Rusia ordena la búsqueda y captura de la juez del Tribunal Penal Internacional que emitió el arresto contra Putin

Se especifica que contra Akane fue abierta una causa penal el pasado 20 de marzo por solicitar el arresto de «un representante de un estado extranjero que goza de protección internacional, lo que complicará las relaciones a nivel mundial». Un expediente criminal similar fue abierto contra otros dos jueces, Sergio Gerardo Ugalde Godínez y Rosario Salvatore Aitala. El fiscal del TPI, Karim Ahmad Khan, también está perseguido por la Justicia rusa.

La orden de detención contra Putin se remonta al pasado 17 de marzo e incluía también a María Lvova-Belova, defensora de los Derechos de la Infancia en Rusia. Las autoridades rusas ya advirtieron entonces que los fallos del TPI «carecen de fuerza legal en Rusia y por tanto son nulos». El Kremlin niega que niños ucranianos hayan sido deportados por la fuerza y sostiene que fueron «evacuados» de zonas de combate para salvaguardar su seguridad. Kiev calcula que 16.000 menores fueron desplazados a territorio ruso en contra de su voluntad.

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El Kremlin ha desmentido constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.

Las órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.

La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente nula por varios motivos: la corte no puede atender casos 'in absentia' del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.