Los puntos de encuentro familiar entre agresores y víctimas, a debate

Los PEF son un servicio social especializado y gratuito que garantiza el cumplimiento del régimen de visitas entre niños y adolescentes en situación de «crisis familiar». Los propios gestores esgrimen que no hay pautas comunes, ni siquiera cuando las causas que llegan a estos espacios vienen derivadas de Juzgados de Familia o de violencia contra la mujer.

Tal es su inoperatividad que la propia vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, verbalizó algunas de las fallas de los PEF durante la última Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el 17 de octubre, en presencia de los consejeros autonómicos del ramo. Necesitan una «profunda mejora y revisión», denunció. Y los responsables regionales, que asintieron de manera unánime y con independencia de la ideología, suscribieron el compromiso de unificar en un «mínimo común» el guirigay en que se han convertido, ya que operan de manera muy dispar entre unos lugares y otros. Nuria Varela, directora general de Igualdad del Principado de Asturias, es bastante más específica: «A las madres se les da una orden de alejamiento y a los hijos órdenes de acercamiento con quienes maltrataron a sus madres».

A su vez, el consejero navarro, Javier Remírez , admitió que tras el análisis de los PEF «los menores se encuentran expuestos en casos de violencia de género». En Navarra, algunas de las víctimas de maltrato han puesto en marcha de hecho la plataforma «Madres afectadas por los puntos de encuentro». Dicen sentirse «desatendidas» en estos espacios y «sobreexpuestas» tanto ellas como sus hijos, cara a cara con su presunto agresor. Además, piden «mejoras en el servicio» que gestiona el Gobierno de Navarra a través de la asociación Xilema .

Ivanna Caviglia, presidenta de la asociación, denunció a Efe la situación «de precariedad» de los profesionales de los PEF, y facilitó el dato de que cada técnico gestiona «una media de 20 casos», por lo que las madres de la plataforma consideran que «falta personal para atender las necesidades en estos lugares». Apuntan también que «se obvia» el estado en que llegan los niños y niñas «después de las visitas o estancias con los otros progenitores».

Integrantes de varias asociaciones, como las mujeres juristas de Themis, reclaman que estos servicios sean realmente «neutrales, así como que haya peritos forenses que puedan evaluar las situaciones, y que los menores sean escuchados ante todo».

Para Patricia Torres, la «falta» es global . «No nos lo han concedido porque en Getafe (Madrid), donde yo entregaría a la niña a mi expareja, no tienen horario de fin de semana». A la carencia de disponibilidad añade: «En las condiciones en las que me da a la niña su padre, ahora mismo en los PEF no examinarían su estado de higiene y el nivel de cuidados que le da el progenitor». Los puntos de encuentro se concibieron precisamente para evitar un encontronazo especialmente doloroso y perjudicial para el bienestar del niño. «Lo que sí me ayudaría es que en el contexto de conflicto familiar que vivimos no sería mi palabra contra la suya –afirma–. Ahora, mi ex entrega a la niña en la puerta del domicilio materno, por orden de un juez, en mi caso las entregas y recogidas las realiza mi madre con la intención de evitar los constantes conflictos que mi ex pareja está dispuesto a generar y aun así, no siempre se consigue el objetivo ya que éste crea situaciones muy incómodas con independencia de quien realice los intercambios en perjuicio de la niña a quien logra desestabilizar en cada entrega».

Esta mujer de 42 años se queja abiertamente de que el sistema no está funcionando porque no se vela por el bienestar de las menores. «La Policía se ha portado conmigo excelentemente, el pediatra ha hecho su trabajo, tengo informes objetivos (médicos, policiales, periciales) que lo ponen de manifiesto [aporta pruebas a ABC ], pero la juez de Violencia de Género en Getafe le otorga la custodia compartida en junio de 2019. Los momentos de entrega son una tortura».

«Los maltratadores, muchas veces, tratan de coaccionar en ese momento de irritabilidad máxima con sus propios hijos», cuenta Sara García , psicóloga de trabajo en la lucha contra la violencia de género. Incluso, «aprovechan» ese espacio en común con su expareja para «autolesionarse él, o a sus hijos, en el extremo más grave», comenta.

Una recomendación reciente del Defensor del Pueblo, además, fue la de velar por mejorar la seguridad de los menores en los PEF. Hay que evitar que se conviertan en «ratoneras peligrosas» para las víctimas y su descendencia, advirtió en la Sectorial la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández.