La 'embajada' catalana en EE.UU. gasta ya como antes del golpe secesionista

Según un informe semestral que abarcaba el periodo hasta el 31 de marzo de 2023, la oficina pública catalana en EE.UU. declaró pagos específicos del gobierno catalán por valor de 478.717 dólares, que según la tasa de cambio actual son aproximadamente 440.000 euros. Este pago, recibido el 15 de marzo, se dedicó a «cubrir los gastos de oficina y los sueldos de la delegación», tal como se recoge en el informe. Es requisito presentar estos informes para los representantes de gobiernos y partidos extranjeros que no estén acreditados como diplomáticos en Estados Unidos.

La pseudoembajada es muy activa. Esta semana ha organizado un viaje a Nueva York de la consejera catalana de Acción Exterior, Meritxell Serret, para participar en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. En las comunicaciones oficiales de la embajada, en inglés, se presenta a Serret como «ministra de Exteriores».

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Como es costumbre, la delegación catalana ha declinado responder preguntas de ABC sobre sus gastos, que sólo se describen por categorías muy generales. En seis meses, los representantes del gobierno catalán han desembolsado 15.400 dólares en viajes entre Washington y Nueva York, un trayecto de 320 kilómetros que por tren suele costar apenas unos cuantos cientos de dólares. Se han destinado 3.500 dólares a viajes a Barcelona y Canadá, 2.700 a comidas, cerca de 2.000 a gastos de representación sin concretar y otros 3.400 a servicios telefónicos no especificados en el informe.

Ninguna otra autonomía española ha estado operando de este modo en la capital de EE.UU. Es la Embajada española la que se encarga de representar al Gobierno ante la Casa Blanca. En el pasado, cuando entidades públicas regionales se han registrado ante el Departamento de Justicia para intentar influir sobre el poder legislativo o ejecutivo, ha sido para promover intereses turísticos o comerciales.

No obstante, el independentismo catalán ha mantenido durante largos años un intenso activismo a favor de su causa en EE.UU., según denunció el anterior Gobierno español al clausurar estas pseudoembajadas en 2017. La 'embajada catalana' en Washington usó su plataforma para difundir una visión distorsionada de los hechos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Con documentos, enviados a medios estadounidenses, presentó la autodeterminación como la «única salida» debido a la postura de España y acusando al Gobierno español de agresión contra los catalanes. Los documentos incluían declaraciones de Carles Puigdemont y un informe de académicos internacionales que criticaba la negativa del Gobierno español a negociar la soberanía.

Al justificar el cierre de la delegación en Washington tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que entonces era secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, estimó el gasto de la delegación en Washington en el millón de euros anual. El cierre fue breve. En noviembre de 2018, tras el éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez, el que era consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, reabrió la delegación, que mantiene hasta hoy su actividad.

En este tiempo, los dos delegados que ha habido, Victòria Alsina e Isidre Sala, han mantenido contactos con legisladores y gobernantes a nivel federal, estatal y local, siempre alegando que estos formaban parte de cultivar «las relaciones de EE.UU. en Cataluña». Considerados lobistas extranjeros, estos delegados deben registrarse ante el departamento de Justicia norteamericano y presentar informes semestrales de sus actividades.

El sueldo del actual delegado, Sala, es de unos 90.000 euros anuales brutos, sin contar los complementos de destino. La base del salario es 10.000 euros mayor de lo que percibe el presidente del Gobierno español. Su predecesora, Alsina, fue luego consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto y dejó, posteriormente, la Generalitat tras la ruptura del pacto Junts-ERC. Ahora es concejal en Barcelona.

El delegado de Cataluña en los Estados Unidos ha estado activamente involucrado en fortalecer relaciones entre Cataluña y EE.UU., según se desprende de una serie de reuniones y correspondencias que ha mantenido con diversas personalidades e instituciones en los últimos meses.

En el semestre al que corresponde el último informe, el delegado mantuvo una serie de encuentros presenciales con Cindy Buhl y Kimberley Stanton, pertenecientes al equipo del congresista Jim McGovern, de Massachusetts. Posteriormente, mantuvo reuniones con Kristen Kaufman, subdirectora de la oficina del alcalde de Nueva York para Asuntos Internacionales, y con figuras destacadas como Jacqueline Ebanks, directora ejecutiva de la Comisión de Nueva York sobre Género e Igualdad, y la congresista Yvette Clarke. Para esos encuentros, aunque sean de corte político, los enviados catalanes no deben coordinarse con la embajada española.

Paralelamente, el delegado catalán ha mantenido una amplia correspondencia electrónica con varios actores clave. Destacan las comunicaciones frecuentes con Evan Reade, asesor de asuntos internacionales de la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis. También se intercambió correos con Amanda Hansen, secretaria adjunta para cambio climático del Consejo de Recursos Naturales de California, Holly Martinez, directora de la Comisión de California para la Mujer y las Niñas, y Emily Desai, directora adjunta para Asuntos Internacionales y Comercio.

El año pasado, se registró en Washington la delegación en EE.UU. de la ANC, la organización catalana registrada como asociación que tiene por objetivo principal alcanzar la independencia política de Cataluña. Desde entonces no ha informado de actividad ante las autoridades norteamericanas. El presidente de la llamada «Asociación en Estados Unidos de la Asamblea Nacional Catalana» es Miquel Fernández Barros, residente de Oklahoma, que la conforma con otras personas afincadas en los estados de Washington y Ohio.

En los estatutos de la nueva asociación en EE.UU. se afirma abiertamente que esta es «el brazo estadounidense de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con sede en Barcelona, Cataluña». Afirma que «las naciones pueden determinar libremente su estatus político y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural». Su objetivo, por último, es «explicar las implicaciones políticas, sociales y económicas del movimiento independentista catalán y de una potencial República Independiente de Cataluña».