Ver, oír y callar: Bukele impone la ley del silencio en El Salvador

Hoy El Salvador vive bajo un estado de excepción debido a esa violencia. Impuesto el 27 de marzo tras registrarse el día anterior 62 asesinatos, la mayor cifra desde el fin de la guerra civil, en 1992, la medida, que sustrae a los ciudadanos algunos de sus derechos fundamentales, ha sido prolongada 30 días más. Desde su implantación, las fuerzas de seguridad han detenido –sin orden judicial– a casi 28.000 personas, según informó en Twitter el propio Bukele este martes, arrestados a los que el mandatario ha calificado como «terroristas».

Pocos días después de imponer el estado de excepción, el Parlamento, controlado por el partido de Bukele tras su victoria en las legislativas del año pasado, aprobaba una ley que persigue y criminaliza a medios de comunicación y periodistas que escriban sobre las pandillas. Esta medida ha obligado a media docena de informadores, que han desvelado temas sensibles que salpican al actual Ejecutivo, a abandonar el país tras ser señalados y amenazados a través de las redes sociales por miembros del Gobierno, simpatizantes de Bukele e incluso por el propio presidente.

Uno de estos periodistas es Juan José Martínez d’Aubuisson (El Salvador, 1986). El también antropólogo es autor, junto a su hermano Óscar Martínez, del libro ‘El niño de Hollywood . Cómo Estados Unidos y El Salvador moldearon a un sicario de la Mara Salvatrucha’ (Debate) y responsable del título ‘Ver, oír y callar ’ (en referencia a la ley del silencio que imponen las pandillas en el seno de sus organizaciones), publicado en España por la editorial Pepitas de calabaza. Este último recoge el año que convivió con miembros de la Mara Salvatrucha.

Para el antropólogo aquellos meses supusieron «un trabajo etnográfico y mi trabajo de grado. En ese momento no me satisfacía del todo los trabajos académicos que se habían elaborado alrededor de las pandillas», explica Martínez d’Aubuisson a ABC a través de zoom sobre el motivo que le llevó a vivir aquella experiencia. «Me parecían muy respetables, pero en su mayoría eran de corte sociológico, cuyo método habían sido las encuestas masivas... Lo que no estaba claro eran otras cosas que no están cubiertas por las estadísticas, como las normas, valores y las concepciones profundas que orientan a los individuos a comportarse de una manera muy concreta, en este caso de manera muy violenta entre sí y para con la sociedad a la cual yo pertenezco. Esa es la herramienta que aporta la antropología, la convivencia prolongada y sistemática con los sujetos que pretendemos entender, sobre todo si los quieres entender de manera profunda», argumenta.

Prohibido en su país, este ‘cuaderno de campo’, como lo llama Martínez d’Aubuisson, le ha puesto en el punto de mira de Bukele, que llegó a insultarle públicamente, llamándole «basura», en su cuenta de Twitter. Días después, el antropólogo salía de El Salvador y se refugiaba en otro país centroamericano.

«Ha surgido una ley ‘mordaza’ que prohíbe o criminaliza con entre 10 y 15 años la reproducción o la elaboración de cualquier documento que tenga como fuente a las pandillas». Una ley, que, según Martínez d’Aubuisson, es «bastante ambigua y está diseñada para que el régimen, y concretamente el presidente Bukele, sea quien decida cuando algo transgrede o no la ley. Han creado un arma, y ellos decidirán cuándo disparar», subraya. «Por el momento, si nos ajustamos al pie de la letra, ese libro estará prohibido pues el 98% de la información proviene de pandilleros».

Esta deriva de Bukele contra la prensa no es nueva. Empezó mucho antes de que llegara a la Presidencia. «Cuando era alcalde de San Salvador ya empezaron sus malas relaciones», recuerda. El enconamiento de estas ahora se debe, en opinión de Martínez d’Aubuisson, a que este Gobierno, a diferencia de los anteriores y de los que le rodean, «apuesta por mantener una narrativa». El antropólogo se retrotrae a los orígenes del presidente, que con apenas 20 años trabajaba en márketing.

«Si algo es Bukele, es que es un excelente vendedor», subraya. Un vendedor que ha logrado alcanzar la cima del poder, un poder que se sostiene sobre un pilar central «que es la narrativa del héroe» . El hoy presidente se presentó ante el país «como un joven que se enfrenta a los viejos partidos de la Guerra Fría (el FMLN y Arena) y a su estructura criminal, y que poco a poco ha ido logrando el apoyo del pueblo salvadoreño derrotando a los corruptos, la pobreza, a las pandillas...». Entre los enemigos de esta narrativa están los periodistas, los analistas, los académicos... que desmontan este relato, lo que ha llevado a Bukele a emprende una cruzada contra ellos, creando sus propios medios de comunicación y estableciendo «todo un engranaje de líderes de opinión afines al bukelismo, pagados por él. Hay todo un sistema abrumador de propaganda estatal», detalla.

