Honduras se moviliza para acabar con el 'impuesto de guerra' de las pandillas

Cuando Xiomara Castro asumió el poder, el pasado mes febrero, el índice de homicidios, con 41,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Nacional de la Violencia de Honduras (ONV), era uno de los más elevados en Latinoamérica –solo por detrás de Venezuela–.La presidenta izquierdista, que sucedió en el cargo al conservador Juan Orlando Hernández (JOH), extraditado a EE.UU. por tres delitos vinculados con el narcotráfico y la posesión de armas, decidió entonces dar un giro a la política de seguridad del país, desmilitarizando la Policía, sustituyendo a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), creada por JOH, por la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Si bien sus medidas han logrado bajar el índice de homicidios este año –a 37,4 por cada 100.00 habitantes, según el ONV–, persisten y se han agravado otros delitos como el de la extorsión. De ahí que, en noviembre la presidenta declarara la emergencia nacional y anunciara la puesta en marcha del Plan Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos, con el que le declaró la guerra a la extorsión, así como la aplicación de un estado de excepción, con la consiguiente suspensión de garantías constitucionales, durante 30 días.

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La extorsión, conocida en el argot criminal como el 'impuesto de guerra', es exigida por las pandillas –principalmente Barrio 18 (B-18) y la Mara Salvatrucha (MS-13)– a empresarios, pequeños negocios y civiles con el fin de nutrir sus arcas para pagar sueldos a sus miembros y financiar actos criminales. Uno de los sectores más afectados por este 'impuesto de guerra' es el de los transportistas, que tan solo dos días antes del anuncio de este plan salió a las calles exigiendo al Gobierno que tomara medidas.

La extorsión recauda al año en Honduras alrededor de 18.270 millones de lempiras (más de 700 millones de euros), equivalente al 3% del PIB y al 16% de la recaudación fiscal de 2022, según una investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Elaborada por Andreas R. Daugaard, Edgar Aguilar y Juan Martínez d'Aubuisson, muestra que en lugar de ralentizarse esta actividad con la pandemia, ha seguido aumentando. La extorsión, práctica habitual en todo el Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Nicaragua), afecta al 9% de la población hondureña, lo que se traduce en que casi 850.000 personas son víctimas de este delito, que solo es denunciado por un 1% de la población. Según los datos obtenidos para esta investigación, cada una de estas víctimas tiene que pagar anualmente un promedio de 87.427 lempiras (unos 3.400 euros).

Este dinero es recaudado de diferentes maneras, que se han ido diversificando y modernizando con el tiempo con el objetivo de que la actividad criminal sea más difícil de detectar y probar ante la Justicia. Entre los métodos de extorsión se encuentran la compra forzosa de bienes y servicios donde las víctimas son obligadas a adquirir rifas clandestinas y comidas, pagos por lavado de coches en establecimientos que controlan las pandillas, «muchas veces a precios elevados para ocultar la extorsión», señala el estudio; también se han obtenido testimonios de trabajadoras del sexo que son obligadas por las pandillas a vender droga. A su vez se mantienen algunas formas ya históricas de recaudar dinero, desde las mismas prisiones, a pesar del bloqueo de las comunicaciones de los presos al exterior de los penales, poco efectivo.

Para evitar ser capturadas, las pandillas o maras, como se las conoce en Latinoamérica, se han sumado al carro de las nuevas tecnologías que les permiten reducir el riesgo de detenciones. Así en sus actividades de extorsión han incorporado los pagos mediante depósitos digitales, pagos en línea, transferencias de banco y billeteras electrónicas.

Un informe de ASJ de 2021 estimaba que los miembros de pandillas que se movían por Honduras ascendía a más de 15.000, principalmente distribuidos en las dos más importantes, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, pero no son las únicas. También hay otros grupos criminales más pequeños que atienden a los nombres de los Tercereños, los Olanchanos, los Vatos Locos, los Casa Blanca, el Combo que no se deja, los Benjamines…Todas estas bandas están implantadas en las principales ciudades de Honduras y las regiones más pobladas, con mayores flujos migratorios y comunidades urbanas más marginadas. El estado de excepción, que comenzó la semana pasada, se implantó en un centenar de barrios y colonias donde tienen mayor presencia las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

Una medida que recuerda a la tomada el pasado mes de marzo en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, que de momento se ha saldado con la captura de casi 60.000 personas, que ha sido muy cuestionada por ONG ante la «violación sistemática de los derechos humanos» y que alertan de una 'bukelización' de las medidas en lucha contra la violencia en la región. «Una política efectiva de seguridad no se basa en suspender derechos fundamentales, sino en investigación y procesos penales para desmantelar las pandillas y sus fuentes de financiación, y en prevenir, con oportunidades económicas y educativas, el reclutamiento de jóvenes», señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

Sin embargo, para el periodista y antropólogo salvadoreño, Juan Martínez d'Aubuisson, experto en pandillas y que ha realizado trabajos etnográficos en la ciudad de San Pedro Sula, importante centro de poder de la MS-13, considera que el Gobierno de Castro «no está tratando de copiar la misma estrategia de Bukele». Lo que está imitando es «el hecho de tener una narrativa sólida contra las bandas», explica a ABC. «Honduras no puede desarrollar la misma estrategia», subraya, «pues la fauna criminal hondureña no es ni por asomo similar a la de El Salvador. De entrada, porque el origen de las mafias de origen pandillero –Barrio 18 y MS-13– se focalizan en las dos grandes ciudades y en algunas de la costa; por otra parte, hay una multiplicidad de grupos muy difícil de enumerar –explica–. Solo el barrio donde yo hice etnografía (la Rivera Hernández, en San Pedro Sula) durante varios años tiene entre 8 y 11 pandillas. En Tegucigalpa sucede lo mismo».

