de lejos
¿Por qué el 'lawfare' es una destructiva patraña populista?
La inevitable conclusión es que tratar al Estado de derecho como una cuestión partidista es la marca de una cultura política corroída
¿Por qué la democracia nunca se puede dar por descontada?
¿Por qué la megalomanía de Trump empieza a resultar tan siniestra?
A nadie se le debería pasar por alto que el primer juicio en EE.UU. contra el hijo de un presidente en ejercicio comenzó cuatro días después del primer veredicto de culpabilidad penal contra un expresidente. En los dos procesos con todas las ... garantías, jurados populares han cumplido con su obligación y han demostrado que, pese a todos los intentos de politizar la Justicia, o judicializar la Política, el imperio de la ley funciona sobre todo si se le deja funcionar.
En el caso de Donald Trump en Nueva York, el expresidente ha sido declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros contables. Durante la vista oral, el coro de gospel del 'lawfare' se ha quedado afónico repitiendo que se trataba de una conspiración política orquestada por Biden contra Trump, quien en su rentable victimismo no ha dudado en calificarse como «preso político» y de amenazar tanto al juez como al fiscal con casi mandarlos a Guantánamo.
El Puigdemont de Mar-a-Lago se ha visto acompañado por la ofendidita plana mayor del Partido Republicano, como si en Manhattan se estuviera volviendo a enjuiciar a Mandela. Sin importar que Trump no va a tener problema alguno para presentarse a las elecciones y que retenga la demencial opción de poder autoindultarse si gana en noviembre, como ya ha hecho con algunos de sus compinches.
En el caso de Hunter Biden en Delaware, por mentir sobre su adicción a las drogas al adquirir una pistola, la historia es muy diferente. El Partido Demócrata ha optado por la máxima discreción. La Casa Blanca no ha presionado a la Fiscalía. Nadie ha amenazado al magistrado que desestimó un acuerdo y ordenó un juicio. Y el presidente Biden ha dicho que no piensa indultar a su hijo, a pesar de enfrentarse a una pena máxima de 25 años de cárcel.
La inevitable conclusión de estos dos juicios, como ha explicado Edward Luce en el 'Financial Times', es que tratar al Estado de derecho como una cuestión partidista es la marca de una cultura política corroída.
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