La oposición venezolana denuncia detenciones y torturas contra menores

Diversos testigos denuncian que desde entonces no hay noticias de madre e hija; nadie sabe dónde se encuentran en estos momentos. Se teme que hayan desaparecido para aplicarles psicoterror con el propósito, marcado por la Policía chavista, de que delaten al padre de familia, Gerardo Leal, el motorista encargado de llevar a la líder opositora María Corina Machado en la campaña electoral en los Andes.

Alfredo Ramos, dirigente de la Causa R y exalcalde de Iribarren (estado de Lara), denuncia con contundencia el caso de Jackeline y de su hija Camila, a la que, pese a ser una menor de edad de solo 15 años, el Gobierno de Nicolás Maduro criminaliza y castiga por ser familiar de un opositor que colaboró en la campaña de Edmundo González y María Corina Machado.

En una conversación con ABC, Ramos cataloga los hechos como parte de las acciones de la llamada operación Tun Tun, la cadena represiva que persigue en las redes sociales a todos los políticos, voluntarios, ciudadanos comunes, y periodistas que se oponen y que han protestado contra el chavismo.

Ramos explica que las cárceles de los presos políticos o disidentes se han convertido en una suerte de campos de concentración. A los jóvenes «les rapan la cabeza, les golpean y torturan, les uniforman y les ponen a gritar cánticos de la revolución chavista para reeducarlos», explica. «Esto es fascismo puro. Maduro ejecutó un autogolpe y lo sostiene la cúpula militar corrupta», reitera, recordando que el ministro de Defensa, Vladímir Padrino, ha repetido en numerosas ocasiones durante las últimas semanas que el Ejército de Venezuela permanece al lado del líder chavista, a pesar de la creciente presión internacional para que el régimen muestre las actas electorales, gesto que pospone desde hace días.

El dirigente larense también explica que el régimen arremete contra los 'comanditos', nombre que reciben los testigos y miembros de mesa del comando de Edmundo González y María Corina Machado. «La Policía llega a la casa con una lista que les entrega el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto afecta a unos 90.000 de testigos. Los datos los tiene el CNE, con las credenciales de los testigos. Y no puede entregarlas. Esto es violación de la ley y crimen de lesa humanidad».

Los campos de concentración funcionan en los calabozos del Destacamento de la Guardia Nacional situados en la avenida Morán de Barquisimeto (estado de Lara), unos espacios siniestros donde «golpean a los jóvenes y adolescentes, les lavan el cerebro con arengas revolucionarias».

Ramos recuerda, además, que una compañera suya visitó a su hija, de solo 28 años, y que «no podía caminar de los golpes que recibió. Era testigo de una mesa electoral». También relata que los adolescentes y adultos detenidos son extorsionados. «La Policía pide dinero para liberarlos a razón de 1.500 dólares por persona».

La propia María Corina Machado denunció, a través de un mensaje en la red social X, del secuestro de la opositora María Oropeza. «Una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa, estado Granero, de Venezuela. Es la coordinadora del comando Con Venezuela en ese estado y ha hecho un trabajo extraordinario, uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado», relató. «El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra. ¡La secuestraron! Le pido a todos, dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata», reclamó también la líder opositora.

María Oropeza grabó por instagram el secuestro del que fue víctima en su casa. La operación Tun Tun, instigada por el chavismo, consiste en la persecución política contra los venezolanos que defienden que Edmundo González salió elegido como nuevo presidente de Venezuela por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio.

El 95% de los detenidos y secuestrados provienen de sectores sociales pobres, según afirmó el Foro Penal. La oenegé ha contabilizado, por ahora, 1.102 venezolanos privados de libertad después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, entre los cuales figura un centenar de menores.

Gonzalo Himiob, directivo de Foro Penal, insiste a ABC que en su lista hay registrados unos 100 adolescentes, y que la mayoría se encuentran recluidos en Cochecito, cerca de Coche, al oeste de Caracas.

Cochecito es un centro de reclusión de menores de edad. También están mezclados con adultos en la Zona 7, centro de detención del este de Caracas, y otra parte se encuentran en la cárcel de Puente Ayala, ubicada en Barcelona, Anzoátegui.

Himiob, de hecho, cuenta el caso de un joven de 17 años autista, que fue arrestado en Los Teques, frente a su casa. «No estaba protestando, sino que estaba mirando lo que pasaba a en la vereda de su casa». También señala que no puede revelar los nombres ni el contacto de los familiares de los menores detenidos porque basta que pregunte por las víctimas para que las autoridades lo dejen preso también. Es el caso del abogado del Foro, Kennedy Tejeda, en Carabobo, que por ir a preguntar por uno de los detenidos en esa zona fue arrestado.

El representante del Foro explica que los adolescentes detenidos han reportado que son golpeados, amenazados, torturados y humillados como terroristas y traidores.