«En Honduras existe una cultura de la extorsión: se hace en empresas, de vecino a vecinos, en los colegios... Y hay muchos imitadores»

Juan Martínez d'Aubuisson

Periodista y antropólogo salvadoreño

D'Aubuisson, periodista perseguido por el Gobierno de Bukele por sus informaciones sobre las pandillas, lamenta que en Honduras, quizá a diferencia de otros países, la extorsión se haya convertido en algo «que ya no solo es propiedad de las mafias, de las pandillas, hay mucha extorsión que responde a microgrupos, incluso hay individuos. Está muy democratizada. Se hace en las empresas, de vecino a vecino, en las escuelas…». También se refiere a los «muchísimos» imitadores que utilizan el miedo para extorsionar. «Se está convirtiendo en un problema cultural».

Los vínculos de estos grupos con la política son claros. El periodista salvadoreño destaca cómo la fuerza del Estado, cuando estaba al frente del Gobierno el presidente Juan Orlando Hernández, «estableció una estrategia –muchos funcionarios me lo han confirmado– que era la de apostar a un ganador, y esa fue la MS-13, para que fuera la que tuviera el control y extinguiera a otros grupos, algo que ha hecho con gran apoyo estatal. De hecho –continúa–, su máximo líder (Porky) se fugó de la cárcel en condiciones muy sospechosas», afirma d'Aubuisson. «A diversos niveles se han hecho pactos con la MS-13», insiste.

Enfocado en frenar los delitos de extorsión, este estado de excepción no tendría, según d'Aubuisson, como fin perseguir, «una vez más», a la MS-13, «que hace tiempo que dejó de dedicarse a esto, sino en otros grupos como Barrio 18 y bandas más pequeñas».

Pero la presidenta Castro parece querer ir más lejos. Según el anuncio el pasado 24 de noviembre, al presentar el nuevo plan contra la extorsión, los objetivos de este son más ambiciosos: detener a los 'delincuentes de cuello blanco' que están detrás de las extorsiones y que se han consolidado en la última década, convirtiéndose en «un cartel que permeó las instituciones y las estructuras militares y policiales elevando sin límites la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales», denunció Castro.

Para d'Aubuisson, este señalamiento por parte de la mandataria es «propaganda y publicidad, y una forma de barrer estructuras anteriores que aún están enquistadas, que nacieron en la época de JOH. Lo que no veo es un Estado retomando el territorio, sino desplazando competencias y a otros estamentos de poder, lo mismo que está sucediendo en El Salvador».

La implantación de este nuevo plan contra la extorsión es, en opinión de la periodista de investigación hondureña Wendy Funes, la respuesta a la campaña en los medios en los que se ha venido denunciando un incremento de estos delitos, aunque ella insiste en que en Honduras siempre ha existido. Según Funes, estas informaciones también serían la consecuencia de un intento, «por parte de los militares de querer desestabilizar la seguridad en el país, haciéndose pasar en ocasiones por extorsionadores para incrementar la percepción de inseguridad, según han apuntado algunas fuentes policiales». Esto estaría relacionado con el malestar del estamento militar al ser retirado de las labores de seguridad pública, al contrario de lo que ha sucedido en otros países, como México y El Salvador, que la ha militarizado.

«Si no se va a por delincuentes de cuello blanco, el plan no tendrá eficacia, pues detendrán a un montón de mareros, mientras que los cerebros de la extorsión van a seguir libres»

Wendy Funes

Periodista de investigación hondureña

«En Honduras ha sido incontrolable la extorsión», subraya a ABC la periodista hondureña que en 2018 recorrió el país y pudo comprobar que en todos los lugares que visitaba la situación era recurrente. «Este delito ha sido un gran problema en los últimos años porque ha financiado las estructuras de la narcopolítica en el país». Sobre la detención de pandilleros y 'cabecillas de cuello blanco'», afirma que si se consigue, «va a eliminar el delito porque este está controlado por políticos, que mantienen pactos con la MS-13», algunos de los cuales se han mantenido a día de hoy «con alcaldías en el país». «Si no se va a por delincuentes de cuello blanco, este delito no desaparecerá y el plan no tendrá eficacia –subraya–, pues detendrán a un montón de mareros, mientras que los cerebros de la extorsión van a seguir libres».

Esto lleva a Funes a cuestionar si este estado de excepción «que se está desarrollando en las colonias con mayor pobreza», tendrá efectividad, «pues no ataca a las de clase media o alta donde están los cerebros, los delincuentes de cuello blanco. Parece que el estado de excepción va encaminado a los 'mandaderos', que ejecutan el sicariato y otras actividades».