Un día después de que ABC lo revelase, la exconcejala del PSOE de Vimianzo Monserrat Vázquez ha querido contarlo por su boca: «Manuel Antelo (alcalde nacionalista de este municipio de la Costa da Morte) me mandó a un mensajero que nos explicó que si queríamos que se solucionase la prórroga del edificio —solicitada a finales de 2013, pero sin respuesta hasta enero—, teníamos que aceptar un chantaje».

La edil, que ofreció una rueda de prensa junto a su compañero José Manuel Rodríguez Blanco —ambos concejales no adscritos tras ser expulsados del PSdeG por apoyar, en marzo del año pasado, una moción de censura contra el regidor—, relató con minuciosidad cómo se fraguó una «persecución constante y continua» que, asegura, puede demostrar con «documentos». En concreto, tres audios grabados por ella misma durante este enero —a los que tuvo acceso en exclusiva este periódico— en los que se escucha la conversación entre el «mensajero» y la edil bajo la presencia de algunos familiares de ésta.

El «recadero» no es otro que Jaime Casais, aparejador, amigo del teniente de alcalde y director de obra del edificio en cuestión. Un inmueble en construcción propiedad del padre de la edil que, «por problemas de la crisis», permanece parado. El «chantaje», verbalizado por Casais porque Antelo «nunca llegó a dar la cara», se resume en lo siguiente: o retiraba su respaldo a la moción de censura contra el alcalde o actuaría contra esa propiedad familiar. Así queda recogido también en la denuncia ante la Guardia Civil presentada por Vázquez pese a la «oposición» de su familia. En ella se explica que «si no cedía al chantaje del alcalde nunca me daría una licencia de actividad y nunca me daría la licencia de primera ocupación del edificio».

La exsocialista explicó que decidió denunciar la situación ante la Benemérita «para que se viera que, este señor [en referencia a Antelo], abusando del puesto que ocupa, se toma la Justicia por su mano». Este lunes daba un paso más reconociendo públicamente la «situación tan triste y desagradable que incluye a mi familia y a nuestros negocios » vivida estos meses. Vázquez no pudo evitar emocionarse al narrarlo todo. «Hablé con gente de confianza y me recomendaron que lo grabara. Fue duro; lo pasamos bastante mal», lamentó, al tiempo que reprochó: «A día de hoy, el Ayuntamiento no me ha dicho qué le pasa al edificio».

«Debería irse él»

Y es que en medio de las visitas de Casais —un total de tres—, se llevaron a cabo varias mediciones en el edificio para comprobar si se adecuaba al proyecto original. «De la inspección realizada se deduce que la edificación a día de hoy no se compadece con el contenido de la licencia, por lo que deberá ordenarse la paralización inmediata de las obras», argumentaba en un escrito el arquitecto municipal.

Tras conocerse públicamente la extorsión, los dos concejales no adscritos aseguran con rotundidad: «Tenemos pensado pedir la dimisión» del regidor, aunque eso «era lo que debería de hacer él», protestan. También instan al propio PSOE a solicitar su marcha «sin esperar más», si bien no tienen esperanzas de que ello ocurra.

De hecho, Rodríguez Blanco, que respaldó a su compañera en todo momento, mostró su decepción por que nadie de la formación se pusiese en contacto con ellos en las últimas horas. « Estamos tan quemados con el partido que ya no esperamos nada», reconoció el concejal, que hace un año ya había puesto en sobreaviso a Francisco Caamaño, secretario provincial del PSdeG, del «acoso» que estaban sufriendo por parte del Bloque. El exministro, sin embargo, prefirió desoír las quejas. Pronto encontró una vía de escape para olvidar el asunto, pues los ediles fueron poco después expulsados tras apoyar la moción de censura.

Una moción que mantuvo en vilo al Ayuntamiento a lo largo de todo un año. Impulsada en marzo de 2013 por estos dos concejales socialistas, tres independientes y dos populares, el gobierno vimiancés se encargó de augurarle un escaso recorrido al alegar que el escrito no cumplía con los requerimientos legales necesarios. Porque si bien el texto contaba con la acreditación notarial, no tenía la validez del secretario del Consitorio. Este defecto de forma, utilizado por el Concello para boicotearla, quiso ser remediado por los ediles censores, pero el PSdeG actuó antes que sus dos concejales y les retiró la condición de afiliados, tal y como manda el reglamento.

La Justicia, de su parte

Con el paso de los meses, la Justicia les acabó dando la razón en dos cosas: que su expulsión del partido se había realizado de manera irregular porque se habían «vulnerado los derechos fundamentales de asociación» de ambos —posteriormente se les volvió a retirar el carné de manera provisional, con lo que ahora permanecen como no adscritos— y que la moción de censura carecía de esos defectos de forma aducidos en un informe elaborado por el propio secretario del Ayuntamiento. Corría el mes de noviembre cuando el TSXG le daba validez al texto. Ahí empezó el chantaje. En marzo de este año, justo cuando se cumplía un año de presentarse la moción, los dos compañeros decidían retirar su apoyo, aunque entonces ya auguraban que pronto saldrían a la luz las «presiones muy fuertes» que habían soportado durante todo ese tiempo. ABC las desvelaba, en exclusiva, el pasado domingo. La propia acosada las confirmaba este lunes.