El Gobierno responde al «revés» de la Fiscalía: «Si las regiones se personan, el Estado podrá hacerlo»

En el comunicado, del que se desprende un claro malestar por la propuesta gubernamental, el Ministerio Público manifiesta que «la defensa y la tutela de las víctimas está garantizada » por la Fiscalía, encargada por ley de defender el interés público y cuya intervención está asegurada en todos los procesos en los que hay denuncia. Así lo fijan la Constitución y el Estatuto fiscal.

«Esta ha sido, y continuará siendo, la posición y la práctica del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas, muy singularmente respecto de las que lo son de delitos sexuales, llevando a cabo su defensa integral, tanto en la vertiente penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima», expresa el comunicado de la Fiscalía General del Estado, que está expresamente dirigida a los ciudadanos, a quienes quiere informar de su cometido.

La reacción de la Fiscalía –dirigida ahora por la fiscal María José Segarra – responde al anuncio de la portavoz, Isabel Celaá, que en el último Consejo de Ministros sorprendió revelando los vagos planes del Ejecutivo, del que forma parte precisamente una fiscal , la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El Gobierno adelantó su intención en pleno fragor por la puesta en libertad provisional de los cinco miembros de La Manada , cuya excarcelación se conoció la tarde previa al Consejo de Ministros, el pasado jueves. La Audiencia de Navarra no ve riesgo de que los cinco condenados –con una pena de nueve años de prisión, que todavía no es firme, sobre sus hombros– se fuguen de la Justicia o reiteren en los delitos.

A pesar de la reacción de la Fiscalía, el Gobierno no se apea de su intención de personarse en estos casos. Tras conocer el comunicado, fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio bajo el mando de Carmen Calvo se reafirmaron en su iniciativa. El Gobierno no desiste –dijeron fuentes de Igualdad a ABC – y estudia «la fórmula idónea para encajar ese anuncio. Si en el caso de La Manada se personaron como acusación popular tanto los letrados del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona , si pueden hacerlo entidades autonómicas y municipales, ¿por qué no va a poder hacerlo el Estado?».

«Estamos trabajando en cómo se puede hacer realidad», aseguran las mismas fuentes, que suscriben que Celaá no solo anticipó esta medida, sino también el compromiso de avanzar en la reforma del Código Penal que atañe a la tipificación de delitos sexuales y otras iniciativas desplegadas en el Congreso de los Diputados, como la de incidir en la necesaria formación de género de los magistrados que vayan a instruir estos casos. La sentencia de La Manada, en la que los jueces condenaron por abuso sexual y no por agresión, precipitó la revisión de los delitos sexuales por parte de la Comisión de Codificación, un órgano que asesora a Justicia.

La propuesta de que el Estado se persone suscita muchas dudas a los juristas consultados por ABC, ante la ausencia de una forma jurídica con la que participar. Según los expertos, la Justicia no permite al Estado personarse como acusación popular, una figura que busca promover la participación de los ciudadanos y bajo la que sí pueden actuar los entes locales. Más allá, la Fiscalía interviene en defensa del interés público en el papel de la acusación pública, como se ha encargado de recordar en voz alta el propio Ministerio Público, y la víctima del delito se defiende como acusación particular.

La figura con la que el Estado pretende encauzar su personación –la acusación popular, fijada en el artículo 125 de la Constitución– carece de una regulación detallada, lo que ha provocado soluciones novedosas por parte de los tribunales ante casos nuevos, a través de diversas doctrinas. Ahí está el espacio de debate, pero los juristas se inclinan por cerrar esa puerta al Estado, a pesar de que los entes locales o regionales puedan encajar.

Los jueces que aprobaron la liberación provisional de La Manada sostienen que los condenados no tienen medios para fugarse, y descartan que haya posibilidad de reiteración, dado el «rechazo social» que genera su caso.