La Fiscalía quiere frenar la retirada de denuncias por las mujeres agredidas

Aunque quiso aparcar los partidismos y no mentó expresamente a la formación de Santiago Abascal , la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo subrayó que «hace 15 años un Gobierno socialista tomó una decisión valiente» para sacar el combate contra la violencia sexista del espacio privado. «No hay que ceder un milímetro» frente a los nuevos envites del machismo y «no podrán romper las mayorías que hemos construido», clamó Calvo. La legislación pionera ha resultado ser ejemplar para otros países del mundo, prueba de ello es que Francia está «copiándonos ahora como referente» , señaló Murillo.

Varias fueron las intervenciones en el acto de tributo a la ley que redundaron en que, con el actual diseño del arco parlamentario, sería poco probable dar forma a una norma como de la que se dotó España hace tres lustros o el Pacto de Estado que la reforzó hace dos diciembres, en 2017. «El empoderamiento no tiene retroactividad posible», remachó Calvo, aunque la más elocuente fue la fiscal de sala Pilar Martín Nájera. Según ella, la de género fue la ley contra la que se han presentado más recursos de inconstitucionalidad, y contra la que tienen más afrenta los propios jueces, adujo la presidenta de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo.

La fiscal jefe cuestionó que «este año han matado a muchas mujeres, por lo que algo sigue fallando, está claro». En un intento revisionista para mejorar la norma, Martín Nájera puso dos artículos en solfa : el primero, el que afecta a la dispensa, que es cuando las mujeres se retiran del proceso de denuncia. La Fiscalía quiere suprimir la dispensa y que las denuncias se archiven cuando no tengan fundamento, no cuando la mujer se retire por coacciones externas o pulsos familiares.

También propuso revisar el actual mecanismo de concesión de las órdenes de protección, porque en el último trimestre de 2019, sin ir más lejos, de las 45.122 denuncias, 10.973 mujeres pidieron órdenes, previstas en los artículos 544 y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se concedió «solamente a 7.961», refrendó la fiscal. «Hay que cambiar los criterios de concesión», incidió.

Desde la aprobación de la ley, más de 1,5 millones de mujeres se han acogido a ella y han denunciado a sus maltratadores. Con todos los delegados del Gobierno para la Violencia de Género presentes ( Miguel Lorente inició el camino que recogió Encarna Orozco y hasta la actual presidenta del Senado, Pilar Llop , que fue la última), Orozco gritó: hay que decirles a las mujeres agredidas que «no las queremos valientes, las queremos vivas».