Trump convierte la imputación a Comey en símbolo de su purga al 'Estado profundo'

A Comey se le atribuyen los delitos de falso testimonio ante el Congreso —haber mentido en su declaración sobre la investigación del FBI a la campaña de Trump y sus vínculos con Rusia— y obstrucción al Congreso —supuestamente habría ocultado o manipulado información relevante durante ese mismo proceso de supervisión legislativa—. Ambos cargos podrían acarrearle una pena máxima de cinco años de cárcel.

Más que un proceso judicial ordinario, se trata del uso del aparato del Estado para saldar cuentas políticas. Trump, desde luego, lo niega. Este viernes, preguntado por la prensa, dijo que no sabía nada del caso. Pero unos días antes había publicado, y luego borrado, un mensaje en redes sociales en el que instaba a la fiscal general, Pam Bondi, a acelerar la designación de una nueva fiscal federal, que ha acabado haciéndose cargo de la acusación por la vía rápida.

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David Alandete

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La secuencia que llevó al caso ilustra la voluntad presidencial de intervenir en un terreno que, durante décadas, se consideró protegido de la presión política directa. Trump forzó la salida del fiscal del distrito Este de Virginia, que se había negado a presentar cargos contra Comey, y lo reemplazó por la colaboradora Allison Halligan. Esa sustitución abrió el camino para que un gran jurado aceptara la acusación.

La puesta en escena posterior fue inequívoca: Trump celebró la imputación en redes sociales como un triunfo propio, proclamando «JUSTICIA EN AMÉRICA» (sic) y llamando a Comey «sucio policía» y «destructor de vidas».

La operación contra Comey no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de represalias de Trump. El presidente ha retirado escoltas y credenciales a antiguos altos cargos que le resultaban incómodos. Ha despedido a fiscales que participaron en investigaciones sobre él o sus allegados y los ha sustituido por personas cuya lealtad personal prima sobre la independencia profesional.

En esa lógica se inscriben las investigaciones abiertas contra otros adversarios políticos, como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que ganó una demanda civil por fraude contra Trump, y el senador Adam Schiff, que dirigió su primer proceso de impeachment. El patrón es convertir el poder judicial en un campo de batalla política, donde el castigo a los rivales se traduce en expedientes abiertos, acusaciones públicas y la amenaza de cárcel.

Esa dinámica rompe con una tradición que presidentes anteriores, incluso en los momentos de mayor tensión, habían tratado de preservar: la relativa autonomía del Departamento de Justicia frente a la Casa Blanca. La llamada en Washington «muralla de independencia» nunca fue perfecta, pero servía para garantizar que la persecución penal no se percibiera como un arma de gobierno.

La administración Trump ha derribado esa muralla. Sus críticos lo comparan con el precedente de Watergate, cuando Richard Nixon usó los resortes del Estado contra sus enemigos, aunque entonces existía el intento de guardar las apariencias y aquel presidente acabó dimitiendo. Trump, en cambio, exhibe el carácter personal de su cruzada, como retribución por los casos abiertos en su contra.

Para él y sus seguidores, todo esto no es venganza, sino justicia: los mismos que lo investigaron y procesaron en el pasado ahora deben enfrentar las mismas consecuencias. La acusación contra Comey, más allá de su desenlace judicial, es ya de entrada una victoria simbólica para Trump. Ha conseguido que un gran jurado impute a un exdirector del FBI por cargos de falso testimonio sobre filtraciones a la prensa de la trama rusa.