La España positiva de la Corona

La reivindicación de España como un gran país no es un tópico de los discursos navideños del Jefe del Estado, sino un necesario llamamiento para reaccionar ante una deriva que mantiene al país sumido en incertidumbres, entre las que el Rey Felipe VI destacó Cataluña. No hubo más mención explícita al desafío separatista, pero todo el discurso estuvo asentado en la obligación de preservar la concordia, la Constitución y la cohesión social. Sólo quienes se han propuesto atacar estos valores de la sociedad española deben sentirse aludidos y señalados por un discurso que, por ser del Jefe del Estado, resume las responsabilidades constitucionales que están depositadas en el Rey. Sí fue explícito el discurso en emplazar al Congreso de los Diputados para «tomar la decisión que considere más conveniente para el interés general de todos los españoles», afirmación que cada cual podrá interpretar desde la perspectiva que quiera, pero que tiene un significado objetivo en la España de hoy. No todas las formaciones políticas representadas en el Parlamento nacional son adecuadas para el interés general de los españoles. Algunas representan exactamente lo contrario de los principios en los que se apoya la estructura constitucional de la España contemporánea. El interés general no puede estar en partidos que piden la ruptura de la unidad nacional, o la derogación de la monarquía parlamentaria o el regreso a organizaciones predemocráticas. La misma claridad se identificó en la vinculación que defendió el Jefe del Estado entre el progreso de España y «el adecuado funcionamiento del Estado», preocupación esta a la que el Rey no puede ni debe renunciar en aras de un discurso pretendidamente vacío para contentar a todos. Las reacciones al valioso discurso real del 3-O de 2017 diferenciaron a quienes abogan por la aplicación de la Constitución de quienes quieren sumir a España en el caos político y la discordia civil. El adecuado funcionamiento del Estado es aquel que garantiza el imperio de la ley, la vigencia de la Constitución y el respeto a la igualdad entre los españoles, con un presupuesto común: el de la unidad nacional.

La superioridad institucional de la Corona, como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, se proyecta en su función de arbitrar u moderar las instituciones de ese Estado, según el mandato expreso de la Constitución. Y esto es lo que el Rey Felipe VI ejerció ayer, aunque algunos desearían silenciar, porque les incomodan sus verdades. La ausencia de intereses partidistas en la visión que el Rey tiene de España le permite abordar los problemas nacionales con planteamientos que convocan a todos los ciudadanos, porque se basan en lo que les une, no en lo que les separa; porque recuerda el envidiable nivel de nuestros servicios públicos, en vez de estar negándolo para justificar la crispación y el enfrentamiento en un retorno a la vieja, caduca y tiránica lucha de clases. Por eso, la Corona sigue siendo la mejor certidumbre con la que cuentan los españoles en un tiempo de «deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones», una afirmación que el Rey también asumió para la institución que él representa cuando accedió a la Jefatura del Estado en 2014 y se propuso convertirla en vanguardia de transparencia y ejemplaridad públicas. No es extraño que quien así habla de España y así la defiende frente a toda clase de amenazas, se transforme automáticamente en el objetivo a derribar por todos cuantos se han propuesto poner fin a la unidad y permanencia de España como Estado democrático y como Nación unida.