Trump rompe todos los contactos con Maduro y su equipo trabaja planes ofensivos

La reunión, revelada por The New York Times, cierra cualquier canal de comunicación con los interlocutores de Grenell en Caracas, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Como ya informó este diario, el propio Grenell se reunió en 2020 con Jorge Rodríguez en un intento de acercamiento entre Washington y el régimen bolivariano. Una fuente conocedora de la orden dada a Grenell afirma que sus gestiones con Maduro no han dado los resultados que Trump esperaba, sobre todo cooperación de la dictadura en frenar el narcotráfico.

La decisión pone fin a las gestiones que encabezaba Grenell, enviado especial de la Casa Blanca y actual director del Kennedy Center. Su papel dentro del gobierno de Trump siempre fue singular: asesor de confianza, amigo personal del presidente y figura con peso político propio. Llegó a sonar como posible secretario de Estado o para mediar en el conflicto de Ucrania, aunque nunca ocupó un cargo formal de gabinete. Desde esa posición intermedia, impulsó un diálogo cada vez menos discreto con el régimen venezolano que facilitó la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Caracas.

En enero, Grenell viajó en secreto a Venezuela y se reunió con el propio Maduro y con su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Las fotografías del encuentro —con apretones de manos y sonrisas en el Palacio de Miraflores— causaron incomodidad en Washington, donde altos funcionarios interpretaron el gesto como un reconocimiento implícito del régimen.

Esa línea de diálogo contaba con la oposición frontal de Marco Rubio, secretario de Estado y actual consejero de Seguridad Nacional, que ha sido uno de los mayores críticos del chavismo dentro del gobierno. Rubio se impuso en la pugna interna y logró el fin del experimento diplomático. Ha calificado a Maduro de «fugitivo de la justicia estadounidense» y «líder ilegítimo», y el Departamento de Justicia ha elevado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Durante la reunión del 2 de octubre, según el Times, Trump se mostró frustrado por la negativa de Maduro a dejar el poder y por su rechazo a las acusaciones de narcotráfico. Una portavoz de la Casa Blanca dijo este lunes a ABC que el presidente está dispuesto a usar «todos los elementos del poder estadounidense» para frenar el narcotráfico procedente de Venezuela.

Un día después, el 3 de octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó de un nuevo ataque militar estadounidense contra una embarcación en aguas internacionales frente a las costas venezolanas. Cuatro tripulantes murieron. Fue el cuarto ataque reconocido por el Pentágono contra supuestas narcolanchas vinculadas al régimen de Maduro.

Grenell había intentado evitar precisamente ese escenario. Durante meses, mantuvo conversaciones con Maduro para buscar un acuerdo que redujera la tensión y permitiera a empresas estadounidenses acceder al petróleo venezolano. En paralelo, Trump autorizó una extensión limitada de las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en el país, bajo el argumento de que la compañía debía recuperar deudas pendientes con el Estado venezolano.

Maduro, en una carta dirigida a Trump, negó las acusaciones de narcotráfico y propuso continuar el diálogo a través de la vía Grenell. Sin embargo, Rubio y sus aliados consideraron que esos contactos eran un error estratégico que generaba confusión y debilitaba la posición de Washington.

La semana anterior, la administración había notificado al Congreso que Estados Unidos se encontraba en un «conflicto armado formal» contra los cárteles de la droga, definidos como organizaciones terroristas. Esa comunicación, unida al fin de la vía diplomática, fue interpretada en el Capitolio como una señal inequívoca de que la Casa Blanca planea ampliar las operaciones militares.

Algunos funcionarios advirtieron de que Trump podría autorizar ataques contra objetivos de cárteles también en territorio mexicano, aunque por ahora no hay constancia de esa orden. Los mandos militares sostienen que todas las operaciones se han desarrollado en aguas internacionales.

El despliegue estadounidense en el Caribe, iniciado el mes pasado bajo órdenes directas de Trump, es ya una de las operaciones navales más extensas en décadas. Oficialmente, su propósito es combatir el narcotráfico y las llamadas «organizaciones terroristas transnacionales», pero en la práctica funciona como una demostración de fuerza frente a Caracas.

La operación está dirigida por el Comando Sur e integra buques de guerra, aviones de vigilancia y unidades de guardacostas. En las últimas semanas se han desplegado destructores clase Arleigh Burke, fragatas, patrulleras rápidas y aeronaves P-8 Poseidon de reconocimiento marítimo. La red de vigilancia cubre el arco que va desde las Antillas Mayores hasta el golfo de Paria, en la frontera marítima entre Trinidad y Venezuela.

Washington asegura que los ataques se dirigen contra embarcaciones vinculadas a cárteles y milicias que transportan droga hacia Centroamérica y la costa este de Estados Unidos. Trump, que describe la campaña como «la guerra prolongada contra el narcoterrorismo», ha insinuado que la operación entrará pronto en una «fase dos», sin detallar si incluirá incursiones en territorio venezolano.

Dentro del gobierno, los pocos defensores que quedan de la vía diplomática temen que una expansión de la ofensiva militar desemboque en una guerra abierta. Consideran que convertir la campaña antidroga en una operación de cambio de régimen contradice la promesa de Trump de mantener a Estados Unidos fuera de nuevos conflictos prolongados.