La ley de violencia de género cumple hoy 15 años con algunos retos pendientes y muchas voces en contra

La Ley de 2004 supuso la adopción de medidas para combatir y visibilizar el maltrato que las mujeres sufrían en el hogar, en el marco de la intimidad de las pareja s. Además de poner el foco en el castigo del matratador, la ley otorgaba a las víctimas recursos de ayuda y defensa, como órdenes de alejamiento a casas de acogida.

Impulsada por el movimiento feminista en un contexto en el que más de 70 mujeres eran asesinadas cada año por sus parejas o exparejas, fue la primera norma aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que entendió que la gravedad de este fenómeno exigía una regulación específica que diera visibilidad y solución a este problema.

En 15 años, más de 1,5 millones de mujeres han denunciado a su agresor. «Es un hito histórico en nuestra legislación, viene a decir que la violencia de género no es un asunto familiar sino que compete a todos los poderes públicos y, en consecuencia, es cuestión de Estado», ha explicado a Efe la socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Lucía Avilés.

Con la ley, ha continuado, se dio carta de naturaleza a «un modelo de violencia específico que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo y se caracteriza por ser estructural, sistemática, histórica y generalizada».

Aprobada con unanimidad y consenso parlamentario, esta ley «ejemplar» que afrontó con valentía y sinceridad la violencia contra las mujeres hizo que la democracia entrara en todos los espacios para garantizar la integridad de la mitad de la población, expresó recientemente la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, durante un acto de homenaje de esta norma.

En este acto, varios expertos en la materia, como la fiscal de Sala Delegada contra la Violencia de contra la Mujer, Pilar Martín Nájera , reclamó la supresión de la dispensa de la obligación de declarar para las víctimas de violencia de género que provoca «impunidad». Asimismo, Nájera pidió reflexionar sobre el «reducido» número de órdenes de protección y modificar los criterios para adoptarlas, al tiempo que criticó «la falta de apoyo y asesoramiento» a víctimas.

La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, destacó que esta ley ha sido fundamental para ayudar a más de un millón de mujeres a salir del pozo de la violencia de género gracias a que establecía distintos recursos -judiciales, policiales, económicos y sociales- para ello. El abordaje integral de la violencia en el ámbito de la pareja cubría desde la prevención a la educación, pasando por la sensibilización, la tipificación de los delitos penales o la creación de juzgados especializados y unidades forenses.

Se trata de la ley democrática que ha sido objeto de un mayor número de cuestiones de inconstitucionalidad , todas ellas superadas, al entender el Tribunal Constitucional que la violencia que surge en el ámbito de la pareja afecta mayoritaria y abrumadoramente a las mujeres.

Según el Constitucional, imponer una pena mayor al hombre es «razonable», ya que las mujeres están «insuficientemente» protegidas en el ámbito de la pareja, no vulnera el principio de igualdad y no discrimina por razón de sexo, pues no se impone por ser varón sino por una grave conducta que reproduce una «arraigada desigualdad» y un «modelo agresivo» contra la mujer.

La presidenta de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de género de Juezas y Jueces para la Democracia, Esther Erice , matiza que la ley fue tan cuestionada y generó resistencia porque ponía el foco en que era la desigual organización social la que subyace a esta violencia estructural. Erice subraya que la ley ha supuesto un avance positivo en la protección de las mujeres , pero también porque ha permitido visibilizar el fenómeno, conocer su alcance y tener herramientas para hacerle frente.

Tanto Erice como Gonzalo hacen hincapié en la necesidad de dotar económicamente la ley para perfeccionar su eficacia. «Es eficaz, además países de nuestro entorno la están utilizando como espejo: Francia, los países latinoamericanos. Es una legislación avanzada, muy novedosa, vanguardista, pero lógicamente después de 15 años tiene que adaptarse y retocarse», incidió Avilés.

Hace justo dos años, el Parlamento aprobaba también con un amplio respaldo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género , con más de 200 medidas para avanzar en la lucha contra esta problemática. Muchas de ellas siguen sin aplicarse por culpa del bloqueo político.

Ampliar el concepto de violencia más allá del ámbito de la pareja, abordar la tipificación de los delitos sexuales y adecuar el ordenamiento jurídico al Convenio de Estambul son algunas de las exigencias más apremiantes.

Para la vicepresidenta el Pacto es un nuevo eslabón de la unidad de acción y la unanimidad que ha habido en torno a la violencia machista y asevera que la sociedad no puede ceder ni un milímetro y que los negacionistas «no podrán romper la gran mayoría» que España ha sido capaz de construir. «No solamente atacan a la mitad de la población, atacan directamente al corazón de la democracia. (...) Somos un Estado y una sociedad abrumadoramente comprometida para parar esta terrible injusticia frente a quienes la niegan, que al negarla dan alas al machismo , frente a quienes intentan diluirla», precisa Calvo.

«La ley y el pacto son dos instrumentos muy relevantes que han visto la luz fruto de un consenso. (...) La ruptura del consenso debilitaría las herramientas y, por tanto, habría mayor riesgo de comisión de delito contra las mujeres», reflexiona Erice.

Los 15 años desde su aprobación llegan en un contexto político en el que retumban las voces que niegan esta violencia específica contra las mujeres. En lo que va de 2019, 55 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales únicamente 11 (el 20%) había denunciado a su agresor. Las asesinadas por violencia de género contabilizadas por el Gobierno ascienden a 1.033 desde el 1 de enero del 2003 hasta la actualidad.

El décimoquinto aniversario de esta norma se produce con un repunte de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Además, llega en un año en el que Vox -que defiende que la violencia es «intrafamiliar» y no específica contra las mujeres- ha irrumpido con fuerza en las instituciones locales, autonómicas y con 52 escaños en el Congreso tras las elecciones del 10N.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro , lamenta que transcurridos 15 años de la aprobación de la ley, «precisamente ahora» haya una fuerza política con un discurso negacionista. Esa diferenciación rechazada por Vox también fue muy criticada en el pasado, cuando varios partidos cuestionaron el incremento de las penas en el caso de lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones leves cuando son los hombres los que lo perpetran contra mujeres con las que tienen o tuvieron una relación sentimental.

«Los discursos negacionistas refuerzan la posición e impunidad de los maltratadores y añaden vulnerabilidad a las víctimas », apostilla en declaraciones a Ep Besteiro..