El Gobierno, sobre «La Manada»: «No interferimos en decisiones judiciales, pero los hechos son gravísimos»

Se ha cambiado de postura, de la condena a la liberación, mientras también cambia de «posición» el Gobierno socialista que antes pedía firmeza en las sentencias y ahora ha pasado al «no nos pronunciamos sobre sentencias judiciales» , preceptivo cuando se está al frente del Ejecutivo. El Gobierno no quiere «interferir» en decisiones judiciales, señalaron fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez a ABC.

Catedrática de Derecho Constitucional, la hoy vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo , dijo tras conocer la sentencia condenatoria, en una entrevista, que «cualquiera que lea esta sentencia, aunque no tenga conocimientos técnicos, lo entiende. Y ese es el problema» . Hablaba Calvo con el Código en la mano. Fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de Igualdad señalaron ayer a ABC que «el Gobierno no interfiere en las decisiones judiciales; pero tampoco puede olvidar que los hechos probados, por los que han sido condenados, son gravísimos».

Sí concedió ayer una entrevista ayer a Cadena Ser la ministra de Justicia, Dolores Delgado , en la que habló de que son «necesarias reformas mentales», además de legales, para abordar casos como el de «La Manada».

La expectación es máxima para hoy ante lo que diga la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, donde a buen seguro habrá espacio para debatir este tema.

Ferraz sí se ha manifestado a cuenta de la decisión adoptada por dos votos contra uno en la Audiencia Provincial de Navarra. El PSOE considera «una mala noticia» la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco integrantes de «La Manada» condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales en los sanfermines de 2016.

«Es una mala noticia jurídica por la gravedad de los acontecimientos y la reincidencia de los agresores», señalaron ayer fuentes de la Ejecutiva Federal del partido, informa Ep.

En el PSOE, añaden las fuentes consultadas, están «preocupados por la seguridad de las mujeres y decisiones como ésta demuestran que no se acaba de entender la gravedad de los delitos que afectan a las mujeres».

Podemos, por su parte, «apretó» ayer al Gobierno para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o de Género puedan juzgar también los delitos sexuales cometidos fuera de la pareja; una novedad que, en todo caso, incluirá este grupo en la ley integral de violencias sexuales que prepara.

No obstante, los socialistas recuerdan que fueron ellos quienes impulsaron una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de violencia de género.

Beatriz Corredor , miembro de la Ejecutiva Federal, escribía en su cuenta en Twitter que, aunque haya «una causa jurídica fundamentada» para decretar la libertad provisional de los miembros de «La Manada», ella no entiende «que se valore tan a la baja la gravedad del caso y la alarma social causada». «Provoca mucha preocupación. ¿Y la seguridad de las mujeres? No se acaban de entender bien los delitos contra nuestra libertad sexual», añadía.

Fuera de la dirección federal del partido, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , ha sido de las primeras dirigentes del PSOE en reaccionar a la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, habida cuenta de que los cinco integrantes de «La Manada» son sevillanos y volverán al barrio de Amate donde se criaron y vive parte de sus familias.

«Respeto la decisión judicial de la Audiencia de Navarra, pero no la comparto. Hay resoluciones difíciles de entender. Mi pensamiento hoy, como siempre, vuelve a estar con la víctima», señalaba.

Dentro del Grupo Socialista en el Congreso, la diputada Soraya Rodríguez indicaba que «las sentencias judiciales se respetan» . «Pero algunas son difíciles de compartir, entender, explicar. Nos ofenden, humillan, duelen, nos hacen llorar», escribía.

La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de decretar la libertad provisional de los condenados ha salido adelante por dos votos contra uno, este último del presidente del tribunal, José Francisco Cobo Sáenz, quien abogó por la prórroga de la prisión provisional de manera indefinida.