El Caso ERE, en la semana de farolillos

Es preciso señalar que nadie ha acusado ni a Chaves ni a Griñán de enriquecerse con los fondos defraudados. Se les acusa de contribuir al desvío de dinero público, por acción u omisión, con el fin de cebar una red clientelar relacionada con el PSOE y, por ende, con el Gobierno de Andalucía. Justificar la corrupción en base a que los presuntos corruptos no se han enriquecido personalmente con sus acciones equivale a subvertir nuestro sistema legal y de valores.

En España se ha instalado de un tiempo a esta parte una doble vara de medir respecto a las responsabilidades tanto políticas como penales de nuestros gobernantes, según sea la ideología de cada uno. No se puede justificar la posible corrupción de unos por falta de lucro y vulnerar la presunción de inocencia de otros en función de criterios ideológicos. El Tribunal dictaminará en su día si hubo un plan para defraudar 855 millones de los fondos públicos destinados a los desempleados, fraude por cierto denunciado por ABC en estas mismas páginas, y cuál ha sido la responsabilidad política y penal de cada imputado. Pero lo que no puede hacerse es defender o criminalizar la actuación de cada uno, según la ideología que profese o el partido al que pertenezca. La corrupción de los progresistas no es menos grave que la de los conservadores.

@aybarrapacheco