Contra Sánchez y Pumpido sólo resiste el diccionario

Todo esto viene a cuento del delirio en el que andamos chapoteando. De repente sales, te cruzas con eso que la purria política denomina pomposamente ciudadanía y te preguntas si de verdad a los próceres de la patria cuarteada les preocupan las mismas cosas que aquellos a quienes dicen proteger. Y no, nada de eso. O al menos la cosa está maleada porque ha calado, nos han colado, un cómo debemos vivir que no centrifuga sino que expulsa a quienes respetamos la ley pero ni de lejos estamos conforme con él. Ahorman un canon que no acentúa lo que nos une sino que exhibe los que nos distingue del otro. Y peor, se legisla para eso.

Se nos rompió el diálogo de tanto sobarlo hasta ver cómo los políticos transmutan en 'influencers' que alzapriman la diferencia y desdeñan la coincidencia. Polarizarse hoy es credo, el denuedo suicida no por atraer al descarriado sino por mimetizarse con él, un si no puedes con los radicales, radicalízate con ellos. Hay tacticismo y poca valentía en este método amalgamador que no es progreso sino retroceso, seguro, en derechos hasta llegar al esperpento de hoy. Un Gobierno con su maqueado TC que manda un mensaje tóxico a la sociedad, cómo alertaba acertadamente Ignacio Camacho: los míos no malversan, no prevarican, no defraudan. Cómo explicar a los que vienen detrás que se ha consolidado la impunidad de parte como forma estable y necesaria para proteger la democracia de la extrema derecha, esa en la que entran de hoz y coz quienes prefieren permanecer al otro lado del muro.

El DRAE define la impunidad como «algo que queda sin castigo». El «algo» es un golpe de Estado en Cataluña o un latrocinio para consolidar un sistema clientelar en Andalucía. Un sistema que, otra vez el DRAE, es prevaricador porque «la autoridad, un juez o un funcionario dicta a sabiendas una resolución injusta». Y la gente-gente, a la que pertenecemos todos menos Sánchez y sus aliados, creíamos que malversar era «apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función».

Malo cuando un país tiene que acudir al diccionario para entender lo que ya no te explica la ley y, ni tan siquiera a la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, titiriteros de un presidente que sólo encaja en otra definición del diccionario: «autócrata, persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado». El diccionario como refugio ciudadano, ahí donde, por ahora, el sanchismo apenas mete mano, mientras tratamos de vivir más pendientes de los académicos que de nuestros legisladores.