Es jueves, 9 de enero de 2014, día de mercadillo en Vimianzo, municipio de la Costa da Morte. Montserrat Vázquez se encuentra en la cocina situada detrás de la óptica que regenta su hermana cuando recibe la visita de Jaime Casais. «El alcalde le había transmitido que de seguir con la moción de censura contra su persona, tomaría medidas contra el edificio que está en construcción y que es propiedad de los padres de la denunciante. Que necesitaba una respuesta y que nos daba una semana de plazo». Así lo expondría ella días más tarde en una denuncia ante la Guardia Civil.

Vázquez es edil en este Ayuntamiento coruñés gobernado por Manuel Antelo, del BNG. Él es afín a Abrente, una de las facciones internas y único contrapeso a la mayoritaria UPG. Ella era concejala por el PSdeG, hasta que en marzo de 2013 presentó con seis miembros de la oposición una moción con la que apartar a Antelo de la Alcaldía. Por este motivo, tanto ella como su compañero José Manuel Rodríguez Blanco fueron expulsados del Partido Socialista. Pero una sentencia anuló el pasado diciembre dicha decisión al entender «vulnerados los derechos fundamentales de asociación» de ambos. A la espera de que se resuelva esta situación —expulsados provisionalmente, pero cumpliendo esta vez la legalidad— continúan como ediles no adscritos. También la moción de censura acabó en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, después de que el Concello la bloqueara. La razón estuvo, en noviembre, del lado de los demandantes.

Como Casais, aparejador y amigo del teniente de alcalde, quedó en volver el 16 de enero, Vázquez decidió prepararse. Consideraba que estaba siendo chantajeada con cuestiones personales para lograr fines políticos. Para demostrarlo, utilizó un teléfono móvil con el que grabó las advertencias. Esos audios se adjuntaron a la declaración que ella realizó ante la Benemérita. ABC acaba de tener acceso a ellos en exclusiva. Se trata de tres documentos de sucesivos encuentros en los que se escucha tanto al propio Casais —que asegura estar enviado a través de Antelo— como a la concejala y a tres de sus familiares. Aunque en el primero de ellos —de media hora de duración— hay algunos instantes en los que no se aprecia todo el contenido, de ellos se concluyen sus afirmaciones de chantaje, palabra a la que se alude en varias ocasiones. Los dos restantes sobrepasan los diez minutos. El propio intermediario —que es a su vez director de la obra sobre la que el regidor amenaza con actuar— se muestra estupefacto ante la situación en la que está inmerso y descalifica al alcalde nacionalista por su comportamiento.

Expediente abierto

Aquel 16 de enero, el mensaje transmitido —ahora grabado a diferencia del primer día— se resume así en la denuncia: «Que si yo no me presentaba en el pleno de la moción de censura, no tomaría represalias contra el edificio. Que si no cedía al chantaje del alcalde nunca me daría una licencia de actividad y nunca me daría la licencia de primera ocupación del edificio».

Como consecuencia de las presiones, Vázquez se encuentra con tratamiento por depresión, hecho que también consta en el informe médico entregado en sede judicial. Las recomendaciones de su entorno la llevaron finalmente a renunciar a la moción de censura. Lo anunciaba con Rodríguez Blanco en marzo, pero sin concretar entonces los porqués que este diario ahora desvela.

El expediente ya estaba en marcha. Afecta a un edificio en construcción del padre de la edil en cuyos bajos hay en funcionamiento un supermercado. En noviembre se había solicitado una prórroga de la licencia de obra, que sirvió en bandeja el chantaje por el que clama la concejala. El 17 de enero, un día después de la segunda advertencia, se efectúan mediciones para comprobar si el inmueble cumple con el proyecto original. Se concluye que no por aspectos como que la altura de cornisa es de 15,10 metros en lugar de los 13,10 aprobados; que la altura de la planta baja es de 4,30 y no 3,60; que el portal de entrada no está en lugar previsto; que la cubierta es a dos aguas y no en bóveda rebajada; que la fachada debería medir 51,25 y en realidad se queda en 50,67; que el fondo es de 16,70 y no de 14,70. «De la inspección realizada se deduce que la edificación a día de hoy no se compadece con el contenido de la licencia, por lo que deberá ordenarse la paralización inmediata de las obras y la apertura de expediente de reposición de la legalidad urbanística», concluye el arquitecto municipal el 24 de enero. Tres días más tarde, Antelo publica una resolución que detiene la construcción «por no ajustarse a la licencia otorgada».

La demandante no niega que el proyecto inicial no se ajustara completamente a lo previsto, pero apunta que se trata de una inspección selectiva consecuencia de su rivalidad política: «Si viene a por nosotros tiene que a ir a por... —y enumera varios vecinos en la grabación—. Es una persecución».