Una paradiplomacia separatista

Según consta en un informe preceptivo de la Administración de Justicia estadounidense, en el último semestre, auditado hasta el 31 de mayo de 2023, la oficina pública catalana de Wahsington habría desembolsado casi medio millón de dólares. Este nivel de gasto se corresponde con el presupuesto que era habitual antes de que se clausurara esta red de diplomacia paralela destinada a difundir el relato separatista en los 21 países en los que existe, al menos, una delegación. Es más, la administración pública catalana este año aprobó unas cuentas que incluyen una partida de 29,8 millones de euros a la acción exterior del Gobierno catalán, lo que aumenta en más de un millón de euros la cifra del ejercicio anterior. Estos números se aprobaron con los votos del PSC, ERC y En Comú Podem.

El objetivo público de la delegación norteamericana es cultivar las relaciones entre EE.UU. y Cataluña. Sin embargo, en el contexto del referéndum ilegal del 1 de octubre, desde esta sucursal de la Generalitat catalana se proyectó una imagen distorsionada de los acontecimientos y se intentó imponer un relato coherente con los propósitos separatistas, acusando, entre otras cosas, al Gobierno de España de agredir a los catalanes. La prioridad que el separatismo catalán concede a los Estados Unidos se demuestra también en el hecho de que el año pasado se registrara una franquicia de la Asamblea Nacional Catalana, una asociación cuyo objetivo explícito es alcanzar una hipotética independencia política de Cataluña.

Las conexiones del independentismo con países extranjeros fueron, tradicionalmente, una de las estrategias esenciales para instalar un relato exterior coherente con sus objetivos y para favorecer, incluso, la creación de alianzas estratégicas. Recordemos que, tal y como informó este diario, desde el entorno de Puigdemont llegaron a establecerse conversaciones y negociaciones con la Rusia de Putin. La acción exterior catalana es, además, esencialmente opaca en lo económico. Así lo manifestó el Tribunal de Cuentas en un informe sobre el uso del dinero público entre 2011 y 2017. Cabe concluir que una estrategia internacional de este tipo jamás podría haberse realizado si el Gobierno central hubiera sometido a un control debido a la Generalitat, máxime tras el precedente del año 2017. La dejación de funciones y esta responsabilidad 'in vigilando' por parte del Ejecutivo demuestra hasta qué punto las alianzas parlamentarias del PSOE con las fuerzas independentistas han podido poner en riesgo tanto los intereses como la imagen de España en países extranjeros. La reactivación de esta paradiplomacia lobista de la causa independentista no es más que el enésimo síntoma de las concesiones que ha tenido que realizar Pedro Sánchez para garantizar su supervivencia parlamentaria.