La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin

La orden del CPI, con sede en La Haya, contra Maria Lvova-Belova, se debe a que ha sido la encargada de supervisar esos traslados forzosos de miles de niños ucranianos a Rusia. El Kremlin no ha ocultado que ha llevado a cabo este tipo de acciones, sino que, bien al contrario, lo presenta como una campaña humanitaria para «proteger» a los huérfanos y niños abandonados en la zona de conflicto provocada por la invasión de territorio ucraniano.

El anuncio lo ha comunicado el fiscal Karim Khan, que ha reconocido también que la investigación se abrió formalmente hace un año.

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En su comunicado explicaba que en estas investigaciones han encontrado «motivos razonables» para acusar a Putin de crímenes de guerra, entre ellos las deportaciones ilegales. En concreto se dice que «los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022 y hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por estos crímenes». En su caso, siendo el presidete del país, se le reprocha que «no ejerció el control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los hechos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, en virtud de la responsabilidad superior» que detenta como jefe del Estado y comandante supremo.

El responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, que estaba en Macedonia del Norte, dijo que la decisión de la CPI «es sólo el comienzo del proceso para que Rusia y su máximo dirigente rindan cuentas por los crímenes y atrocidades que están cometiendo en Ucrania» porque en un caso como este «no puede haber impunidad».

Como era de esperar, la reacción de Moscú ha sido tajante. Dimitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha afirmado que la orden de arresto contra Putin no tiene valor legal porque Rusia no reconoce al tribunal. !«Rusia, como varios estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, sus decisiones son nulas y sin efecto».

Aunque es cierto que ni Rusia ni la propia Ucrania forman parte del tratado que creó ese tribunal, las autoridades ucranianas enviaron a La Haya en 2015 una declaración en la que otorgaban jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en su territorio, incluso si los cometen ciudadanos rusos o de otros estados. Todas las acciones que se le reprochan a Putin y a Lvova-Belova se han cometido en territorio ucraniano internacionalmente reconocido.

Normalmente, estas investigaciones se mantienen en secreto para proteger a las víctimas, pero en este caso la CPI asegura en su comunicado que los jueces han apreciado que la conducta criminal sigue produciéndose y que «el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, la Sala consideró que es de interés de la justicia autorizar a la Secretaría hacer pública la existencia de las órdenes de arresto, el nombre de los sospechosos, los delitos por los cuales se emiten las órdenes de arresto y las modalidades de responsabilidad».