Manual del caso Koldo: quién es quién y en qué punto se encuentra la investigación

En concreto, se estudia si hubo cobro de comisiones irregulares a la hora de adjudicar contratos a la empresa Soluciones de Gestión, una compañía que pasó de facturar cero euros en 2019 a 54 millones en 2020.

Los materiales sanitarios estaban dirigidos a entidades que dependían de los Ministerios de Fomento e Interior y a los Servicios de Salud en Baleares y Canarias.

La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 2, a cargo del juez Ismael Moreno. La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Se sospecha que se hayan cometido delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, tenencia ilegal de armas y organización criminal.

La investigación parte de una denuncia del PP de Madrid en marzo de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción. Esta lleva la firma de Alfonso Serrano, secretario general de la formación en la Comunidad.

Los de Feijóo denunciaron 13 contratos, aunque actualmente son nueve los que se están investigando por un valor de 54 millones de euros. Todos ellos se cerraron mediante el procedimiento de urgencia por la pandemia.

En la trama están siendo investigadas una veintena de personas. Para los investigadores, el Ministerio de Fomento, ahora de Transportes, tuvo un papel «relevante» a la hora de adjudicar los contratos a Soluciones de Gestión, la principal empresa del caso.

Koldo García fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Antes de eso, había sido concejal por el PSN (Partido Socialista de Navarra) en Huarte. En 2018, pasó a ser chófer de Ábalos, cuando era secretario de organización de los socialistas.

Tras ser nombrado Ábalos ministro, Koldo García fue ascendido a consejero de Renfe Mercancías, un puesto muy criticado por su historial como portero de discoteca o burdel. Además, ha sido vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado.

Según la investigación, García ejerció de intermediario en la compra de mascarillas a través del Ministerio, una labor por la que recibió comisiones, al facilitar esos contratos. Según la Fiscalía, el que fuera asesor de Ábalos, abusó de su cargo público en esta tarea.

Con estas operaciones, Koldo García ha visto aumentar su patrimonio en 1,5 millones de euros. Con este dinero, entre otras propiedades, ha adquirido una vivienda en Benidorm sin hipoteca por valor de 115.000 euros.

Tras ser detenido, se encuentra en libertad con medidas cautelares: tiene que comparecer ante la Justicia cada 15 días. Asimismo, se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido salir de territorio nacional.

Juan Carlos Cueto está considerado como uno de los cerebros principales de la trama. La investigación le atribuye el puesto de dueño en la sombra de Soluciones de Gestión, la compañía a través de la cual se adjudicaron los contratos de mascarillas, que forma parte del Grupo Cueto y cuyo propietario oficial es el empresario vasco Iñigo Rotaeche.

Según la investigación, por esta trama, Cueto se ha adjudicado 9,6 millones de euros. Sin embargo, el empresario ha afirmado que no tuvo intención de aprovecharse de la venta de material sanitario y que actuó tratando de «ayudar a los españoles».

Actualmente se encuentra en libertad con medidas cautelares: el juez le prohíbe salir de España, algo a lo que no se ha opuesto su defensa.

Anteriormente, Cueto también ha sido procesado por otra causa en la Audiencia Nacional relativa a la venta de material policial a Angola y por transferir mordidas a Brasil y Luxemburgo.

Es uno de los comisionistas del caso Koldo y una pieza fundamental del entramado. En libertad con medidas cautelares, Víctor De Aldama tiene obligación de comparecer ante la Justicia cada 15 días. Asimismo, el Juzgado Central de Instrucción Número 2 le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de territorio nacional.

Abogado de profesión, De Aldama es el presidente ejecutivo del Zamora C.F., cuyas cuentas han quedado bloqueadas por la investigación. El club lo adquirió en 2018 con el Grupo Vivir, un fondo inmobiliario que cogestiona y que lleva varias viviendas de lujo en el madrileño Barrio de Salamanca, en San Sebastián de los Reyes, Arroyomolinos y Leganés.

Entre los cargos de Aldana destaca el de cónsul honorífico de Georgia en Zamora y el de cónsul honorario de España en el Estado de Oaxaca, un puesto que realmente nunca ha ocupado y que ejerce Manuel Alonso Serrano.

