La sesión de control de este miércoles en el Parlamento gallego ha estado marcada por los reproches de la oposición a las políticas del Gobierno de la Xunta que, según PSdeG, AGE y BNG, provocan «pobreza». Sin embargo, el presidente autonómico ha descartado este «panorama catastrófico», al tiempo que ha aprovechado la situación para anunciar dos medidas que caminan en la dirección de favorecer a los que menos tienen.

Al nacionalista Francisco Jorquera, que ha preguntado por las iniciativas del Ejecutivo autonómico para combatir la «creciente pobreza energética de Galicia», Feijóo le ha recordado la reciente puesta en marcha del plan de biomasa, aprobado la semana pasada por el Consello de la Xunta. Un plan encaminado a sufragar los gastos de unas mil calderas en hogares del rural y del que se podrán «beneficiar unos 35.000 gallegos». Y a este programa, con su consecuente ahorro energético, ha añadido un nuevo anuncio.

Según el jefe de San Caetano, los servicios sociales de la Xunta están trabajando en conjunto con la Consellería de Economía e Industria para «construir un ticket energético» en Galicia con el que rebajar la tarifa eléctrica a personas con rentas bajas. En concreto, a todas aquellas que tengan «ingresos inferiores al Iprem y con cargas familiares», ha especificado.

También ha insistido en que planteará una «comisión bilateral» con el Gobierno central porque «no estamos de acuerdo con la última ley eléctrica que aprobaron», ha puntualizado tras ser instado previamente por Jorquera a «defender los intereses» de la Comunidad. «Nosotros sí defendemos los intereses de Galicia», ha replicado Feijóo.

Programa con los ayuntamientos

Otro de los puntos abordados durante la sesión ha sido el empleo, tanto por parte del portavoz socialista como de la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE). Precisamente en el turno de réplica a Yolanda Díaz, que ha asegurado que la gente a la que se le concede la Risga tarda una media de «siete meses» en recibirla, el presidente autonómico ha avanzado la puesta en marcha de un programa, en colaboración con los ayuntamientos, con el objetivo de insertar laboralmente a los que cobran esta prestación.

Este plan se pondrá en marcha, según ha avanzado, durante el próximo mes de mayo y estará dotado de tres millones de euros. El Ejecutivo trabaja con la previsión de que unas 500 personas con Risga puedan encontrar un empleo.