La Diputación de Lugo acata las conclusiones de Inspección de Trabajo, que en un demoledor informe concluyó que el inmueble en el que se ubica el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación —tiene delegadas las competencias de hasta 62 ayuntamientos de la provincia— incumple la normativa en materia de riesgos laborales, y autoriza las medidas correctoras que le fueron impuestas. En un decreto fechado el pasado 14 de abril y firmado por la vicepresidenta, Lara Méndez López, la institución provincial reconoce las deficiencias estructurales detectadas y ordena al responsable del Servicio de Urbanismo, en cuya estructura se integra la Unidad de Mantenimiento, que ejecute los trabajos referidos.

El documento al que ha tenido acceso ABC, y con el que el organismo que presidente José Ramón Gómez Besteiro responde al informe de Trabajo que en su día desveló este diario —a raíz de una denuncia presentada por CC.OO.—, hace referencia a un «programa de mantenimiento periódico, que contenga protocolos de seguimiento y cronograma de actividades», con el objetivo de responder de «modo ágil y eficaz» a las incidencias que se produzcan en el centro de trabajo de la calle Tui. Del mismo modo, exige que se expida el certificado de inspección a un Organismo de Certificación Autorizado (OCA), en aras de que se constate que se cumplen las obligaciones en materia eléctrica; y pide la elaboración de informe en el que se recojan las actuaciones de mantenimiento realizadas en los últimos años.

De manera más específica cita otras medidas con las que atender el requerimiento de Trabajo, entre las que se incluye la reparación de la puerta automática, la instalación de extintores contra incendios, señalizaciones en el local, una mejora en la regulación de la calefacción, ampliar la superficie libre (a criterio de los responsables jerárquicos del Servicio) y sustituir el mobiliario averiado o deteriorado (empezando por las sillas del personal adscrito), entre otras que se puedan llegar a determinar.

Años de reclamaciones

Deficiencias todas ellas que los trabajadores del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, dependiente de la institución provincial, llevan años reclamando sin que sus inquietudes obtuvieran respuesta alguna por parte del bipartito lucense hasta la intermediación de Trabajo. Un año tuvo el gobierno del también secretario general del PSdeG para evitar la denuncia de Inspección, haciendo oídos sordos a los numerosos escritos que le hizo llegar la plantilla (en varias ocasiones pidieron reunirse con Besteiro). Y fue precisamente su negativa a negociar la que llevó a Comisiones Obreras a poner en conocimiento de la Inspección provincial las condiciones en las que se ofrecía el servicio, y no por «un capricho» de los funcionarios adscritos al departamento, sino por el «acondicionamiento y mantenimiento mínimo que se debe exigir a un ente público», según indicaron a este periódico las fuentes consultadas. La Diputación de Lugo tiene ahora hasta el 6 de mayo para adecuar el local a la ley vigente.