El presidente de la Asociación de periodistas del Salvador (APES), César Castro Fagoaga, certifica el mal momento que atraviesa la información en su país: «En la actualidad hay una cruzada declarada contra la prensa y contra cualquier expresión de periodismo de investigación. Estamos bastante preocupados por el trato que se está dando desde la actual Administración a la libertad de expresión», explica a ABC. «El periodismo, ahora mismo, incluso

desde antes, ha mostrado diversos casos de corrupción y actos incluso de gobernantes con criminales en las últimas dos décadas. Ese trabajo ha sido similar en los últimos tres años, en el Gobierno de Bukele, pero a diferencia de antes, aunque nunca ha sido fácil hacer periodismo en este país, ahora sí vemos una intención de amordazar cualquier expresión periodística que se atreva a señalar la cara más corrupta o criminal del actual Gobierno».  Castro denuncia el cierre del espacio cívico, la eliminación de herramientas que estaban al servicio de la sociedad y de los medios de comunicación, el bloqueo sistemático y  el ocultamiento de información, así como la construcción, por parte de este Ejecutivo, «de un discurso bien armado que busca crear una narrativa de odio para equiparar a los periodistas con pandilleros o delincuentes».

Durante los últimos dos años, varios informadores también han sido víctimas de espionaje a través del software de vigilancia de la empresa Pegasus. «Tenemos cuatro casos confirmados», detalla Castro.

Editor en medios como ‘El faro’ o ‘Factum’ , quizá los más perseguidos por la Administración Bukele, Castro cree que tras la aprobación de la ‘ley mordaza’, que busca criminalizar a los reporteros, la situación todavía «va a ir a peor por el trabajo que hacen  los medios de comunicación [en El Salvador], que es dar a conocer la realidad: que el poder ha pactado con delincuentes, que el Gobierno ha dilapidado los pocos recursos que tiene el país».  

Para Castro tanto la ‘ley mordaza’ como el régimen de excepción decretado por el Gobierno de Bukele tiene un objetivo principal: «Controlar la libertad de expresión y a todos aquellos que se atrevan a disentir».

El presidente de la APES confirma la salida del país de «seis periodistas, pero saldrán más», en el momento de esta conversación, así como la existencia de una lista de nombres de informadores especializados en maras que está monitorizando para asegurarse de que se encuentran a salvo.

La represión que sufre la libertad de expresión en El Salvador se asemeja a otros países de la región, como Nicaragua; o el continente, como Cuba y Venezuela. «Lo que asusta es que aquí vamos corriendo a esa realidad. Lo que en otros países llevó una década, aquí ha tomado dos o tres años».

¿Quién puede proteger a la prensa en El Salvador? «Espero que la sociedad entienda que esto al final va a perjudicarlos. De momento nuestra alternativa es seguir denunciando».

Uno de los temas más calientes de la narrativa que defiende Bukele es el de las pandillas y las negociaciones o no con su Gobierno (otros presidentes antes que él lo hicieron y los persiguió legalmente ). No deja de ser «curioso» que el actual presidente se enterara de esas negociaciones a través de las investigaciones de los mismos periodistas que ahora persigue. «Las realizaron mis hermanos, Óscar y Carlos, que trabajan en ‘El faro’, y yo también». El Gobierno del FMLN, que presidía Mauricio Funes , ofreció 10 millones de dólares a las pandillas «a cambio de apoyo político» en las elecciones de 2014, que ganó Salvador Sánchez Cerén . «Investigaciones que Bukele utilizó durante su campaña, acusándoles de criminales por negociar», confirma el antropólogo.

Ese periodismo, independiente, ha demostrado ahora también la existencia de conversaciones del actual presidente con las pandillas,

«y eso le rompe la narrativa [a Bukele]. Y por eso la ofensiva es tan brutal y tan rápida contra nosotros», afirma Martínez d’Aubuisson, que señala que los informadores llevan enfrentándose a agresiones desde hace varios años, «pero ya estamos en el punto en que una de las opciones para proteger no sólo la libertad, sino la integridad y la vida es la de salir».

La persecución contra Martínez d’Aubuisson se remonta al año 2020, «cuando tuve un evento de violencia. Me atacaron y me quitaron el teléfono. Días después, confirmaron desde el seno del Gobierno de Bukele que eso se había fraguado ahí. Cuando denuncié el ataque, la lógica de los funcionarios y del mismo presidente Bukele fue llamarme drogadicto y mentiroso», recuerda.

El antropólogo confiesa que desde la llegada al poder de este mandatario, el más joven de la historia reciente de El Salvador, su trayectoria profesional como periodista e investigador ha sido muy complicada. La última muestra de este hostigamiento son los «ataques sistemáticos» que ha recibido por parte de varios ministros, el responsable de centros penales, así como líderes de opinión afines al presidente, «que han solicitado al fiscal de El Salvador –impuesto por el propio Bukele– que me abra una investigación y que me meta preso».

