Ganar el relato, perder la carrera

Consta en el juicio que Álvaro García Ortiz movió al aparato de la Fiscalía para desmentir una noticia sobre un fraude tributario, y que con esa finalidad recabó información confidencial de un ciudadano cuya condición de pareja de Isabel Ayuso es la clave real del caso. Esa información acabó apareciendo en los medios de comunicación y en una nota de prensa con el consiguiente daño al derecho de defensa del investigado. Constan asimismo detalles –un funcionario sacado a la fuerza de un partido de fútbol, una discusión con una subordinada renuente– sobre el interés y la urgencia del responsable del Ministerio Público en «ganar el relato». Y consta el borrado de los mensajes de su teléfono –«fuentes probatorias» dice el veredicto– en vísperas del registro policial en su despacho.

Al margen de la mayor o menor trascendencia de esos indicios a la hora de determinar la comisión de un delito, resulta evidente la existencia de una atmósfera de tensión originada por la necesidad (?) de intervenir en un conflicto de claro tinte político. El contexto cronológico era el de la reciente apertura de un proceso contra la esposa del presidente del Ejecutivo, episodio al que los problemas con la justicia del novio de una dirigente rival podían aportar la simetría de un contrapeso sobrevenido. En ese escenario convulso, el conocimiento público del expediente del hasta entonces anónimo individuo adquiría enorme relevancia para el sanchismo. Y García Ortiz tomó partido.

Ahora está inhabilitado, al menos hasta que el TC revoque su pena, hipótesis adelantada por Pedro Sánchez con impúdico carácter de certeza. Su fidelidad al hombre que le nombró le ha arrastrado a arruinar su reputación y su carrera por identificación ideológica, por soberbia profesional o por sentido de la obediencia. Para la maquinaria de propaganda oficialista, la resolución de la Sala Segunda constituye un acto de parcialidad manifiesta, un atropello de la élite de la judicatura involucrada en la estrategia de acoso de la derecha. Para quienes observan con alarma la deriva de alineamiento institucional, se trata de un ejercicio de independencia de poderes que preserva el correcto funcionamiento del sistema.