Los miembros de «La Manada» salen de la cárcel

Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Guerrero, que llevan desde el mes de julio de 2016 en la cárcel de Alcalá Meco, por su condición de militar el primero y de guardia civil el segundo, también han conseguido la libertad provisional y han quedado libres este viernes, apenas una hora después que sus compañeros. Decenas de medios locales y nacionales se han congregado tanto en la cárcel de Pamplona como en la de Alcalá Meco.

Los miembros de «La Manada» han quedado en libertad tras casi dos años en prisión desde que fueran detenidos el 7 de julio de 2016.

A su salida del centro penitenciario de Pamplona, situado a las afueras, les esperaban numerosos medios de comunicación que desde primeras horas de la mañana hacían guardia en las puertas de la cárcel, pero no así ciudadanos, puesto a lo largo del día no ha llegado a una decena las personas que se han acercado hasta allí. Se ha producido un gran revuelo a la salida, cuando un coche emitía ruidos desde el tubo de escape y ha salido junto al vehículo que transportaba a los tres hombres, que les había recogido en la puerta de la cárcel. Ha sido un a maniobra de despiste hacia los periodistas que se agolpaban a las puertas desde hacía horas.

Por su parte, los que se encontraban encarcelados en Madrid, han sido escoltados por la policía militar y han abandonado el recinto en taxi.

Además de la fianza de 6.000 euros, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado varias medidas cautelares para los cinco acusados. En concreto, tendrán que designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en tales domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria.

Los condenados deberán comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia y cuantas veces fueren llamados por la Audiencia de Navarra, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono.

También se fija para ellos la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante el tribunal dentro de los cuatro días siguientes a su puesta en libertad, así como la prohibición de obtenerlo en el futuro.