A esto se suma el acoso constante de troles en las redes sociales –«una de las estrategias de comunicación más importantes de Bukele»–, lanzando amenazas de desaparición  y muerte contra él y su familia. «En ese contexto es muy difícil desarrollar mi trabajo en El Salvador», denuncia. A pesar de todo esto,  Martínez d’Aubuisson se mantiene firme y asegura que continuará escribiendo sobre las pandillas. «Que no le quepa la menor duda. En estos momentos estoy escribiendo piezas sobre el rompecabezas que se está fraguando en El Salvador, pero no solo yo...», deja caer.

Con ello se refiere a otros compañeros periodistas, «casi hermanos», que, como él, han tenido que abandonar el país. Es el caso del reportero vasco, afincado en El Salvador desde hace dos décadas, Roberto Valencia , autor, entre otros, del libro ‘Carta desde Zacatraz’ (Libros del K.O.), que presentó en España en noviembre de 2018 , y por el que también ha sido perseguido en las redes sociales recientemente, además de por sus exhaustivos trabajos sobre las pandillas y la gestión de la actual Administración.

Valencia, que también se ha exiliado a otro país centroamericano y que, de momento, ha preferido no conceder entrevistas, tiene claro qué es lo que hay detrás de esta ley ‘mordaza’ impuesta por este Gobierno. Un día después de su aprobación, el periodista colgaba esto en su cuenta de Twitter: «Parece que hay alguien muy interesado en que los pandilleros no den a conocer su versión del diálogo (y/o negociación) que mantuvieron con el Gobierno actual ».

Como Martínez d’Aubuisson, Valencia no está dispuesto a tirar la toalla a pesar de la persecución. «El movimiento se demuestra andando», escribió en las redes sociales coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Días antes, el pasado 29 de abril, el investigador había publicado ya en la versión digital de la BBC una entrevista con líderes del Barrio 18, quienes confirmaban que mantenían un diálogo con el Gobierno de Bukele y negaban su participación en los asesinatos del fin de semana del 25 al 27 de marzo, que sumaron un total de 87 muertos (solo el día 26 se produjeron 62).

Tras negar Barrio-18 su implicación en estas muertes, todo apuntaba a que la responsable había sido la Mara Salvatrucha, «la más grande y la mejor estructurada» de El Salvador, y otro de los interlocutores con el que presuntamente se ha reunido el Gobierno de Bukele. «Los líderes de la M-13 son los que llevan la voz cantante», sostiene Martínez d’Aubuisson.

El récord de homicidios ese fin de semana rompíó de nuevo la narrativa de Bukele –ya hubo otros dos picos de asesinatos en 2020 y 2021– sobre el éxito de la implementación de su Plan de control territorial. La respuesta del presidente fue declarar el estado de excepción durante 30 días, que ha ampliado otro mes más.

Durante los primeros 46 días del estado de excepción fueron detenidas –sin orden judicial– 27.831 personas , según  detalló el propio Bukele este martes a través de su cuenta de Twitter, arrestados a los que calificó como «terroristas». Entre ellos había pandilleros, expandilleros, estudiantes y civiles ajenos a las maras, según la avalancha de denuncias que recorren las redes sociales. «Hay madres que acompañan a sus hijos  por la calle para que no los detengan», señala Martínez d’Aubuisson. «Creo que muy pocos son pandilleros, tal vez un par de miles. Pero lo que sí le puedo asegurar es que lo que tienen en común los detenidos es que son todos pobres».

Numerosas han sido las voces que han criticado duramente la medidas llevadas a cabo por Bukele. La ONG Human Rights Watch (HRW) publicaba esta semana un informe en el que denunciaba detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y muertes bajo custodia. «Durante los primeros 30 días del régimen de excepción promovido por Bukele, hemos documentado evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración, así como casos alarmantes de muertes bajo custodia», expresa Tamara Taraciuk Broner , directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. Según las entrevistas recabadas, en la mayoría de los casos, los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad «no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos». El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, reconocía la muerte de al menos once personas mientras estaban en custodia.

En declaraciones a ABC, Juan Pappier , investigador sénior de la División de las Américas de HRW, subraya que si bien el Gobierno de El Salvador tiene la obligación de proteger a la población de la brutal violencia de las pandillas en el país. «En lugar de ello, ha puesto en riesgo los derechos de los salvadoreños con un abusivo régimen de excepción y ha acosado a los periodistas que se dedican a investigar estos grupos criminales». En opinión de Pappier, «Nayib Bukele ha desmantelado las instituciones democráticas en El Salvador en tiempo récord. En tres años ha logrado lo que Hugo Chávez logró en 10 años en Venezuela. Si la comunidad internacional no reacciona, la democracia y la libertad de expresión en El Salvador pueden quedar heridas de muerte.»

El miércoles, Amnistía Internacional lanzó también una «acción urgente» para pedir al presidente salvadoreño que pusiera «fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el contexto del régimen de excepción».