La eterna crisis de la V República

Bayrou, nombrado primer ministro en diciembre de 2024, trató de imponer una agenda de rigor fiscal y reformas impopulares en un contexto de fragmentación parlamentaria. Presentó un plan de ajuste de 45.000 millones, incluyendo recortes sociales y subidas de impuestos. Al no contar con respaldo suficiente, sometió su programa a una moción de confianza que perdió de forma rotunda: 364 votos en contra frente a 194 a favor. El Gobierno cayó en lo que se calificó de gesto «suicida». Macron designó entonces a Sébastien Lecornu, un hombre de su confianza, como nuevo jefe del Ejecutivo. El nuevo primer ministro hereda no solo la agenda presupuestaria pendiente, sino un Parlamento ingobernable y una ciudadanía más desconfiada.

Sin embargo, Lecornu parte con tres ventajas políticas que podrían darle cierta estabilidad. Primero, un cambio de método: por primera vez, Macron ha pedido que el nuevo primer ministro consulte a los partidos antes de formar gobierno, abriendo la puerta a una práctica más parlamentaria en una república presidencialista. Segundo, Lecornu no es un tecnócrata ajeno al aparato, es un político de carrera, con experiencia, sin escándalos ni enemigos declarados y bien considerado entre sus colegas. Y tercero, la izquierda moderada (socialistas, ecologistas y comunistas) ya no está amarrada al chantaje de La Francia Insumisa, lo que podría abrir espacios para pactos tácticos.

Este colapso gubernamental revela que Francia está debatiendo con pasión y dramatismo parámetros que en España apenas provocan inquietud. La reforma de las pensiones en Francia, por ejemplo, se justificaba por un déficit proyectado de 15.000 millones en 2035. Las calles se llenaron de manifestaciones, las encuestas reflejaron la división del país y el debate se instaló en todos los rincones de la política y los medios. Mientras tanto, España convive con un déficit estructural de la Seguridad Social que, según datos recientes, ha exigido transferencias del Estado por valor de más de 48.000 millones para cubrir los pagos de 2024. A pesar de que nuestro desequilibrio es superior, el debate sobre la sostenibilidad del sistema no sale de los expertos.

No se trata de importar la conflictividad francesa, pero sí de advertir que la pasividad puede salir cara. Francia muestra que los desequilibrios fiscales acaban siendo tensores políticos y sociales de primer orden. También allí, como aquí, la deuda se ha disparado en los últimos años. Estamos en una misma lógica de financiación deficitaria crónica, solo que Francia ha decidido confrontarla con un debate abierto, mientras en España se prefiere el aplazamiento. Aquí deberíamos tomar nota no para copiar el estilo francés de confrontación, sino para entender que el tiempo del silencio presupuestario se acaba. Los números del sistema de pensiones, del gasto público y de la deuda no son solo cifras contables: son advertencias. La estabilidad institucional no puede construirse sobre la ignorancia voluntaria de sus bases económicas. Si Francia debate con crudeza lo que aquí apenas se murmura, tal vez lo más prudente sea empezar a hablar.