Tal como apunta la investigación, De Aldama gestiona como administrador único Brama Capital S.L. y Comercializadora Pizarras Santa Bárbara S.L. También fue propietario del 50% de Telefarmacia App, una plataforma para el envío de medicamentos que ha sido declarada ilegal por Sanidad y cuya actividad fue parada por la Justicia.

Según una investigación publicada por 'El Confidencial', la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se habría reunido con De Aldama y Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, en 2020. Estos dos empresarios, al parecer, buscaban obtener apoyo para dos negocios que no llegaron a buen puerto: uno relacionado con una aplicación para la compra de medicamentos a domicilios y otro inmobiliario para pueblos abandonados.

Es el hermano de Koldo García. Según la investigación, el exasesor de Ábalos le habría utilizado para ocultar la «titularidad real» de adquisiciones que se habían obtenido gracias a las mordidas que llegaron por los contratos.

Desde 2019 está vinculado a INECO y EMFESA, ambas dependientes del Ministerio de Transportes.

Es la mujer de Koldo García. También ha sido militante del PSN, aunque ha quedado suspendida tras conocerse los hechos.

Entre 2017 y 2022 ha visto aumentadas las propiedades de las que es titular.

Es subteniente de la Guardia Civil, destinado al Departamento de Seguridad del Ministerio de Transportes.

Entre 2022 y 2023, mantuvo reuniones con Koldo, según la investigación. Así, el juez ve indicios de que tuviera «conocimiento» de la trama, al igual que de una «posible participación» en la misma. Según la Justicia, es una de las piezas «clave en la gestión de los contratos investigados».

Es un empresario vasco, titular oficial de la empresa Soluciones de Gestión, que ha obtenido los principales contratos de la trama.

Actualmente, está en libertad con medidas cautelares: se le ha retirado el pasaporte, al igual que tiene prohibido salir de territorio nacional.

Es la principal compañía de la trama. Sus ingresos pasaron desde los cero euros en 2019 hasta los 54 millones de euros en 2020. En el siguiente año, 2021, las cuentas fueron de 845.670 euros.

Los contratos procedían del PSOE y del Gobierno, de instituciones como los ministerios de Transportes e Interior. Asimismo, también hizo negocios con los ejecutivos balear y canario.

El primero de todos estos contratos se firmó en marzo de 2020 y venía de Puertos del Estado (14,5 millones), de cuyo Consejo Rector fue vocal Koldo García. El segundo, procedía de Adif (12,5 millones) y el tercero, de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial (3,5 millones).

Respecto a los regionales, la compañía cerró acuerdos con Canarias (4,7 millones) y después con Baleares. El segundo de ellos tenía un valor de 3,7 millones, aunque posteriormente el Ejecutivo de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, reclamó 2,6 millones por recibir material equivocado.

Por todos estos contratos, la empresa se llevó un beneficio neto del 32% del total del negocio, tras pagar a los suministradores reales de la mercancía y a los transportistas, según ha informado la Guardia Civil.

En concreto, según el desglose, Soluciones de Gestión pagó 10,4 y 8,6 millones respectivamente a las intermediarias Gama Global Trading y Star Tic Innovation, que fueron las proveedoras del material. Posteriormente, a las encargadas del transporte, Iberia, Air Europa y Anglia, les entregó 7,8 millones.

La 'Operación Delorme' ha movido millones de euros. La principal compañía implicada en la recepción de contratos, Soluciones de Gestión, se llevó 54 millones de euros. De los implicados, Juan Carlos Cueto obtuvo 9,6 millones de beneficios y Víctor De Aldama, 5,5. Parte de esas cantidades ambos las han destinado a comprar propiedades o la han desviado a otros países.

Por su parte, Koldo García ha visto aumentado su patrimonio familiar en un millón y medio de euros. También su mujer y su hija (menor) son titulares de varias propiedades en Benidorm.

Finalmente, Joseba, el hermano de Koldo, ha obtenido en cuentas de fondos varios cientos de miles de euros. En concreto, en 2020 ganó 130.652 euros; un año después, 84.967 euros y en 2022, 52.125 euros.

El exministro no está imputado en la trama. Hasta el momento el juez lo ha señalado como «intermediario» del caso para resolver la reclamación del Gobierno de Baleares a la empresa Soluciones de Gestión por material incorrecto. El valor de ese contrato en concreto era de 2,6 millones de euros. Según la investigación, Ábalos se reunió con Koldo, quien pretendía que esa reclamación del Ejecutivo balear acabase cayendo por desestimiento.

