El «falso dilema» de Bukele en El Salvador: ¿paz o derechos humanos?

Después de su llegada al poder, en febrero de 2019, Bukele emprendió una guerra contra las pandillas para acabar con los asesinatos (El Salvador tenía uno de los índices más elevados del continente), desapariciones, extorsiones y violaciones por parte de grupos criminales que durante años se han convertido en un contrapoder del Estado.

Con sus políticas de seguridad (la puesta en marcha del Plan de Control Territorial), el Gobierno ha buscado recuperar el control de las zonas dominadas principalmente por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Objetivo logrado, según Bukele, tras el despliegue la semana pasada de 10.000 efectivos en Soyapango, un barrio de la capital.

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A este plan, el presidente sumó este año la medida quizá más controvertida de su mandato: el establecimiento el pasado 27 de marzo del régimen de excepción -tras un fin de semana sangriento que dejó casi 90 muertos a manos de las pandillas-. Esto le permitió al Gobierno suspender libertades constitucionales -entrar a las casas sin orden judicial y realizar detenciones sin pruebas-. Una medida que el Parlamento, con mayoría oficialista, ha ido prorrogando cada mes y que ha llevado ya a la captura de casi 60.000 personas (triplicando la población carcelaria), entre las que se encuentran al menos 1.600 menores (tres días después de implantar el régimen de emergencia se redujo la edad penal de 16 a 12 años de edad). De ese total, 51.000 personas estarían todavía en prisión preventiva, cuando por ley solo pueden ser retenidos sin juicio seis meses, (de no realizarse se amplía la prisión provisional otros seis meses).

Estas son algunas de los vulneraciones denunciadas esta semana por la organización Human Rights Watch (HRW) y la ONG salvadoreña Cristosal, que el pasado miércoles presentaron un informe en el que constatan, tras decenas de entrevistas a fiscales, jueces, a algunas de las pocas personas liberadas y a familiares de detenidos, «abusos generalizados por parte de las fuerzas de seguridad», según señaló en rueda de prensa Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW.

«Existe una violación sistemática de los derechos humanos», enfatizó a continuación Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, para luego referirse a las miles de detenciones arbitrarias que se han producido en el país, «sin evidencia y sin órdenes judiciales»; a las desapariciones forzadas, las torturas, los cientos de capturas de personas «que no tienen vínculos con pandillas ni con ningún tipo de crimen»; la restricción del acceso a «abogados de confianza»; las vistas judiciales masivas, «a más de 500 personas y de manera virtual», así como la falta de protocolos «para identificar las causas de las muertes en custodia», al menos 90, según varias ONG.

Tras reconocer el problema histórico que suponen las pandillas en el país -«en El Salvador han existido graves casos de violencia por el flagelo de las maras»- y en respuesta a la campaña emprendida por Bukele y su Gobierno de acoso y «estigmatización» contra las organizaciones civiles que denuncian los abusos de su plan se seguridad, Goebertus acusó al presidente salvadoreño de crear un «falso dilema: seguridad versus derechos humanos». En su opinión, para resolver realmente el problema «es necesaria una política efectiva para desmantelar a las pandillas, pero la política de Bukele no es sostenible y puede generar nuevos tipos de violencia y graves violaciones de derechos humanos», alertó Goebertus, que también ha cuestionado la implantación, el pasado martes, del estado de excepción en Honduras para acabar con la extorsión de las pandillas.

La respuesta del presidente Bukele ante la publicación del informe de HRW y Cristosal, recogido por numerosos medios internacionales, no se hizo esperar. «¿Han notado como los grandes medios y las ONG han arreciado sus ataques en los últimos días? Aquí está la razón. No es que les interese El Salvador (nunca les interesó), su temor es que tengamos éxito, porque otros gobiernos querrán imitarlo. Temen al poder del ejemplo», se jactó en Twitter.

El mandatario contestaba así a un tuit de Tamara Taraciuk, criticando su política de seguridad: «Es un riesgo imitar el modelo Bukele. Los gobiernos latinoamericanos no deberían cegarse con la popularidad de Bukele [supera el 85%] porque la historia muestra que las políticas de mano dura a la larga no sirven para mejorar la inseguridad».

«Bukele ha vendido la idea de que los derechos humanos eran un obstáculo para la paz, y la sociedad lo ha comprado. Elijan: quieren democracia o maras. Y eso es falso»

Juan Martínez d'Aubuisson

Periodista y antropólogo salvadoreño

Para el periodista de investigación y antropólogo salvadoreño Juan Martínez d'Aubuisson, es un hecho que Bukele ha logrado «aplastar» a las pandillas en El Salvador, pero no lo califica de éxito para el país «pues no es el Estado recuperando el terreno perdido, es el desplazamiento de una forma criminal por un Estado fuertemente infiltrado por otra forma criminal más eficiente», explica a ABC.

En cuanto al gran apoyo del que goza el presidente en esta campaña represiva, este sería, en opinión de d'Aubuisson, consecuencia de la narrativa empleada por Bukele: «Él ha vendido la idea de que los derechos humanos eran un obstáculo para la paz, y la sociedad lo ha comprado. Elijan: quieren democracia o maras. Y eso es falso. Se pueden tener ambas cosas: muchos países las tienen», sentencia el periodista y antropólogo.