El enchufismo como estrategia

La anécdota atribuida al cacique alpujarreño Natalio Rivas es un retrato atemporal del enchufismo a la española. Cuando regresó a su tierra natal tras recibir una cartera ministerial durante la Restauración, le salió al paso un aldeano que, hablando en nombre del pueblo, le gritó: «¡Natalico, colócanos a tós!». Aquella frase, entre la súplica y la exigencia, revela la normalización de un vicio que no ha dejado de reproducirse, adaptado a los nuevos tiempos. Lo escandaloso no es solo el vicio, sino su blanqueamiento sistemático. La España de Sánchez parece haber asumido con resignación que los cargos del partido deben tener como retribución inmediata una red de colocaciones para familiares, amigos y militantes. Como si la victoria electoral les otorgará una franquicia sobre el Estado.

La lista reciente de casos da para una novela de picaresca financiada con dinero público. Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, fue colocada en Ineco y Tragsatec mediante procesos selectivos amañados y bajo la presión de altos cargos del Ministerio de Transportes. Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias', declaró ante el juez que fue enchufada en LogiRail tras contactar con Ábalos por Instagram. Más grave aún es el caso de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde la Guardia Civil ha detectado irregularidades en al menos 84 contrataciones, muchas de ellas vinculadas a militantes, familiares y afines del PSOE andaluz. Entre los beneficiarios está Carmen Ibanco, esposa de Juan Espadas, actual portavoz socialista en el Senado, cuyo ascenso se realizó sin proceso selectivo y contraviniendo todos los principios legales de acceso a la función pública. La Faffe ya había sido noticia por el uso de fondos en prostíbulos, pero la red de colocación paralela que allí operó demuestra que no se trataba de excesos aislados, sino de una cultura política. El caso de Leire Díez, periodista y militante socialista que fue mantenida en puestos de Correos y de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), y que pidió investigar a mandos de la Guardia Civil, abre otra grieta: la de los tentáculos partidistas que se aprovechan del Estado para sus fines.

Esta cadena de abusos no es un invento de Pedro Sánchez, pero ha encontrado en su forma de ejercer el poder el clima perfecto para proliferar. El sanchismo no ve el Estado como una institución al servicio de todos, sino como un botín de guerra donde repartir recompensas a los leales. En su universo político no hay funcionarios, hay comisarios ideológicos; no hay técnicos, hay operadores de partido; no hay mérito, hay cercanía al poder. Esta concepción que considera al Estado como un botín se extiende más allá del PSOE y se ha convertido en el rasgo central de una legislatura que nunca debió iniciarse, con un Gobierno extremadamente débil que sólo existe por el interés de unos socios que saben que pueden obtener de él lo que les plazca. Un Ejecutivo precario que debe terminar de inmediato como han pedido desde el líder de la oposición a miembros del propio PSOE.