«Ni de coña», ha expresado Ábalos este jueves en una entrevista en Cuatro, en la que ha negado ese papel que le atribuye la investigación, que fija como clave al Ministerio de Fomento –denominado de Transportes desde comienzos de 2020– «en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión».

El nexo entre José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor De Aldama era el hermano de este último, Rubén De Aldama, un policía que ha sido escolta y chófer del exministro y que también ha sido detenido por la UCO.

El juez del caso Koldo ha hecho hincapié en la capacidad que tenía García para poner en contacto a altos cargos. Por ejemplo, a la responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO con «Pedro» a través de Ábalos. Ese «Pedro», que en ningún momento queda especificado quién es, es supuestamente un amigo personal del exministro.

También podría tratarse del presidente de Correos, Pedro Saura, o de cualquier alto cargo que lleve ese mismo nombre.

Los pasados 20 y 21 de febrero la Guardia Civil llevó a cabo 26 registros domiciliarios, a la vez que detuvo a una veintena de personas, entre las que se encuentra el propio Koldo García, dos de sus hermanos, su esposa, Juan Carlos Cueto o Víctor De Aldama. Cuatro de ellas se encuentran en el foco de la investigación, aunque en libertad con medidas cautelares.

Entre los registros, efectuados por orden de la Audiencia Nacional, se ha encontrado joyas, relojes o dinero en efectivo. También alguna sorpresa, como que el comisionista Víctor De Aldama guardaba en su casa un arma, una carabina, sin licencia para ello. Por su parte, el empresario de Murcia Rogelio Pujalte tenía una pistola táser, también sin permiso.

Así, el juez les ha ampliado sus imputaciones a tenencia ilícita de armas. También, se han congelado 88 cuentas, embargado 13 fincas y trabado una docena de coches de alta gama.

Según los informes de la Fiscalía Anticorrupción, Koldo García y José Luis Ábalos se reunieron en más de una ocasión en la marisquería 'La Chalana', cerca del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

La marisquería fue fundada en Avilés y cuenta con cuatro locales en España, dos de ellos, en la capital.

Desde que salió a la luz el presunto caso de corrupción, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE decidió de manera «unánime» pedir a Ábalos su acta de diputado. Para ello, le dio un plazo de 24 horas. A pesar de que el exministro no está imputado por el momento en la trama, su ya expartido sí que consideraba que había «responsabilidad política» por su parte. Además, la formación ha impulsado una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer los hechos.

Aunque no renunció a su acta de diputado, Ábalos sí dejó su cargo de presidente de la Comisión de Interior de la Cámara Baja. El exministro de Transportes, que insiste en que todos los contratos fueron legales, ha sido expulsado del partido, pero continúa como parlamentario, en el Grupo Mixto. En una entrevista en Onda Cero aseguró que la decisión del PSOE es «populismo justiciero» y anunció su intención de presentar alegaciones.

El Gobierno asegura desde el primer momento que desconocía toda esta supuesta trama, al tiempo que se ha mostrado a favor de que «caiga todo el peso de la ley» sobre los implicados, si se llega a demostrar que son culpables. Asimismo, el líder del Ejecutivo ha negado que el cese de Ábalos como ministro tuviese algo que ver con los hechos.

Por su parte, el actual titular de Transportes, Óscar Puente, ha impulsado también una auditoría para aclarar si hubo o no irregularidades.

Respecto a los entonces responsables de los Gobiernos canario y balear, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, y Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, han afirmado que los contratos que firmaron se hicieron conforme a la legalidad.

Desde el PP, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno de saberlo y taparlo. Así, su partido ha creado un grupo de trabajo para estudiar el caso, al tiempo que ha impulsado la creación de una comisión de investigación en el Senado, a pesar de no apoyar la impulsada por los socialistas en la Cámara Baja, que ha calificado como «teatro».

El principal partido de la oposición exige asimismo que comparezcan en el Congreso el presidente del Gobierno, el propio Ábalos, el actual ministro de Transportes y el de la Presidencia, y el entonces titular de Sanidad, Salvador Illa.

Por su parte, desde Vox también piden explicaciones al Ejecutivo por los hechos.