El nuevo impuesto revolucionario

Todo el proceso de acercamiento de etarras al País Vasco que está llevando a cabo el exjuez y exprestigioso Fernando Grande-Marlaska es una tortura. La traición del ministro del Interior a las víctimas se ha cocido lentamente en una marmita de concesiones infames, ora veleidosas, ora lacerantes, en las que el Estado de Derecho ha torcido la rodilla una y otra vez en beneficio de los criminales. Hemos visto a un vicepresidente del Gobierno amartelarse con los terroristas, a una portavoz del PSOE retratarse en secreto con Bildu a cambio de su apoyo y al mismísimo Arnaldo Otegi, exconvicto de la banda, proclamando que «si para que salgan los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos». En mitad de esta marabunta de vilezas, Interior ha acercado a 143 asesinos a las cárceles vascas y ha puesto en marcha un programa de reinserción que permite a los condenados obtener beneficios penitenciarios si participan en talleres de artesanía. Los artesanos de la Goma-2 y de la bomba lapa, esos manitas de la explosión. Llevamos tres años escuchando cada noche el tremor de los muertos en sus tumbas mientras los verdugos festejan la vuelta de sus héroes al terruño con la sangre debajo de las uñas.

Hemos llegado hasta este barranco gracias a la conspiración del presidente del Gobierno con los enemigos de la democracia. Es decir, somos las mismísimas víctimas directas e indirectas quienes estamos pagando la extorsión para blanquear a los asesinos. Sánchez nos ha dejado tirados, nos ha arrastrado como a una caja de pescado, nos ha saqueado el alma y, cuando llegue la hora, nos va a pedir el voto. Fumándose un puro.