Informe de la UCO: la mujer de Juan Espadas se «benefició» de un ascenso exprés en la Faffe cuando era consejero andaluz

«La investigada no solo habría sido beneficiaria de una contratación que no se habría ajustado a la normativa vigente, sino que también se habría beneficiado de un ascenso en su categoría laboral, con la correspondiente mejora salarial, sin haber llevado a cabo el proceso de selección» obligatorio en una administración pública como era la Faffe, concluyen los agentes tras analizar su expediente.

Tanto la contratación como la promoción interna de Carmen Ibanco se llevaron a cabo cuando su marido ocupaba altos cargos en el Gobierno socialista de Manuel Chaves. El 1 de febrero de 2007, cuando Espadas era viceconsejero de Medio Ambiente (2004-2008), entró a trabajar con un contrato de duración determinada por obra o servicio como técnico de nivel E para realizar «tareas de apoyo técnico al proyecto de acciones para la mejora de la calidad en los procesos de intermediación» con una nómina de 1.783,81 euros brutos mensuales.

La principal fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones que le concedía el Gobierno andaluz cada año para formar a trabajadores y parados.

«En el año 2009», cuando Espadas era consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio (2008-2010), su mujer logró «una promoción profesional interna de la que documentalmente no existe constancia alguna, ni de la convocatoria, ni del nuevo proceso de selección», advierte la UCO, que se basa en un informe del Servicio Andaluz de Empleo requerido por el juez José Ignacio Vilaplana. «Pasó a prestar sus servicios como técnico de nivel D», lo que le permitió obtener una mejora en sus retribuciones que los investigadores cifran en 8.683,09 euros en total en los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.

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Antonio R. Vega

En mayo de 2011 el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) acordó disolver la Faffe, pero sin prescindir de sus 1.664 trabajadores. Hasta 84 allegados al PSOE, denunciados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, fueron enchufados sin un proceso selectivo ajustado a la norma. La principal vía de acceso de los 84 fue una entrevista personal, según corrobora la UCO. Todos ellos fueron absorbidos como personal del SAE, la agencia pública que gestiona las oficinas de empleo en Andalucía, donde siguen trabajando y han consolidado sus puestos.

En la comisión de investigación creada por el Parlamento andaluz sobre las contrataciones irregulares de la Faffe, Carmen Ibanco contó que había leído en El País una oferta de empleo de la Faffe y decidió enviar su currículum al director de Recursos Humanos el 27 de enero de 2007. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, fue preseleccionada y citada sólo 24 horas después por teléfono para una entrevista al día siguiente.

El anuncio indicaba que los interesados debían remitir por correo postal su currículum con la referencia de la vacante a la que optaban, pero la mujer del que fuera alcalde de Sevilla se lo envió por correo directamente al directivo de la Faffe, lo que «pudiera denotar, a priori, la privilegiada posición que de partida poseía la investigada» frente al resto de candidatos, sospecha la UCO. En ningún caso, la oferta «menciona esta forma de proceder», precisa. La Faffe acabó reclutando a los cinco candidatos que se presentaron mediante una oferta genérica del SAE.

El «supuesto proceso de selección», como lo califica la Guardia Civil, «habría adolecido de numerosas deficiencias». De las 13 fases que debían haberse desarrollado según el convenio colectivo, «tan solo se llevaron a cabo las cuatro primeras». No consta la baremación curricular «ni la estructura de la entrevista a desarrollar».

«La insuficiente justificación existente sobre la contratación pondría de manifiesto que se pudiera haber llevado a cabo vulnerándose los principios normativos de principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades recogidos en el convenio colectivo de la Faffe como en la normativa estatal y autonómica», afirma.

Aprovechando los cerca de 300 millones de euros que durante ocho años inyectó el Ejecutivo en la fundación a través de subvenciones excepcionales, el PSOE fue tejiendo una malla clientelar. La fundación se convirtió en una máquina «fraudulenta» de desvío de fondos públicos a través de contratos amañados, facturas ficticias endosadas a ayudas y enchufes masivos de allegados a los que mandaban en Andalucía. El eslabón más sórdido de esta trama de corrupción fueron los gastos con dinero público en prostíbulos que hizo su ex director general, Fernando Villén, que fue miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE entre 2008 y 2010.