La amnistía redentora

El presidente admitió ayer que ha autorizado cambios en el texto de la proposición, hoy sabremos en qué medida, para otorgar «más garantías» a los sediciosos separatistas. Es decir, para que Puigdemont se deje amnistiar y acceda a proporcionarle al Ejecutivo una mínima respiración asistida. Lo que antes era una mutua necesidad se ha convertido en una relación de dominancia enfermiza donde el presunto beneficiado se hace el estrecho ante un gobernante puesto de rodillas para suplicarle que acepte la insólita prerrogativa de quedar inmune a la acción de la justicia.

Así ha llegado el día en que el sanchismo anda en vilo a la espera del sí redentor de un delincuente huido –perdón: 'president' en el exilio– a quien ha convertido en árbitro de su destino. El pacto de Bruselas, firmado para salir del paso como si fuese una abstracta declaración de (falta de) principios, se va a acabar cumpliendo íntegro. Más aún: los insurrectos contra el ordenamiento jurídico van a ser investidos del poder de redactar los textos legislativos y determinar el alcance, el perímetro y hasta la definición de los delitos. Acaso incluidos los de traición y terrorismo.

No es que esto no estuviera en el plan inicial; de hecho la base del acuerdo de investidura de Sánchez consistía en su aquiescencia a la creación de un marco de derechos desiguales. Lo que han cambiado son los condicionantes, que permiten al independentismo afinar los detalles para asegurarse un máximo de cobertura favorable. La asfixia gubernamental por el caso Koldo-Ábalos-Armengol-etcétera (y el etcétera empieza a ser muy relevante) evapora los límites previstos al precio del chantaje. La claudicación se ha vuelto perentoria y los extorsionadores lo saben. Nunca imaginaron que siete escaños podrían resultan tan rentables. Lo tienen todo de cara: una negativa suya, un paso atrás, un mohín de desagrado, una simple objeción insignificante y el mandato entero de vendrá abajo como un castillo construido en el aire.