de nuevo choca con la realidad, pues en este tiempo monseñor Iceta ha sido reconocido por el Ministerio de Interior como legítimo representante de la comunidad, tras ser nombrado comisario pontificio, y los bancos han procedido a cambiar las firmas en las cuentas corrientes.

Y añaden que «se ha enviado un documento, vía burofax, al Sr. Iceta, firmado por las diez monjas requeridas, en el que hacemos saber que es unánime e irreversible nuestra posición». Y añaden: «No tememos a quienes puedan matar al cuerpo, aun por medio de coacciones, imposiciones o bloqueos de suministros, pero nada pueden contra el alma». La frase puede parecer críptica, pero avanza el siguiente giro en la narrativa. Apenas unos minutos después del comunicado un bufete de abogados convocaba en Santander una rueda de prensa para explicar que van a representar a las monjas para reclamar sus «derechos personales y patrimoniales» y se han ofrecido al arzobispado de Burgos como interlocutores para encontrar «una solución pacífica y extrajudicial al conflicto».

El Arzobispado de Burgos no ha emitido respuesta al cierre de esta edición. Probablemente espera al martes, cuando vence el plazo para que comparezcan las últimas dos monjas. Su decisión parece clara: decretar su excomunión y expulsarlas de la vida consagrada. A partir de ese momento, se convertirían en 'okupas' eclesiásticas y su salida del monasterio estaría supeditada a un proceso civil de desahucio, que la diócesis está dispuesta a llevar adelante.